América Latina está a las puertas de un año transcendental en múltiples frentes. Por un lado, elecciones nacionales importantes en seis países, incluidos tres de los más grandes de la región —Brasil, México y Colombia— se perfilan a cambiar el escenario político de la región. Paralelamente, la agenda económica es el centro y enfoque de los esfuerzos de los países para superar desequilibrios, implementar reformas y acelerar el crecimiento. En este contexto, se está gestando un importante movimiento feminista después de un año caracterizado por debates acerca de la igualdad de género, con repercusiones cruciales tanto en el ámbito político como económico.
¿Cuál es la conexión entre esos acontecimientos?
Las incertidumbres políticas pueden afectar la economía, ya que por lo general ponen freno a la inversión extranjera, y ocasionan la devaluación de las monedas nacionales y el aumento de las tasas de interés. Por otro lado, el fomento de la igualdad de género refuerza la resiliencia económica y promueve el crecimiento y, como se describe en el Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, también es fundamental para el logro de resultados en materia de desarrollo.
En las últimas décadas, los países de América Latina han logrado grandes avances hacia la reducción de las desigualdades de género. Las mujeres han logrado una mayor participación en el mercado laboral y en el acceso a la salud. En la actualidad, las mujeres superan a los hombres en años de escolaridad y en las tasas de esperanza de vida. También ha aumentado la participación de las mujeres en la política. A pesar de estos avances, todavía persiste una amplia brecha de género. Según el Informe Global de la Brecha de Género, la región aún precisa cerrar una brecha de género del 29,8 %, lo que puede llevar otros 79 años.
Las cifras son un triste recordatorio de que, a pesar de constituir alrededor del 50 % de la población de la región, las mujeres conforman el 41 % de la fuerza laboral y ganan, en promedio, 16 % menos que los hombres. Asimismo, la segregación ocupacional sigue siendo elevada y un mejor rendimiento académico no ha resultado en trabajos mejor remunerados para las mujeres. En efecto, la disparidad salarial en trabajos calificados— que llega hasta un 25,6 %— (PDF, en inglés) sigue impidiendo el empoderamiento económico de las mujeres.
La brecha se hace más grande a medida que se asciende en la jerarquía de liderazgo. Tan sólo el 29,3 % de los parlamentarios de la región son mujeres, y esa proporción es considerablemente más baja en varios países. Y la maratón de elecciones de este año tal vez no acelere los progresos. Al mes de marzo, América Latina no tiene presidentas mujeres. Sin embargo, en 2014, la región tenía el mayor número de mujeres como jefes de Estado, con presidentas mujeres en Costa Rica, Argentina, Brasil y Chile. En la actualidad, hay muy pocas expectativas de que esto vuelva a suceder en un futuro cercano.
¿Qué impacto tiene esta circunstancia?
La igualdad de género y la participación de las mujeres en la política tienen efectos amplios en el desarrollo, así como repercusiones económicas. Promueven la estabilidad económica y permiten el logro de resultados más democráticos y la participación económica (PDF, en inglés).
Una mayor representación de las mujeres en los parlamentos nacionales también se vincula con un mayor progreso en la reforma de la legislación discriminatoria y con más inversiones en los servicios sociales y la protección social.
Por otra parte, la desigualdad de género tiene un elevado costo. Recientes estimaciones del Banco Mundial revelan que este costo mundial es de hasta USD 160 billones, de los cuales USD 6,7 billones se atribuyen a las brechas de género en los ingresos existentes en América Latina y el Caribe.
¿Qué se puede hacer? Las leyes y las políticas son importantes
La igualdad jurídica de género se vincula con una variedad de resultados, (PDF, en inglés) como una participación mayor de las mujeres en la fuerza laboral, más mujeres en el parlamento y una menor brecha salarial por razón de sexo. Como se señala en el informe titulado Mujer, Empresa y el Derecho, las leyes y las políticas pueden impulsar la inclusión económica de las mujeres. Más allá de eliminar la discriminación jurídica, las políticas de acción afirmativa, incluidas las cuotas, pueden crear condiciones equitativas. De hecho, en América Latina la participación de las mujeres en la política se vio impulsada en gran medida por las cuotas de género y las leyes de paridad.
En 1991, Argentina fue la pionera de este movimiento, e introdujo la primera ley de cuotas de representación de las mujeres en el Congreso. Desde entonces le siguieron otros países, con resultados positivos. En toda la región, hasta ahora 19 países han adoptado algún tipo de cuota legislativa para las mujeres (figura 1), ocho de los cuales han pasado a aplicar sistemas de paridad, que requieren una representación femenina del 50 %. Cuatro de ellos —Bolivia, Nicaragua, Costa Rica y México— se encuentran entre los 10 primeros países en todo el mundo en cuanto a representación de la mujer en los parlamentos nacionales.
Las leyes de cuotas abren un espacio para las mujeres, pero en muchos casos, por sí solas no son suficientes. Las diferencias en los sistemas de cuotas pueden afectar los resultados (en portugués). En Bolivia, donde la representación de las mujeres en la Asamblea Nacional es de más del 50 %, un sistema de “cremallera” obliga a los partidos políticos a alternar hombres y mujeres en las listas de candidatos. El incumplimiento de este requisito da lugar al rechazo de la lista del partido. En Brasil, el 30 % de los candidatos deben ser mujeres, sin embargo, las elegidas representan una proporción mucho menor. El bajo rendimiento de Brasil se atribuye, en parte, a su ley de cuotas, según la cual no existen reglas para favorecer la inclusión de mujeres en las listas de candidatos. Más allá de establecer cuotas electorales, las leyes que asignan un presupuesto a las campañas de candidatos que son mujeres —como la reglamentada hace poco en Brasil (en portugués)— y que establecen asientos reservados para mujeres, pueden servir para aumentar de manera efectiva la representación femenina.
Las oportunidades para las mujeres líderes han mejorado. El resultado observado en las elecciones de México de este año es un logro para la participación de las mujeres en la política. En diciembre, cuando empiece a sesionar el nuevo Congreso, México será el único país con mayoría de mujeres elegidas en el Senado. Por su parte, Colombia acaba de elegir su primera vicepresidente mujer.
Sin embargo, hace falta más. Leyes y políticas, de fomento del empoderamiento de las mujeres pueden afectar sus oportunidades. Con tantas pruebas de que el liderazgo de las mujeres es clave para cerrar la brecha de género —lo que a su vez es fundamental para el crecimiento económico— cabe esperar que este año, con tanto en juego para las perspectivas políticas y económicas de la región, pueda ser también un año para impulsar la igualdad de género.
