Precisión en el diseño y planificación, adopción de una legislación adecuada y responsable y creación de un plan de financiación seguro y viable. Éstas son las tres apuestas del nuevo pacto global para solucionar la brecha social y urbanística en las ciudades.
Tras un bello edificio se encuentra mucho más que un diseño innovador o una obra deslumbrante. Invisible a los ojos de un admirador común, su construcción exige el respeto de reglas claras, que no quebranten el marco jurídico determinado para la edificación. Demanda también un plan de financiación sólido que permita su ascensión segura y precisa.
Ignorar el conjunto de estos tres factores puede dar como resultado un desastre arquitectónico. A su vez, multiplicar este error puede provocar una catástrofe urbanística.
Durante años, la expansión de centros urbanos, principalmente en América Latina, se guió por esta lógica de dispersión. Por un lado, surgieron “ciudades muradas”, zonas residenciales restringidas a un selecto grupo de ciudadanos. Por otro, asentamientos informales, dominantes en el paisaje urbano y símbolos de desigualdad y exclusión. Una paradoja difícil de solucionar.
La creación de la Nueva Agenda Urbana busca dar respuesta a esta creciente dicotomía. Hoy, actores y sectores actúan como eslabones independientes de una misma cadena, que, separados, no llevan a ningún lugar. A la falta de diálogo e interdependencia, el resultado es un desarrollo compartimentado.
Otros componentes que complican esta dinámica se basan en políticas locales anticuadas, intereses partidarios y centralización de decisiones en la esfera nacional. La urbanización galopante, la falta de regularización del suelo y las deficiencias de recursos propios locales para la gestión de mejoras adecuadas – especialmente en infraestructura y provisión de servicios básicos – son otros factores que incrementan esta contradicción.
Lo que propone la nueva agenda urbana es la ruptura de este círculo vicioso. En consenso, líderes mundiales adoptaron en octubre ese conjunto de directrices para promocionar el desarrollo urbano sostenible. El documento defiende el fortalecimiento de acciones concretas a largo plazo, que tengan un impacto en la ciudad como un todo, viabilizadas por mecanismos sólidos de financiación e instrumentos eficaces de control.
Reinvención de las metrópolis
Es éste el camino que la ciudad de São Paulo eligió hace dos años. La aprobación del nuevo Plan Director, que orientará el desarrollo y el crecimiento de las ciudades en los próximos 16 años, representa un cambio de paradigma en la metrópoli brasileña a favor de un reequilibrio de desigualdades socio-territoriales. Una fórmula ya referenciada internacionalmente como buena práctica al atenerse estrictamente a los principios de la Nueva Agenda Urbana.
La propuesta de reorganizar una de las mayores metrópolis del mundo es el resultado de una extensa consulta popular, que ha incluido más de 100 audiencias públicas. Entre los principios acordados están la revalorización del transporte público, creación de empleo en áreas de gran acumulación demográfica y construcción de viviendas populares. Ideas tan simples como la transformación de plantas bajas de edificios en tiendas dinamizan paseos públicos, aumentan la seguridad y optimizan el sector del comercio y servicios locales. Las normas aprobadas también imponen detallados criterios de edificación y fijación de precios de la construcción y del uso del suelo, según el local y proyecto deseado. La tributación genera un flujo de capital constante responsable por viabilizar proyectos de revitalización de la ciudad y de cohesión social.
Inspiración para la América Latina y el Caribe
Buscando diseminar buenos ejemplos de ciudades sostenibles, la oficina regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos lanzó la convocatoria pública “Prácticas Inspiradoras hacia la Nueva Agenda Urbana.” El objetivo es identificar proyectos que lideren el camino hacia el desarrollo urbano sostenible de manera integrada.
Hasta el día 16 de diciembre, organizaciones, instituciones, municipios y ciudadanos podrán evidenciar los procesos de desarrollo y los resultados obtenidos por proyectos que han logrado hacer la diferencia en el cotidiano de sus ciudades. ONU-Habitat y organizaciones asociadas elegirán cuatro finalistas, cuyas prácticas serán transformadas en estudios de caso y referenciadas cómo ejemplo para la región. El reconocimiento sirve como un termómetro para la región de América Latina y el Caribe, explorando cómo los principios de la Nueva Agenda Urbana han sido difundidos y estimulando el intercambio de conocimiento entre municipios y/u organizaciones afines.
Más horizontalidad
En este sentido, la difusión de buenas prácticas y transferencia de conocimiento representan oportunidades únicas de estimular la creatividad y proporcionar soluciones viables tanto para el desarrollo sostenible urbano como para la creación de sociedades más justas.
Recomendaciones para alcanzar este modelo más democrático incluyen dar poder y capacitar a autoridades y gestores urbanos e incrementar la participación ciudadana. Además de los beneficios de formación tradicional, la exposición de funcionarios municipales y autoridades a mejores prácticas, redes de especialistas y grupos de discusión contribuye para crear procedimientos y una gestión más eficaz y eficiente. El aprendizaje se centra en ejemplos prácticos y conversaciones actuales sobre las tendencias urbanas de éxito, creando pilares con base en el capital humano, decisiones informadas y conscientes y adopción y adaptación de fórmulas ya comprobadas para promover un progreso sostenible.
Por otro lado, la participación ciudadana posibilita la incorporación de demandas de franjas significativas de la población, incluyendo aquellas provenientes de mujeres, ancianos, habitantes de asentamientos precarios, jóvenes, niños y minusválidos, facilitando el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria. Involucrar a ciudadanos en decisiones y ejecuciones de operaciones y políticas también es una forma de impulsar la transparencia, responsabilidad en la aplicación de normas y legislación y mayor control presupuestario.
Un ejemplo de éxito de participación e inclusión aparece documentado en “Transfiriendo Mejores Prácticas”, un informe de referencia producido por el Programa da la ONU para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat). Siguiendo el ejemplo de Porto Alegre, en 2003 el Congreso de la República del Perú aprobó la Ley Marco del Presupuesto Participativo con la intención de promover la participación ciudadana en la decisión presupuestaria, y asegurar mecanismos de vigilancia y fiscalización de la gestión de recursos financieros. El distrito de Villa El Salvador, Lima, sin embargo, dio un paso adelante al incorporar a esta estrategia la perspectiva de género, y, de esta forma, potencializar la aprobación de leyes y proyectos sensibles a esta cuestión.
