…A la gente de escasos o nulos recursos, no se le concede la ‘buena voluntad arquitectónica’. Los conjuntos habitacionales, los multifamiliares, las viviendas de interés social que el Estado les ofrece a sus clientelas, se confeccionan bajo el imperio de la consigna: ‘Equivocarse, pero de prisa’. Se procede de acuerdo con la tradición: en verdad, el pobre jamás ha tenido casa. Si le va mal, le tocaron los cuatro vientos. Si se aferra a sus orígenes, habita jacales. Si le va bien, pasa del cuarto de vecindad al departamentito de la uniformidad bienhechora que es consigna mundial. A esta acción pocos se oponen… Carlos Monsiváis
América Latina y el Caribe constituyen la región en desarrollo con el mayor grado de urbanización del planeta. El porcentaje de población urbana de duplicó en la segunda mitad del Siglo XX, pasando del 41% en 1950 a más del 75% en la actualidad. Se espera que para 2050 este porcentaje aumente al 89% (Worlban y Collins 2013). Simultáneamente, la región muestra una importante concentración de la actividad económica en sus urbes. En la actualidad, los centros urbanos representan el 55% del PIB regional. Las ciudades son los puntos focales del desarrollo latinoamericano y son claves para la difusión de las innovaciones, la generación de conocimiento, la concentración de mano de obra especializada, el desarrollo de las actividades económicas más dinámicas y la provisión de servicios de educación, cultura y recreación.
Las ciudades representan al día de hoy el mayor reto y la mayor oportunidad para materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de Naciones Unidas, el cumplimiento del acuerdo en materia de combate de Cambio Climático de París y la implementación de la Nueva Agenda Urbana. Lo anterior en materia de combate al cambio climático, gobernanza, desarrollo social y bienestar, desarrollo económico, cuidado al medio ambiente y prevención de riesgos en asentamientos humanos.
Eldesarrollo urbano en México se ha caracterizado por un descontrol y expansión desmedida que incorpora territorios sin planeación. Este modelo, aunque se ha agudizado al presente, se ha venido arrastrando desde hace varias décadas; dando como resultado que en tan solo de 1980 al 2010 la población urbana se haya duplicado y que la expansión de las manchas urbanas se haya multiplicado por 7 (SEDESOL 2012). De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO 2018) la dinámica el Sistema Urbano Nacional (SUN) lo conforman 401 ciudades en las que residen 92.6 millones de mexicanos, lo que representa el 74.2% de la población nacional. Esta nueva, realidad, ha generado retos y desafíos tan distintos a los que gobierno y sociedad se habían enfrentado con anterioridad, que hoy hablamos de una veloz expansión urbana cuya consecuencia es la aparición de diversas conurbaciones y zonas metropolitanas acompañadas de sus propias problemáticas internas, en lo social, económico y ambiental.
Sin duda es una tarea díficil para cualquier gobierno crear una Política Nacional de manejo del suelo urbano y suburbano que le reintegre su función social, es necesario que el estado asuma la rectoría en materia de desarrollo urbano y vivienda desde una perspectiva social, espacial y ambientalmente sustentable (dejando atrás la planificación voluntarista, e impulsando en cambio la atención de quienes más lo necesitan).
Por un lado la transformación negativa que está sufriendo el territorio urbano nacional es producto de una política habitacional que desborda cualquier intento de planeación, y ha puesto por delante su carácter rentista. Y por otro la incapacidad del mercado inmobiliario y del estado mexicano para proveer soluciones habitacionales a las familias más pobres, sigue persistiendo en la mayoría en las ciudades; aunado al hecho de que el 64.2% de las viviendas en México son autoconstruidas (CONEVAL 2018) y en su gran mayoría incorporadas al entramado urbano de forma desordena.
Un ingrediente central ha sido la baja capacidad de los gobiernos locales para asumir su responsabilidad en la organización territorial de las ciudades, sumado a la discrecionalidad y los recursos supra legales que se utilizan para cambiar los usos del suelo a gusto de la demanda y para otorgar las licencias de construcción de grandes conjuntos urbanos en zonas inadecuadas para el desarrollo urbano y que carecen de los equipamientos y funciones que hacen a una ciudad.
