América latina registra elevadas cifras de urbanización, las ciudades son el centro de aglomeración de sus habitantes. Según el último censo de población y vivienda (INE 2017) en Chile el 87,8% de la población es urbana. Tendencia que se mantiene en alza, ya para el año 2019 se registra una superficie autorizada para edificar de 1.713.000 m² (Instituto Nacional de Estadísticas, 2020). Solo el segmento habitacional se expandió 22.2% en un año. Lamentablemente estas macro cifras ocultan un aspecto muy negativo, la extrema desigualdad en la ocupación del territorio y derecho a la ciudad.
Esta condición afecta con mayor impacto a las poblaciones más empobrecidas las cuales se ven forzadas a ocupar terrenos con las peores condiciones para su urbanización, o con alta susceptibilidad de verse afectados por la ocurrencia de un evento extremo. Esto sumado a la condición de vulnerabilidad (intrínseca a la condición de pobreza) genera nuevos escenarios de riesgos socio natural.
Sobre todo en las áreas metropolitanas se urbanizan extensas zonas extremadamente densas en las periferias de la ciudad. Por lo general estas urbanizaciones son para dar solución habitacional a la población que no posee los ingresos suficientes para optar a una vivienda ofrecida por el mercado inmobiliario, es decir, son viviendas financiadas mediante subsidio estatal.
Tal es el caso de Boca sur, san Pedro de la Costa, donde a menos de 300 metros de la línea de costa se ha consolidado y siguen construyendo un gran stock de viviendas sociales. A esto se debe sumar que el instrumento de planificación local (plan regulador comunal) no define áreas de riesgo de tsunami donde el riesgo es evidente. Si bien el instrumento local de planificación urbana permite la construcción en estas zonas, surge la interrogante sobre como el estado financia urbanización social en áreas donde no solo se pone en riesgo la inversión financiera, además (lo más importante) se pone en riesgos a miles de personas.
Otro ejemplo es la urbanización de los sectores de humedales en la ciudad de Coronel, no me referiré a los beneficios ecológicos y mitigador de eventos extremos, sobre todo de inundaciones, anegamientos incluso tsunami que proporcionan los humedales, me concentraré en caracterizar someramente como la inversión inmobiliaria disminuido drásticamente la superficie de humedales generando nuevos escenarios de vulnerabilidad y explosión de la población. En este caso se han construido alrededor de 3000 viviendas, todo esto en los sectores denominados como humedal Calabozo y humedal Escuadrón. Lamentablemente en la normativa urbana como en la protección del medio ambiente, al aprobar estos proyectos, no existían leyes que reconocieran y protegieran legalmente estos ecosistemas, recién este año se promulga la ley de protección de humedales urbanos y a la fecha no se publica el reglamento lo cual hace que la ley no se pueda cumplir a cabalidad. De esta forma se consolida un sector residencial en lo que antes fue un humedal, el cual es rápidamente ocupado debido a la alta demanda de vivienda que existe en esta comuna.
Para concluir, mi intención ha sido mostrar con algunos ejemplos como la planificación y dinámica urbana no consideran con la importancia que se merece la gestión integral del riesgo, sobre todo al no incluir un análisis territorial prospectivo de los escenarios que se pueden generar, no sólo con la ocurrencia de un evento extremo, versión clásica en la incorporación de los riesgos en los instrumentos de la planificación urbana, sino que debiese incluir un análisis de las vulnerabilidades asociadas a la ocupación social del espacio construido. Las medidas de mitigación requeridas a la inversión en áreas de riesgos debieses contemplar la reducción de las vulnerabilidades generadas por la ocupación (desigual) del territorio.
