Expertos de la Universidad Nacional en Bogotá y Medellín hablan del fenómeno presente en la mayor parte de ciudades colombianas, inclusive en el mundo.
Mientras los servicios de transporte masivo (metro, BRT, tranvías) y colectivo (buses) no satisfagan las demandas de frecuencia y trayectos de los colombianos, a lo que se suma la falta de controles de las autoridades; la informalidad seguirá presente para tomar parte del negocio y afectar la búsqueda de las ciudades del país por una movilidad sostenible basada en sistema integrados y planificados.
“El transporte público es un sistema de oferta y demanda, los usuarios toman decisiones razonables, pero lo hacen para suplir una necesidad”, afirmó la ex secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá, María Constanza García Alicastro.
Esas ‘decisiones razonables’ que toman los usuarios de Bogotá, Barranquilla o Medellín por citar algunas de las ciudades, es tomar medios de transporte informales como los denominados ‘colectivos’ en la capital; los mototaxis -usados en la costa Caribe-; o los ‘chiveros’ en Medellín, vehículos privados, de modelos viejos que ofrecen ese servicio.
Y los ciudadanos los usan primero, porque los sistemas masivos no llegan a todos los rincones de las complejas urbes colombianas, carentes de planificación y cuyas infraestructuras viales no siempre son aptas para que ingresen los sistemas masivos o los buses públicos, como advierte García.
“Cuando uno está al lado del Gobierno no va tan rápido como lo que realmente está pasando en la calle; en Bogotá, por ejemplo, existen muchas zonas a las que los buses no van después de las 10 de la noche por razones de seguridad, y finalmente puede que para el SITP (Sistema Integrado de Transporte Público) no sea rentable ofrecer el servicio en determinadas rutas”.
También hay que hablar de costos en un país en el que más de 2.2 millones de personas subsisten con el salario mínimo: los barranquilleros, por ejemplo, pagan entre 1.000 y 1.200 pesos por un trayecto en mototaxi, mientras en el transporte público ese tramo tiene un costo de 1.900 pesos, una diferencia menor de entre el 37 y el 47% del costo original.
Sergio París, ex gerente de Transmilenio, el sistema masivo de Bogotá, afirmó que “esto es un punto esencial, porque Barranquilla tiene una infraestructura de transporte masivo a la que aún le falta por desarrollarse; además influye la idiosincrasia de la gente: tomar un riesgo en la costa es más alto en la comunidad que en otras partes del país”, al referirse al uso de mototaxis.
Esto puede estar afectando la sostenibilidad de los sistemas en las ciudades que apenas están empezando a trabajar para consolidarse.
Los expertos, quienes fueron invitados al programa radial de la Universidad Nacional citaron a la Superintendencia de Puertos y Transporte que indica que unos 900.000 pasajeros se mueven cada día en sistemas masivos y colectivos de Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira. “El 30 o 35 % de ese promedio utiliza medios no autorizados para desplazarse. Se calcula que existe una tasa de ilegalidad de entre el 30 y el 40 %”, indicaron.
Según el profesor Iván Sarmiento Ordosgoitia, Director del Departamento de Ingeniería Civil de la U. Nacional sede Medellín, en esta ciudad donde el sistema masivo no tiene tantos problemas financieros como en otras ciudades, la informalidad no llegaría al 2 o 3%, “según la Encuesta Origen – Destino 2005”, precisó.
Este porcentaje se opone a las quejas en esta ciudad de los transportadores que cada año cuando se presenta el aumento de tarifas del transporte público, afirman que de no haber presencia de transporte informal, “no tendríamos que aumentar el costo”, expresó tan solo este enero Efraín Galeano Luján, Presidente de la Corporación de Transportadores Urbanos, CTU.
El dirigente gremial ha indicado que una ruta de bus puede perder más de US$100.000 por mes debido a este fenómeno.
Aunque el experto en movilidad y académico Iván Sarmiento no estuvo invitado al espacio, LA Network le consultó sobre la situación de informalidad en el transporte público y expuso conclusiones similares a la exsecretaria García.
“Un sistema troncalizado como Metroplús en Medellín, no cubre todos los trayectos que necesitan los usuarios. A ello se suma que la demanda supera la oferta. En esta ciudad la demanda supera la capacidad del sistema. Pero es un fenómeno presente en casi todas la ciudades de Latinoamérica y del mundo, Uber es un transporte informal de alta gama”, explicó.
Agregó que además del efecto financiero del transporte informal en las ciudades de Colombia, en Estados Unidos ya se realizan estudios para analizar el posible aporte de contaminantes del transporte informal.“Mientras en Medellín son vehículos viejos los que prestan este servicio y aportan contaminantes, en Estados Unidos se estudia el impacto ambiental de Uber ya que deben viajar vacíos para llegar al servicio e ir vacíos después del servicio. Además al reemplazar los taxis, estos deben hacer mayores recorridos en busca de sus usuarios, allí puede estar el impacto”, explicó.
Así, ante la pregunta de si estamos frente a círculo vicioso (ciudades no planificadas que crecen sin control y suman territorios -cerca de 200.000 personas llegan a diario a habitar ciudades-, sistema masivos de transporte que no pueden cubrir el 100% del territorio urbano ya sea por seguridad o por rentabilidad y personas sin empleo que ven en el transporte informal una oportunidad de negocio; la exsecretaria de Movilidad de Bogotá, María Constanza García Alicastro afirmó que: “hay que trabajar en todos los frentes; el Gobierno es responsable de ejercer mecanismos de control, porque de lo contrario asume las consecuencias de no hacerlo”.
