La evaluación de dos programas de mejoramiento integral de barrios, ejecutados en las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe, evidenció que estas iniciativas han estado más enfocadas en intervenciones pequeñas que en insertarse en una política territorial.
Así lo asegura Jorge Andrés Viasus Salamanca, magíster en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), quien profundizó en las acciones ejecutadas por el primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, entre 2000 y 2016, con las cuales se ha buscado mejorar las condiciones de vida de las comunidades que habitan barrios informales.
Entre dichas acciones seleccionó intervenciones como los programas de “Sur con Bogotá́”, en los alrededores del Parque Entre Nubes, y el caso del Área Prioritaria de Intervención (API) Lucero, en la localidad de Ciudad Bolívar, los cuales se empezaron a gestionar poco antes de la puesta en marcha del primer POT de la ciudad en zonas que ya habían sido diagnosticadas con la tipología residencial de urbanización incompleta
El investigador parte de conceptos como las isotopías, que se refieren a “las partes de la ciudad donde esta guarda su forma, donde las personas tienen acceso al espacio público, al empleo, a las centralidades, a los equipamientos… esa ciudad consolidada que es agradable y bella”, explica.
La contraparte de la isotopía es la heterotopía, concepto que reúne a los barrios informales que nacen como producto de la sociedad capitalista. Es a partir de estos dos términos que el investigador se plantea analizar cómo esa teoría llega a aplicarse en el desarrollo de la política pública.
“En Colombia la política del orden nacional es el Conpes 3604, que reúne los lineamientos sobre parámetros para la planificación de barrios y eso aterriza en lo que nosotros vamos a conocer como POT”, indica el magíster, quien añade que esta política pública contiene las variables que propone el derecho a la ciudad.
“Por ejemplo tenemos el Decreto 190 (que es el POT que rige en estos momentos), además de una política de equipamientos, una de espacio público, una de habitabilidad, otras que encarnan la teoría del derecho a la ciudad”, manifiesta el investigador Viasus, y agrega que “el problema es que en la práctica no existen. Lo que pasa con estos barrios es que todas esas ideas de derecho a la ciudad no se están aplicando en los proyectos que se realizan”.
Esta realidad se hizo evidente tanto en las entrevistas realizadas dentro del estudio a presidentes de juntas de acción comunal de los barrios La Paz (Rafael Uribe) y Naciones Unidas (Ciudad Bolívar) como en el análisis de variables físicas (vivienda, equipamiento, espacio público, derecho a la centralidad y a la accesibilidad) y no físicas (programas de acompañamiento social, de regularización urbana, legalización de predios y de barrios y seguimiento).
“En temas de movilidad y accesibilidad, aunque el POT dice que debemos tener centralidades, favorecer la movilidad y la accesibilidad para que las personas no deban desplazarse tanto, lo que estamos viendo en estos barrios es que muchas deben viajar entre 2 y 2,5 horas para llegar a sus trabajos, universidades y escuelas”, declara el magíster.
También se encontró un déficit de espacio público y una baja inclusión de la población en la toma de decisiones. “En el API Lucero la gente manifestó no tener voz en las intervenciones que se hicieron. Es como si la Secretaría Distrital del Hábitat empezara a intervenir los barrios sin preguntarles a las personas qué es lo que necesitan”, comenta el investigador.
Agencia de Noticias UN
