Tanto los sectores residenciales como las calles y carreteras intermunicipales forman parte de los microterritorios de violencia de las “barras de fútbol”, y para estos no existen políticas públicas suficientes que garanticen su seguridad.
Así lo evidenció el politólogo Luis Alberto Cifuentes Jojoa, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, quien después de hacer un rastreo documental sobre la política pública relacionada con la violencia de las barras de fútbol encontró un gran vacío en esta gestión.
Durante su investigación, desarrollada en Medellín, pudo identificar a los actores directamente relacionados con esta problemática en la ciudad: la administración local, las barras consolidadas y los habitantes de sectores aledaños a los estadios.
También estableció que las políticas públicas implementadas llegan a un punto de quiebre, ya que se pierde la visión de cómo entenderlas por el cambio de administraciones o de gobernanza local.
Un ejemplo de eso se da cuando un alcalde u otra autoridad local prioriza a unos sectores por encima de otros y no hay continuidad en los procesos, o cuando quitan o añaden presupuesto limitando la política pública por falta de recursos.
Según el investigador, el problema con la violencia y las políticas públicas que intentan mitigarla es que parten de un proceso complejo derivado de un trasfondo cultural en el cual se justifica el uso de la violencia detrás el “discurso de identidad” por parte de las barras, que se han configurado como actores sociales y políticos, con incidencia en los procesos públicos de las ciudades.
“Aunque inicialmente las políticas públicas tenían una visión reducida, entendían el problema de la violencia como un fenómeno de manifestación aislada –como la agresión a policías o los disturbios armados dentro del estadio–, la evolución jurídica ha demostrado que esta situación afecta a otros sectores de la sociedad”, detalla.
Algunos vacíos legales
Pese a que en Colombia existe la Ley 1270 de 2009, por medio de la cual “se crea la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol” (primera ley que intenta mitigar la violencia asociada con el fútbol), y el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014-2024 (esfuerzo del Gobierno por crear una política pública que erradicara la violencia dentro y fuera de los estadios), los actos violentos ocurren en otros escenarios, como las calles, los barrios aledaños y las carreteras, que no se han considerado en la implementación de estas políticas.
“Las políticas públicas actuales no tienen en cuenta estos escenarios, quizá porque la jurisdicción de los municipios no les permite accionar en estos espacios; es ahí donde hablamos de fenómenos de articulación institucional. Si queremos atender el problema de forma eficiente, tiene que existir un diálogo con los otros municipios para ver cómo se controla el paso de los hinchas para evitar hechos violentos”, aseguró el investigador Cifuentes.
Este fenómeno es estudiado como “microterritorios de violencia”, donde por lo general no hay una jurisdicción clara que atienda el problema. Aunque en los estadios está la Policía y el cuerpo de seguridad que dispone la administración municipal para garantizar la protección, estas son acciones que se deben extender a otros territorios a los que se trasladan los actos violentos.
¿Barras bravas o sociales?
Según la investigación, al categorizar las barras se encontró que las que viajan se identifican como “barras bravas” y no como “barras sociales”, que es el nuevo concepto que se quiere implementar. Para ellos, los actos violentos son una expresión propia de su identidad, sin entenderlos como violentos en sí mismas.
“Tuve en cuenta estas situaciones para generar políticas transversales, es decir que la política del fútbol se asocie con la política de juventud, de empleo y educación para generar procesos colaterales en los barristas, que les permitan tener un cambio de visión y entender que los entornos violentos –aunque se hayan tratado como una acción particular de esos grupos– pueden dejar de serlo y trascender a otras esferas públicas con acciones políticas y sociales diversas, como ya lo están haciendo algunas barras de Medellín”, manifiesta el investigador.
Agencia de Noticias UN
