“La deforestación, la agricultura industrial, el comercio ilegal de vida silvestre, el cambio climático, aumentan el riesgo de futuras pandemias”: relator de la ONU para los Derechos Humanos.
Es imposible para cualquier líder del mundo o de sus ciudades, negar que el origen de la enfermedad por coronavirus, COVID-19, es claramente la afectación de los seres humanos a las barreras naturales y el acoso constante sobre la vida silvestre a la que se le está consumiendo su hábitat y a ella misma.
Por ello, David Boyd, relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, hizo un llamado urgente para que, bajo ninguna excusa, los países renuncien a los compromisos adquiridos por el Acuerdo de París en favor de la lucha contra el cambio climático.
La advertencia llega precisamente cuando algunos países ya piensan en la post pandemia y manifiestan que es necesario congelar -en el mejor de los casos-, o reducir, en el peor de las situaciones, las distintas medidas tendientes impedir el aumento de la temperatura global y favorecer así la aparición de una nueva pandemia, la que, según los expertos, tendría mayores impactos sobre la humanidad. Todo ello con base en las necesidades creadas y derivadas de la atención de la pandemia por COVID-19 que vive el mundo.
Para la República Checa es necesario que la Unión Europea no materialice el proyecto de Ley sobe Clima.
Estados Unidos, por su parte, se ha doblegado ante el interés económico y su Agencia de Protección Ambiental (EPA) manifestó que, si las empresas del sector petrolero incumplen normas, pero demuestran que lo hacen como efecto de la pandemia, no recibirán sanciones. Para sumar la gota que derrama el vaso, la EPA tampoco controlará la aplicación de las normas sobre emisiones de fuentes móviles (automotores) pese a que este país, al evaluar el periodo 1850- 2011; ha contribuido con el 27 % de la contaminación global.
China, el país causante de la mayor parte de las emisiones de CO2 al planeta con 10.250.000 toneladas anuales según registro de 2019, ya advirtió que extenderá los plazos otorgados al sector empresarial para cumplir las exigencias ambientales.
“A la luz de la crisis ambiental mundial que precede al COVID-19, estas acciones son irracionales, irresponsables y ponen en peligro los derechos de las personas vulnerables. (…) Es probable que estas decisiones políticas den lugar a un deterioro acelerado del medio ambiente y repercutan negativamente en una amplia gama de derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, el agua, la cultura y la alimentación, así como el derecho a vivir en un entorno saludable”, manifestó el relator de la ONU.
El miedo al efecto ‘rebote’ en tiempos de la post pandemia
«El hombre por egoísmo ha fallado en su responsabilidad como custodio y administrador de la tierra. La hemos contaminado y saqueado, poniendo en peligro nuestras vidas. Hemos fallado en la protección de la tierra, nuestra casa jardín», dijo la semana anterior el papa Francisco sumándose a las alertas mundiales que gritan que no es momento para olvidar hacer lo correcto.
Gracias al aislamiento mundial, el planeta se ha dado un pequeño respiro y la reflexión sobre el impacto del cambio climático está en primera plana, pero las múltiples necesidades económicas derivadas de la suspensión de las actividades productivas, están dejando graves consecuencias -en Latinoamérica la Cepal calcula una contracción económica del – 5.3 % en este año-, lo que generaría un efecto ‘rebote’ por un mundo que se lance desenfrenado a recuperar lo perdido.
“Tras la crisis financiera mundial de 2008, las emisiones globales de CO2 provenientes de la combustión de combustibles fósiles y de la producción de cemento se redujeron inicialmente en un 1,4 %, para luego aumentar un 5,9 % en 2010. Y esta vez, la crisis podría tener un mayor impacto a largo plazo sobre el medioambiente —con un costo mucho mayor para la salud humana, la seguridad y la vida— si logra descarrilar las iniciativas globales para abordar el cambio climático”, advirtieron Daniel Wilkinson, director interino de Medio Ambiente y Derechos Humanos, y Luciana Téllez Chávez, investigadora de la División de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Human Rights Watch.
Es por ello por lo que el relator destacó las estrechas relaciones existentes entre pandemia y cambio climático: las personas que viven en áreas con mayores niveles de contaminación tienen un riesgo más alto a morir por COVID-19.
«Los científicos nos advierten que la deforestación, la agricultura industrial, el comercio ilegal de vida silvestre, el cambio climático y otros tipos de degradación ambiental aumentan el riesgo de futuras pandemias, elevando la probabilidad de graves violaciones de los derechos humanos», denunció el relator quien recordó que el 75% de las enfermedades infecciosas tienen procedencia zoonótica (desde animales y transmitidas a los humanos).
Y, por supuesto, un aspecto crítico: la falta de agua. Son cerca de 2.200 millones de personas en el mundo las que carecen de acceso al líquido de calidad potable.
Ahora, no es posible olvidar además que otro de los efectos negativos de la pandemia frente al cambio climático es el traslado de la COP 26 para el año 2021, lo que, sin duda, promueve silenciosamente la falta de compromisos.
Pese a este panorama, la situación en Latinoamérica podría ser halagüeña. Chile presentó en las primeras semanas de este mes la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés). A través de su ministra de Medio Ambiente y actual presidenta de la COP 25, Carolina Schmidt, se presentó un compromiso de cumplir las metas con financiamiento con recursos propios y no a la espera de la ayuda internacional, por ejemplo.
Finalmente, el relator de Derechos Humanos de la ONU advirtió que la mejor opción es “acelerar los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2030″.