Al mismo tiempo, muchos cascos urbanos presentan inmensas superficies de terrenos vacíos, rodeados de infraestructura y que no se ocupan por la especulación inmobiliaria, por falta de visión de los ayuntamientos y por el desinterés federal y estatal.
El resultado es un patrón de urbanización cuya característica distintiva ha sido su fragmentación, segregación de los más pobres a las peores localizaciones y carencia de identidad comunitaria para sus pobladores. Patrón que debe ser enfrentado con rigor y para ello resulta fundamental replantear y hacer mucho más eficiente la gestión urbana, para poder cumplir el mandato constitucional de la vivienda digna transitando a una planeación urbana participativa e instrumental, en la que priven las obligaciones y no sólo los derechos de la propiedad.
También estableciendo criterios de obligatoriedad en la coordinación intergubernamental, la ejecución y la evaluación de planes y programas y consecuencias concretas por su incumplimiento, para revertir la irracionalidad en los procesos urbanos actuales.
Entre otras acciones implicaría un riguroso control en la localización de los conjuntos habitacionales, su inserción en el tejido urbano, especialmente en la tierra vacante y su conversión en proyectos de desarrollo urbano incluyente y sustentable. Del mismo modo la recuperación de políticas de oferta de suelo y de vivienda para los grupos de menor ingreso, replanteando e integrando los múltiples programas de apoyo, subsidio, crédito e inversión pública que operan de manera independiente y con muy baja eficiencia socio-territorial; además de realizando las reformas fiscales necesarias para que sean los mercados inmobiliarios los que aporten recursos para el desarrollo urbano e impulsando la participación del estado en el mercado inmobiliario.
La relevancia de una política nacional que permita tener claridad sobre el papel social que representa el suelo en las ciudades y su entorno es imprescindible, pues no es posible que sean las fuerzas del mercado, sin orientación y control, las que decidan la localización de las funciones urbanas.
La vivienda de los más pobres, los espacios públicos y las áreas para proteger el ambiente, no han sido una preocupación del gobierno ni del mercado, con lo cual las ciudades han perdido estructura, calidad de vida, competitividad y sustentabilidad.
Es decir una política nacional de suelo urbano, con énfasis en el desarrollo habitacional, tiene una serie de peculiaridades que deben ser consideradas por el estado. En este mismo sentido la perspectiva de género fue resaltada por el papel creciente que tiene la mujer en la defensa y el desarrollo del hábitat familiar; y que México no ha logrado integrar a sus actores gubernamentales en un proyecto de construcción de una ciudad ordenada y compacta.
En este proceso las decisiones del sector agrario para dotar de suelo para usos urbanos al margen de la planeación territorial, es un ingrediente fundamental que hay que reestructurar en una política nacional de desarrollo urbano, suelo y vivienda. Finalmente destacan los problemas de la irregularidad / informalidad/ ilegalidad de la tenencia de la tierra urbana y periurbana en muchas ciudades del país, y la falta de políticas creativas para resolverlos, al grado que se aprecia que la acción pública es más responsable del problema que de la solución, hoy por hoy subsidiamos programas clientelares de regularización de los asentamientos humanos.
Elfenómeno urbano y habitacional mexicano se encuentra en crisis y quedo sólo con una nueva política nacional integrada de suelo como parte esencial de la política urbana, será posible detener las tendencias negativas y remontarlas. en segundo, que los mensajes al gobierno y a los grandes actores privados del mercado inmobiliario son claros; o se transforman las políticas y acciones que ahora dominan los procesos de urbanización, o muchas ciudades mexicanas enfrentarán problemas de desigualdad socio-espacial, desorden territorial, baja competitividad y deterioro ambiental, lo que afectará profundamente los propios mercados inmobiliarios, especialmente el habitacional impulsado por los organismos nacionales de vivienda y los grandes desarrolladores.
