Nuevas herramientas desarrolladas por una organización inglesa podrían ser útiles para mejorar el déficit de vivienda en las ciudades latinoamericanas.
Bajo el informe ‘Definir y medir la asequibilidad de la vivienda – un enfoque alternativo’, la Comisión de Vivienda Asequible del Reino Unido, una organización independiente, se dio a la tarea de establecer dentro del complejo mundo del mercado de la vivienda de su nación, una nueva manera de ver los problemas de acceso a vivienda diferente de la tradicional, que ve precios de la vivienda e ingresos del aspirante (ya sea renta o compra).
Aunque basado en datos netamente locales, el informe podría establecer aportes para una región como Latinoamérica y sus ciudades en las que reside aproximadamente el 80 % de la población.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo BID, “En la actualidad (2014), una de cada tres familias de América Latina y el Caribe —un total de 59 millones de personas— habita en una vivienda inadecuada o construida con materiales precarios o carente de servicios básicos”.
Pero en realidad la situación en Inglaterra, que el informe denomina ‘estrés de la vivienda’, indica que hay 4.8 millones de hogares con problemas de asequibilidad, con énfasis en Londres y suroriente, pero generalizado en todo el país, lo que equivale al 20 % del total nacional. Pero aún, el problema de asequibilidad a la vivienda ha aumentado en 500.000 hogares en tan solo la última década.
Para realizar su informe, la Comisión usó datos del Ministerio de Vivienda, la Encuesta de Vivienda 2016, datos de la Oficina de Estadística y la comunidad, entre otras fuentes, con las que estableció que no solo es válido el esquema que se basa tradicionalmente en dónde está ubicada la vivienda y según esa ubicación, los ingresos del aspirante; lo que finalmente determina el monto de subsidios estatales.
En la visión del estudio se enuncia que unas posibilidades de reducir el estrés sobre la vivienda están en tener en cuenta todas las condiciones del hogar como los gastos internos, las edades de los integrantes, incluso considerar dentro del esquema de pago si en el hogar hay personas con discapacidad. El informe indica, por ejemplo, que la proporción de los ingresos necesarios en un hogar de dos personas adultas afecta entre el 24 % y el 35 % de esos aportes.
“Visto desde la perspectiva de quien se enfrenta al ‘estrés de la vivienda’ y bajo qué circunstancias, este enfoque reemplaza las definiciones existentes basadas en el mercado, tal como las encapsula el producto de “Renta asequible”, que engañosamente define la vivienda asequible como el 80 % de los alquileres del mercado, independientemente de los ingresos del hogar”, indica el estudio.
Una de las propuestas del informe es la categorización de cuatro grupos de población que permita establecer una fórmula para combatir, si puede decirse, el que más del 30 % de los ingresos de estos hogares ingleses se consuman en vivienda: Inquilinos con problemas; Hogares mayores de bajos ingresos; Propietarios de viviendas con dificultades y Compradores por primera vez, pero frustrados.
Los Inquilinos con problemas son personas en edad de trabajar, pero en la “mitad inferior de los ingresos” y cuyo hogar no es decente, viven en hacinamiento, tampoco acceden a subsidios de vivienda estatales y además viven en la pobreza.
Los Hogares mayores de bajos ingresos tienen las mismas características del anterior grupo con la diferencia de que son personas jubiladas que pueden ver deteriorado su ingreso en el corto plazo.
Volviendo a ese 30 % que afecta a los hogares, la Comisión ubicó a los Propietarios de viviendas con dificultades que se gastan ese 30 % en el pago de hipotecas o deben invertir ese monto en el mantenimiento de estas.
Por último, los Compradores por primera vez, pero frustrados, se supone que no alcanzarían a invertir el 30 % de sus ingresos en el costo de la vivienda comprada incluso alcanzar una ‘cuota inicial’ en cinco años.
De esta manera, agrupando estos sectores de la población “en lugar de presentar las medidas individualmente, se agrupan en aquellas que pueden enfrentarse a diferentes desafíos de asequibilidad (…)”, indican los investigadores de la Comisión.
Agregan que, a través de este esquema, que advierten genera debate, “la medida sugerida ajusta los ingresos según el tamaño y la composición del hogar, si los miembros del hogar tienen una discapacidad, y por variaciones regionales en el costo de la vida (más allá de los costos de vivienda).
Esto tiene como objetivo “garantizar que la medida refleje las diferentes necesidades del hogar”, puntualizan.
