Este martes ONU Hábitat fue escenario de un amplio debate sobre los desafíos que enfrentan las ciudades en materia de vivienda y cómo se hace urgente que el derecho a la vivienda sea asumido como un derecho humano.
En la nueva agenda urbana, el derecho a la vivienda digna es uno de los desafíos centrales. Asimismo es un requisito esencial en la aspiración de los países de tener ciudades sostenibles, y es un reto que condiciona la aspiración de los alcaldes de fortalecerse como líderes en el gobierno y la administración de los territorios locales.
Pero, ¿habrá maneras de lograr una respuesta efectiva cuando se sabe que de aquí al año 2025, según la ONU, el mundo requerirá mil millones de nuevas soluciones de vivienda social para una población sumida en la más profunda desigualdad?
Tratar de encontrar derroteros de trabajo eficientes tan pronto Hábitat III expida la nueva agenda urbana, es la razón por la cual los alcaldes, autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales, voceros de la sociedad civil y colectivos sociales vienen intercambiando visiones y expectativas en Quito, ante la urgencia de una problemática que para muchos se torno explosiva.
Se estima que una herramienta eficaz es que al trazar los lineamientos de las nuevas políticas públicas se asuma el derecho a la vivienda como un derecho humano, para lo cual es imprescindible una movilización general de la sociedad.
Y, según ONU-Hábitat, la carencia de vivienda digna en el ámbito de las ciudades está generando la emergencia de nuevos y complejos problemas como la exclusión y la estigmatización.
“Y estos problemas florecen no por falta de políticas gubernamentales sino por la violación de los derechos humanos”, ha precisado el organismo, enfatizando que el mundo no está siendo exitoso en la dotación de vivienda como elemento para compartir la vida en la ciudad.
Y el fracaso proviene de no ponerle freno a la mercantilización de la vivienda, ni a la especulación del suelo, a la existencia de un sistema financiero ineficiente y excluyente, y a que se construyen viviendas no adecuadas y la adecuada no es accesible para el grueso de la población.
También, por darle prioridad a obras de infraestructura suntuosas y en muchos casos innecesarias que consumen en buena parte los recursos públicos.
Según ONU-Hábitat, la solución de los problemas de la vivienda no es un asunto solo de los expertos, por cuanto las comunidades poseen conocimientos tradicionales para activar su propio desarrollo.
Tampoco desarrollo debe entenderse en términos de dinero, sino en términos de control sobre los recursos.
Como aporte a una discusión que cada vez será más global, en el panel de Hábitat III dedicado a la vivienda se planteó que la planificación urbana en el siglo XXI incluye un enfoque holístico, integral, para obtener resultados en el campo del desarrollo social, que cumpla con la estrategia de la nueva agenda urbana.
Para ello, diferentes voces han propuesto que las Naciones Unidas dote a las ciudades de un mandato, de unas capacidades y de los recursos requeridos.
“En medio de un diálogo continuo, propongo la creación de un fondo que ayude a los estados y a las ciudades a implementar la nueva agenda urbana”, dijo el alcalde de la ciudad de Berlín, Michael Müller.
Hoy, explicó, hay que tener presente que las ciudades crecen a ritmos acelerados y atraen a un mayor número de personas, incluyendo a personas que huyen de la pobreza, del terror.
“¿Cuál es nuestra capacidad para que no se ahonden las diferencias sociales? Tenemos que tener capacidad de respuesta a este tipo de problemas globales. Si fracasamos por no saber abordar la semilla de los conflictos emergentes, estaremos dándole origen a los conflictos que tendrán las ciudades en el futuro”, enfatizó.
Y ante la certeza de que las ciudades no tienen los mismos recursos para hacerle frente a los problemas en búsqueda de una solución, dijo: “propongo que entre todos nos ayudemos, porque nosotros como alcaldes no podemos permitir que los pobres sean empujados cada vez más allá de los bordes de la ciudad. Tenemos que crear una nueva mezcla social para nuevos y crecientes barrios”.
Por su parte, la ministra de Vivienda de Francia, Emmanuelle Cosse, dejó en claro que “la ciudad debe construirse en el espacio de la ciudad y no a costa y en detrimento de la ruralidad.”
Tampoco en contra de la naturaleza y los seres humanos que, según explicó, hoy se ven indefensos ante los emisiones de CO2 y los efectos de la polución sobre el cambio climático.
Ante el interrogante del auditorio sobre la autonomía de los alcaldes para construir vivienda social en un país de gran desarrollo como Francia, expresó que aunque “es una política muy costosa”, los gobiernos locales sí tienen autonomía muy importante y tienen mucho poder a nivel de la urbanización.
Detalló que los alcaldes hacen la planificación urbana y toman las decisiones más pertinentes siguiendo los lineamientos del Plan Local de Urbanismo.
Sin embargo, explicó que después de “un resultado bastante negativo”, porque muchas municipalidades se negaron a construir viviendas sociales, se determinó retornarle al Estado el poder de ejecución.
Así, “la palabra la tiene el Estado por encima de lo que digan los alcaldes, defendiendo de esta forma el interés general y superando la fatalidad de los egoísmos locales”.
Como responsable de la dinamización económica, el Estado en Francia considera que la construcción es uno de los sectores claves para el desarrollo del país.
