De este número, más de 34 millones de latinoamericanos no tienen acceso de ningún tipo a agua potable, asunto crítico en medio de la pandemia. “Desconexiones por falta de pago son una violación a los derechos humanos”, dijo Relator Especial de la ONU.
La promulgación de la Resolución 64 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que declaró el acceso al agua potable como derecho humano esencial, cumplió 10 años el pasado martes, justo en medio de una pandemia en la que se evidencia que “la falta de acceso al agua para determinados grupos poblacionales tiene el efecto de exacerbar las vulnerabilidades preexistentes y ha resultado en situaciones inaceptables desde el punto de vista de la dignidad humana”, según el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento, el brasilero Léo Heller.
Latinoamérica, con 200 millones de personas sin acceso continuo al servicio, 34 millones sin acceso agua potable y una cobertura de saneamiento por debajo del 15 %, es una de las regiones del mundo con más vulnerabilidad justo cuando la crisis sanitaria se ensaña con ella y cuando este líquido vital resulta fundamental para evitar la propagación del virus que ya alcanzó a cerca de 3.900.000 personas tan solo en Brasil, México, Perú, Chile y Colombia.
Mientras este martes, el Secretario General de la ONU, António Guterres, en la presentación del informe ‘El COVID-19 en un mundo urbano’, señaló que el acceso al agua y al saneamiento es vital y “el estado inadecuado de los servicios públicos en muchas ciudades requiere atención urgente, particularmente en asentamientos informales”; al parecer la declaración del acceso al agua como derecho humano esencial, no ha logrado generar avances considerables en una región en la que más 106 millones no acceden al saneamiento de aguas residuales y 13 millones deben defecar al aire libre.
Por ello, el Relator Especial de la ONU, quien participó del panel ‘Los Derechos Humanos al agua y al saneamiento no son solo palabras: concretando mecanismos para asegurar la asequibilidad de los servicios’, organizado por El Banco Interamericano de Desarrollo (BID); señaló que “En tiempos de pandemia el derecho al acceso al agua es una de las barreras primarias para la contención del virus y no se puede negar el agua a los que no pueden pagarla o comprometer su renta con el pago del agua perjudicando el acceso a otros derechos humanos cómo educación, habitación y salud”.
En este sentido, el espacio sirvió para ratificar que el acceso a un mínimo vital de agua para los latinoamericanos que no lo tienen pasa, sobre todo, por la búsqueda del equilibrio entre la igualdad en acceso y la sostenibilidad “de las empresas que prestan los servicios de agua y saneamiento”, señaló la Analista Senior de la División de Agua y Saneamiento del BID, María del Rosario Navia.
Por ello, Navia destacó la reciente publicación del ‘Manual de Buenas Prácticas de operación y mantenimiento para asegurar la prestación de los servicios de agua y saneamiento: durante y después de la emergencia causada por COVID-19’, documento que les entrega a los gobiernos y prestadores de servicios herramientas para avanzar en la accesibilidad a ese derecho humano esencial.
Adicionalmente, Heller recalcó que, para alcanzar ese equilibrio entre acceso y sostenibilidad de las empresas de servicios -dos aspectos que para él deben estar valorados por igual-, existen mecanismos como la integración a la formalidad, de esos grupos poblacionales que no lo están, pues ellos son los “que más gastan en acceso al agua y el saneamiento”, ya que tienen que recurrir a prestadores no formales o al autoabastecimiento.
De igual manera, mencionó las subvenciones en función de los ingresos determinadas por la ubicación geográfica o la subvención diferencia por acceso. Agregó que otra estrategia externa al sector de agua y saneamiento, son las políticas sociales derivadas d ellos gobiernos como el nivel mínimo de protección social o programas de transferencias financieras.
Señaló que es necesario avanzar en mecanismo diferentes a la tarifación, sistema que indicó, afecta incluso a países desarrollados de las Américas como Estados Unidos y Canadá.
“La práctica dominante en la región es el modelo de tarifa por bloques progresivos según el volumen consumido por los usuarios, no cumple con este papel”, insistió Heller.
Hay evidencia creciente de que este modelo al contrario de proteger a los que viven en situación de pobreza es regresivo.
En este sentido, hizo alusión indirecta al caso de la ciudad de Medellín en Colombia que, a través del programa ‘Mínimo Vital de Agua Potable’, que garantiza este recurso a más de 273.000 personas desde 2009 en esta ciudad colombiana de más de 2.5 millones de habitantes, lo que representaría el 10.94 % de la población
Por último, el Relator Especial de la ONU para este derecho de acceso al agua, recalcó que entre los retos para la accesibilidad -calificando algunos como negligencia-, están la falta de datos, claridad sobre los modelos adecuados y la falta de “incorporación de la mentalidad de Derechos Humanos para la parte del sector de agua y saneamiento en la región”, no sin dejar de advertir que las desconexiones por falta de pago son un retroceso en el ejercicio del derecho al acceso y por lo tanto una violación a los derechos humanos, más en tiempos de pandemia.
