Decía Albert Camus que “una sociedad se juzga por el estado de sus prisiones”. Al mirar la situación de las cárceles de América Latina, esta cita del escritor francés nos debería interpelar sobre el fracaso de las políticas penitenciarias y de prevención de la delincuencia juvenil. En vez de esto, estamos asistiendo a un movimiento social creciente que pide leyes y sanciones más duras, en particular para los adolescentes en conflicto con la ley. ¿Será que los jóvenes constituyen un real peligro para la sociedad para encerrarlos, o más bien que nuestra sociedad no ha sabido acoger a sus jóvenes?
Lo cierto es que en América Latina, la población carcelaria se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años. Entre 1995 y 2012, la tasa de reclusos por 100,000 habitantes creció de 101.2 a 218.5, representando un incremento del 116%. Con una representación mayor de los jóvenes en los lugares de privación de libertad. Sin embargo, el crimen aumentó más aún en ese período, con tasas de homicidios regionales que se duplicaron de 13 a 26 homicidios por 100,000 habitantes[1]. Varios estudios nos demuestran que el aumento de las sanciones, la respuesta mediante una visión punitiva, la tal ley del talión “ojo por ojo, diente por diente”, no tiene un impacto en la reducción del crimen. Sin embargo los gobiernos siguen invirtiendo en políticas represivas, como ha sido el caso de El Salvador con sus políticas de “mano dura” y “súper mano dura”. El resultado es aterrador. El Salvador encabeza la lista de los países más violentos del mundo, con una tasa de 103 homicidios por 100.000 habitantes[2].
En el estado actual de las cosas, el ideal de la prisión que rehabilita o proteja es un mito que hay que deconstruir. Todos sabemos que la cárcel no mejora. Pero si podemos evitar que destruya, sobre todo a nuestra juventud, o la vuelva más violenta, sería un gran paso. Hay que visitar las cárceles para entender que lejos de reintegrar, estas favorecen la reincidencia del delito: sobrepoblación, falta de servicios de salud, en particular en materia de tratamiento de toxicomanía, carencia de servicios de formación o reinserción, condiciones insalubres, tantos factores que contribuyen a deshumanizar, si no es humillar, a las personas. Lamentablemente, desde mucho tiempo atrás, el papel inicial de las prisiones ha sido distorsionado, utilizándolas no como un medio rehabilitador sino como una respuesta a la falta de políticas sociales adecuadas.
Por otra parte, hay que recordarnos que además de cometer delito, los jóvenes son hoy en día las principales víctimas de la delincuencia. No puede pasar un día sin que abramos un periódico y podamos leer que un joven asesinó a otro. La hemorragia es tal que parece haberse vuelto una epidemia que mata más que el virus Ebola o Zika. Si seguimos así, los esfuerzos que se hicieron durante años para disminuir la tasa de mortalidad de los niños en América Latina, combatiendo la desnutrición o las enfermedades prevalentes de la infancia, se estarán esfumando a medida que los adolescentes sigan muriendo violentamente.
Frente a esta constatación, resulta difícil seguir en un mutismo que nos impide cambiar nuestra respuesta frente a la delincuencia juvenil y el crimen. Entonces porque no darle un cambio de timón drástico a nuestras políticas públicas, e invertir más en la prevención del delito o en las alternativas a la privación de libertad. Además, en este ámbito América Latina no se queda atrás, ha sido una región innovadora. Basta con mirar los cambios que ha vivido la ciudad de Medellín, un ejemplo de cómo un capítulo doloroso y oscuro puede terminar en una exitosa transformación basada en el urbanismo, la innovación y la inclusión social. Si bien es un ejemplo relevante, otras iniciativas menos visibles, pero de igual manera alentadoras, se encuentran en todo el continente. En Perú, pude trabajar en un proyecto de la Fundación Terre des hommes, que promovió las alternativas al proceso penal para adolescentes en conflicto con la ley. Mediante la implementación de programas individualizados que se enfocaban en la reparación del delito, la responsabilización y la reintegración del adolescente, se logró disminuir la tasa de reincidencia en dos sectores pilotos del país. Hoy en día el programa se ha convertido en una política pública liderada por el Ministerio Público/Fiscalía General de la Nación[3]. Incluso un estudio demostró que este programa costaba menos y tenía mejor resultado en materia de rehabilitación que la cárcel[4].
¿Entonces, hasta cuándo vamos a dejar nuestra juventud matarse? Mientras las cárceles se siguen llenando de jóvenes, la delincuencia sigue aumentado y no somos capaces de detenerla. Y como lo hemos visto no son las ideas, iniciativas o proyectos que faltan en nuestra región. ¿Si los viejos métodos represivos no han dado frutos, porque seguir en la misma dirección? Todavía no es tarde, seamos visionarios y menos corto-placistas, la lucha contra la delincuencia juvenil no se ganará con sanciones más duras, con medidas arcaicas y con leyes reaccionarias que finalmente nos convierten en una sociedad a la imagen de nuestras cárceles, como bien lo decía Camus.
[1] Fuentes : UNODC y World Prison Brief
[2] Fuente : InSight Crime
[3] http://www.mpfn.gob.pe/justiciaruvenilrestaurativa
[4] http://www.justiciajuvenilrestaurativa.org/otras_publicaciones/informe.pdf
