Cuando los proyectos urbanos se diseñan sin participación de los residentes, estos últimos migran hacia las periferias tanto por la demolición como por el cambio de funcionalidad y aumento de costo del suelo, que se vuelve insostenible para los antiguos moradores.
Por eso, los procesos urbanos que no incluyen a la ciudadanía potencian la segregación y van en contra de la misma productividad, según lo determina una investigación que involucra hábitat, renovación urbana y globalización.
El estudio fue adelantado por la geógrafa Ángela Milena Niño Mendieta, candidata a magíster en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien evidenció que la política de renovación urbana en Bogotá ha tenido un sesgo que satisface más las necesidades globales que las de sus habitantes.
“Lo ideal es que la ciudad, además de a la productividad y la competitividad, le apueste más a la habitabilidad, partiendo del reconocimiento de lo local, como las prácticas productivas y culturales de la zona, además de sus problemáticas urgentes”.
Tras una revisión conceptual y normativa, la investigadora incluyó un estudio de caso en el barrio San Bernardo –al sur de Bogotá– y el plan de renovación que se ejecuta allí, el cual configura un proceso interesante que empieza a cambiar esa perspectiva solo en función de un mercado global, con proyectos no habituales en estos procesos como la inclusión de la vivienda social.
Dicho proyecto colinda con zonas en las que se ha borrado todo lo que existía y se han mostrado nuevas propuestas urbanas, como el Parque Metropolitano Tercer Milenio (antiguo Cartucho).
Sin embargo, estas inversiones se quedan cortas para la recomposición social esperada. Problemáticas de mafias, microtráfico y habitantes de calle, entre otras, persisten y no se han abordado con medidas de fondo para su recomposición.
En San Bernardo se identificaron potencialidades de participación de los residentes dentro del proyecto y se buscaron alternativas para pensar cómo se pueden aportar elementos para la sostenibilidad de las intervenciones urbanas, la recomposición social y el fortalecimiento de la identidad, teniendo en cuenta la memoria de los lugares, los quehaceres locales –como los de los sobanderos– y el patrimonio inmaterial existente.
Protección a moradores
Teniendo en cuenta las bases de ordenamiento para la política de renovación urbana (desde 1979), la primera formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) (2000) y el decreto vigente (formulado en 2004), solo hasta 2007 se ve un interés concreto de incluir a los ciudadanos en los procesos de ordenamiento, con la promulgación del Sistema Distrital de Participación Ciudadana (Decreto 448).
En 2014 se emite normatividad específica para avanzar en dichos procesos de participación, con la formulación de los incentivos para protección a moradores. Por otro lado, la especialista en Sistemas de Información Geográfica señala que con el POT vigente se plantea una ciudad competitiva y productiva.
Con el Decreto 190 de 2004 se propuso generar una red de ciudades, en donde Bogotá, el centro metropolitano y sus centralidades principales fueran puntos de conexión que ofrecieran los servicios más especializados de la región, en sintonía con las demandas internacionales para insertarse en una economía global. También se habla de mejorar los sistemas de transporte a escala metropolitana, entre otras acciones que buscan atraer la inversión privada y extranjera.
Con ese afán, se han dejado de lado temas como la calidad de vida y las problemáticas locales que, con el paso del tiempo, se van agudizando. La elitización, gentrificación, segregación socioespacial y el aumento de la inequidad son algunas consecuencias.
Mientras que una ciudad habitable demanda condiciones de empleo formal, espacio público, recreación y bienestar social para todos, en la capital colombiana van ganando terreno la inseguridad, el aumento de habitantes de calle (de 8.385 en 2007 se pasó a 9.538 en 2017) y el deterioro físico y social en los lugares que no responden a la lógica predominante.
Pese a que la ciudadanía había logrado que los procesos de renovación urbana le dieran prioridad a la permanencia de los habitantes existentes en los proyectos, hoy se evidencia incertidumbre frente al proceso de revisión del POT y las directrices para la renovación urbana.
Con esta investigación, dirigida por el profesor Carlos Mario Yory García, de la UNAL Sede Bogotá, se propusieron consideraciones enfocadas en reorientar la política de renovación urbana, la gestión social y la construcción social del hábitat, pues “la habitabilidad es el motor para la competitividad y la productividad”, señala el docente.
Aunque el estudio se realizó en Bogotá, puede convertirse en un punto de partida para repensar procesos de renovación urbana en otras ciudades.
Agencia de Noticias UN
