El agua es un elemento esencial para el buen funcionamiento de todos los sectores socioeconómicos, desde la salud, alimentación, energía, educación, empleo, desarrollo urbano y equidad de género, entre otros. Sin embargo, es un recurso finito y vulnerable que, en regiones como América Latina, tiene una disponibilidad variable en espacio y tiempo. Por esta razón, el enfoque de economía circular está generando un interés creciente en los últimos años.
El ejemplo más visible lo configuran las plantas de tratamiento de aguas residuales. Una vez que éstas son tratadas, pueden ser reutilizadas en actividades agrícolas, industriales y hasta de consumo humano, así como sus subproductos pueden ser utilizados como generadores de energía y mejoradores de suelos. No obstante, este modelo, técnicamente atractivo, enfrenta diversos retos normativos, institucionales, financieros y ambientales.
La reutilización para el riego enfrenta, sobre todo en países en desarrollo, discusiones técnicas que limitan el contar con normativa adecuada, y menos aún con mecanismos para garantizar su cumplimiento, desde la existencia de laboratorios acreditados hasta la entidad a cargo de la vigilancia o control del riego de los cultivos permitidos según la calidad del agua descargada. Incluso si la calidad requerida según el tipo de reúso es superior a la necesaria si se descargase a un río, lago o suelo, la discusión se amplía en torno a quién debe cubrir el coste de ese tratamiento adicional.
La lógica indicaría que debe ser el usuario que aprovecha dichas aguas tratadas, pero si no se trata de empresas agrícolas o de industrias, sino de pequeñas comunidades de regantes, la pregunta se traslada al Estado, y en un escenario donde el agua cruda no tiene costo, el Estado debe dilucidar si cubre no sólo el coste de inversión adicional sino el costo incremental de la operación y mantenimiento ad infinitum. Si bien varios países han avanzado en resolver estas interrogantes, lo cierto es que no hay una receta válida para todos.
Si se genera energía en la planta de aguas residuales pero no se requiere en la misma, es usual que la empresa de agua y saneamiento no pueda derivarla a otros lugares bajo el argumento que ello demandaría la instalación de líneas de transmisión que son competencia exclusiva de la empresa distribuidora de energía, y mucho menos el poder venderla por la misma razón.
En relación con el aprovechamiento de los biosólidos como acondicionadores de suelos para cultivos, en muchos países los lodos son considerados residuos peligrosos, y como tal, deben ser confinados en rellenos sanitarios especiales. Esto supone revisar y complementar la normativa, pero, sobre todo, impone un cambio paradigmático en las instituciones, los agricultores y las personas. La discusión persiste en torno a la valía de preservar los nutrientes de los biosólidos, pero a la vez que no exista posibilidad de encontrar coliformes o helmintos que son altamente nocivos para la salud humana. El desafío es cumplir ambas condiciones.
Estas consideraciones trascienden al ámbito técnico y conducen a la necesidad de fortalecer la gobernanza del agua, que demanda un enfoque intersectorial y multinivel.
La economía circular requiere la interacción y coordinación entre los silos sectoriales, que permita aprovechar los subproductos de manera sostenible. Desde CAF -banco de desarrollo de América Latina-, conscientes de que se trata de una demanda creciente en la región, en especial en sitios de escasez de agua, llevamos a cabo diversas líneas de investigación, desde el abordaje técnico, institucional y financiero, que permitan establecer los requisitos clave para un ambiente favorable, así como los mecanismos institucionales y financieros que dinamicen su avance.
En este sentido, la construcción de plantas de aguas residuales bajo el enfoque de la economía circular posibilitará conservar un recurso cada vez más escaso, reducir los crecientes conflictos por el agua y optimizar el uso de los recursos económicos.
Artículo de opinión publicado originalmente en Visiones – blog de CAF
