Transporte, deuda histórica en El Salvador

El sistema de transporte colectivo en El Salvador tiene una deuda histórica con sus usuarios, por décadas se ha entendido que el transporte solo es un negocio, olvidando en su totalidad a las personas y sus derechos.

El Salvador presenta una urbanización y un crecimiento del parque vehicular acelerado, de hecho, según el Viceministerio de Transporte (VMT) para finales de este año (2019) se estima que el parque vehicular llegó a 1.3 millones de vehículos automotores, esta cantidad ya ha superado la capacidad vial del país. Por tanto, El Salvador enfrenta grandes retos de movilidad, ya que con el paso del tiempo, las consecuencias negativas como las constantes tasas de congestionamiento, contaminación y siniestros viales han venido en aumento.

Para afrontar estos retos es esencial un sistema de transporte urbano eficiente; un transporte colectivo de calidad es primordial para el desarrollo, competitividad y productividad de las ciudades. Con un sistema de calidad, se puede proporcionar a los salvadoreños movilidad digna, facilidad y accesibilidad a empleos, y servicios, además contribuye al medio ambiente, reduce costos y aumenta la productividad de las empresas.

Sin embargo, en El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 23 de diciembre con 53 votos (de 84) la prórroga al subsidio de transporte colectivo. Un transporte colectivo que no cumple las condiciones mínimas de seguridad social ni ambiental, negándole así, el derecho a la población de un transporte digno. Este tipo de decisiones, lejos de favorecer a la inmensa mayoría de salvadoreños, vienen dadas por intereses de los mismos legisladores, que, en muchos casos tienen inversiones dentro del rubro de transporte colectivo en El Salvador.

En 2015 se inició el proyecto del SITRAMSS, bajo el sistema Buses Rápidos de Tránsito (BRT) con un corredor de 6.4 kilómetros, con una demanda de entre 45,000 a 50,000 pasajeros mensuales, sin embargo la planificación y ejecución de la obra no fueron lo que se esperaba, además, la adjudicación, logística y movilización del proyecto no fue transparente por parte del Gobierno en turno, a tal punto, que a la fecha el SITRAMSS ha quedado relegado a un sistema de transporte convencional, investigado por fraude en la licitación, alejado de su esencia como BRT, ya que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2017 ordenó que sus carriles fueran compartidos, eso significó que cualquier vehículo particular podía entrar a los carriles exclusivos.

Todo esto se debió a la mala planificación del proyecto, al no planificarse bien, existieron vacíos constitucionales, legales y logísticos que han hecho que el proyecto no tuviera el éxito que se planteó.

Un transporte colectivo deplorable como el de El Salvador está íntimamente relacionado con la pobreza. Un viaje diario de Soyapango (Municipio de San Salvador) hacia San Salvador puede significar alrededor de unas 2 horas y media de viaje (teniendo en cuenta las dimensiones de El Salvador, estos tiempos son exagerados), esto afecta directamente a la salud de las personas y también tiene implicaciones directas en la convivencia familiar y agudiza la precariedad económica de las personas.

El transporte sustentable en El Salvador es un desafío que enfrentan las autoridades y empresarios; el transporte engloba varios Objetivos de Desarrollo Sostenible como Salud y Bienestar, Industria, Innovación e Infraestructura. La poblacion se ve afectada directamente con el nivele de congestionamiento diario, siniestros viales y contaminación. Los tiempos para transportarse dentro de San Salvador y ciudades aledañas son más largos, esto bloquea las oportunidades de las personas. Es primordial que instituciones como la Asamblea Legislativa tomen un papel serio y protagónico en favor de los usuarios, es importante que el Gobierno también realice inversiones en transporte urbano, que den como resultados un transporte más limpio, ordenado, seguro, eficiente y confiable, que a su vez e derive en desplazamientos más cortos.