Según ONUSIDA, la aplicación demasiado amplia e inadecuada de la ley penal contra las personas que viven con el virus del VIH sigue siendo una preocupación grave en todo el mundo.
La Corte Constitucional de Colombia aprobó eliminar la sección del código penal que criminaliza la transmisión del VIH, aduciendo que la ley violaba los principios de igualdad, ya que discriminaba a las personas que viven con este virus, las estigmatizaba y limitaba sus derechos.
Al respecto, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA ONUSIDA dio la bienvenida a la decisión y afirmó que “la decisión del Tribunal Constitucional de Colombia es un paso concreto para garantizar que la ley funcione para la respuesta al VIH, y no en contra de ella”.
La Corte, además, dijo que la ley creaba un tratamiento diferencial que no es razonable y, por lo tanto, constituía una discriminación. También, determinó que dicha ley violaba los derechos sexuales de las personas que viven con el VIH y que no era efectivo para cumplir con los objetivos de salud pública.
En 2018, ONUSIDA, la Asociación Internacional de Proveedores de Atención del SIDA y la Sociedad Internacional del SIDA reunieron a un grupo de expertos y científicos que desarrollaron una declaración de consenso sobre la ciencia del VIH en el contexto del derecho penal. La declaración hace un llamado al sistema de justicia penal para garantizar que la ciencia informe la aplicación de la ley en casos penales relacionados con el VIH.
Nueve jurisdicciones en América del Sur y Central y al menos otras 77 en todo el mundo, aún criminalizan que las personas con el virus no divulguen que lo tienen, expongan a otras o transmitan el VIH de manera, algo que ONUSIDA considera una política punitiva y discriminatoria contra las personas que viven con el virus.