El problema de la política habitacional del estado mexicano y la producción actual de vivienda es que no cumplen con el mandato constitucional de ofrecer una vivienda digna y decorosa a todos los mexicanos, ni tampoco con la ordenación del territorio urbano.
Por el contrario, han provocado una profunda crisis que está comprometiendo el futuro de las ciudades y el bienestar de las generaciones futuras. esto obedece, en lo fundamental, a una incontrolada especulación inmobiliaria, con, elevados precios del suelo-urbanizado y en breña (impidiendo generar una oferta legal de suelo barato, bien localizado y servicio, en particular para la vivienda de las familias más pobres de las ciudades, por lo que no pueden acceder a un lote habitacional o a una vivienda formal, y en algunas metrópolis ni siquiera rentar una vivienda digna cercana a las fuentes de empleo, con la perpetuación de los procesos de asentamiento informal y precario.
Por otro lado la desarticulación de las políticas gubernamentales, urbana, habitacional, cambio climático, ambiental y fiscal de los tres ámbitos de gobierno y de las acciones de los agentes urbanos — sociales y privados- en la localización y edificación de vivienda de interés social y de forma más general en los procesos de ordenamiento y crecimiento de las ciudades del país, agudizando la distribución inequitativa de los beneficios y costos que generan la urbanización y el desorden e deterioro medioambiental de nuestras ciudades.
Todo lo anterior, aunado a la ausencia de mecanismos efectivos de planeación participativa y, por ello, la desvinculación persistente de la ciudadanía de los procesos de toma de decisiones de gobierno, sobre el desarrollo de sus comunidades.
Se puede avanzar significativamente en una gestión de la vivienda y el desarrollo urbano más eficaz, incluyente y sustentable, dentro del marco jurídico vigente, con base en las atribuciones y recursos de que disponen los tres ámbitos de gobierno, recurriendo a la imaginación, los acuerdos de voluntades y la determinación política. Una política de esta naturaleza, debiera asumirse como una “nueva reforma urbana” y recoger las experiencias, conocimientos y propuestas acumulados en México –y en otras latitudes- orientarse enfáticamente al a atención de las necesidades de las familias de menores ingresos.
México requiere para hacer de las ciudades espacios más ordenados y equilibrados; más habitables y sustentables, evitando el crecimiento de las ciudades sobre terrenos de valor ambiental y agrícola, e incorporando el uso de nuevas tecnologías que permitan el aprovechamiento y uso racional de los recursos naturales, además de impulsar esquemas de ocupación de espacios vacantes y de redensificación.
No es posible olvidar que México ya es mayoritariamente urbano, de acuerdo a CONAPO el 74.2% de la población vive en ciudades. La certidumbre en los derechos y deberes de la propiedad inmobiliaria, la apertura de nuevos mercados de suelo para las familias más pobres y la atención al problema de la irregularidad e ilegalidad de la tenencia de la tierra con visiones más imaginativas que permitan alcanzar los resultados por todos esperados, son caminos que deben recorrer los nuevos actores que originan la nueva política pública a favor de un México más equitativo, justo y próspero y generador de bienestar para todos.
Como bien lo expresó en su tiempo Vladimir Kaspé “ Se construyen miles de casas populares, de multifamiliares pero no se ataca el problema en su esencia misma. Si [se ha proclamado…] que se considere como derecho de cualquier hombre el tener su morada, no tienen razón los que dan cualquier morada al hombre” Es urgente la intervención de todos y cada uno de los actores en la Nueva Política de Desarrollo y Vivienda.Las sinergias entre el gobierno, la iniciativa privada, academia y sociedad civil son necesarias, para avanzar en conjunto hacia la construcción de una Política de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda Integral que México demanda y sobre todo para que todos los mexicanos y en especial y sobretodo aquellos en situaciones vulnerables materialicen su derecho a la ciudad y la vivienda. ¡Que nadie se quede atrás!
