Las decisiones tomadas en términos sanitarios para enfrentar la pandemia que atraviesa el mundo se enfocan especialmente en acciones para mantener el distanciamiento físico. En las ciudades latinoamericanas, caracterizadas por alta desigualdad social, la respuesta sanitaria homogénea impacta sobre múltiples vulnerabilidades y territorios. La obligación de quedarse en casa, acción aparentemente simple en términos de formulación, es sumamente compleja de implementar íntegramente en nuestra región debido a la heterogeneidad mencionada, sobre todo, si se toma en cuenta que en América Latina existen más de 130 millones de personas que residen en asentamientos precarios.
A pesar de que aún no se sabe cuánto durará la crisis ni la forma que tendrá su recuperación, a medida que van avanzando y, en muchos casos, extendiéndose los días de cuarentena, las autoridades locales, regionales y nacionales de los países de la región vienen implementando medidas que responden a esta diversidad de realidades urbanas, permitiendo reducir el impacto en los más vulnerables y garantizando condiciones adecuadas de hábitat y vivienda. A continuación, se mencionan cuatro tipos de acciones observadas en nuestra región.
La primera de ellas tiene que ver con la provisión de vivienda temporal. Esta medida puede ser utilizada para acoger a personas en situación de calle, migrantes o personal de salud que está atendiendo la emergencia y no puede regresar a su casa. Se han implementado medidas a nivel nacional como, por ejemplo, el caso uruguayo, en el cual mediante un trabajo conjunto realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretarían Nacional del Deporte, se ha habilitado el estadio de básquetbol Palacio Peñarol para personas en situación de calle. Lo mismo sucede a nivel local, en Quito, con la Casa de la Cultura como un espacio de albergue seguro para la población que no cuenta con una vivienda.
La segunda medida tiene que ver con la suspensión de desalojos, ya que la cuarentena trae como consecuencia la pérdida de ingresos en hogares que subsisten día a día mediante actividades comerciales, productivas o de servicios que no pueden realizarse desde el hogar. En Argentina, se ha prohibido el desalojo de viviendas por falta de pago hasta septiembre de este año, y en Paraguay el no pago del alquiler no podrá ser causa de desalojo, siempre y cuando se pague al menos el 40 % del valor mensual del alquiler, y lo adeudado sea pagado a partir de julio hasta en 6 cuotas mensuales. Sin embargo, esta medida no incluye las modalidades que existen de alquiler informal.
La tercera medida está relacionada con la flexibilización en el pago de hipotecas y alquileres. En Bolivia se diferirá el pago de capital de las deudas al sistema financiero por los siguientes dos meses, los cuales serán pagados al final del crédito, siendo los bancos quienes asumirán el costo de este diferimiento. De la misma manera, en Bogotá se reglamentó la aplicación del auxilio para el pago de arrendamiento en el marco de la estrategia de Bogotá solidaria en casa, dirigido a familias de escasos recursos que perdieron sus ingresos por la emergencia, haciendo mayor énfasis en hogares, cuyos jefes de hogar sean mujeres menores de 18 años y mayores a 60 años, que sufran alguna condición de discapacidad o que sean víctimas de algún tipo de violencia.
La última medida está relacionada a la flexibilización del pago de servicios para asegurar el consumo de agua, electricidad, gas y otros servicios. Esta medida ha sido ampliamente adoptada en distintos países de la región. En Bolivia, el estado se hará cargo del pago total de las facturas de energía eléctrica y pago parcial por el consumo de agua para la categoría domiciliaria en base a unos montos específicos, por un plazo de tres meses. Colombia realizará la reconexión del servicio de agua a los hogares que por retraso en el pago tenían suspendido el servicio. En Paraguay, se postergará el pago de servicios de electricidad, agua y telefonía por tres meses, y en Perú se postergó el pago del servicio de agua por el mes de marzo.
La cuarentena en la mayoría de los países de la región, sin una fecha precisa de terminación, obliga a reflexionar sobre la efectividad y la sustentabilidad de estas acciones con el fin de alimentar el diseño de políticas públicas enfocadas en la mejora actual y futura del hábitat de la población más desprotegida. Para ello, tres aspectos deberían contemplarse: i) la necesidad de coordinar entre los distintos niveles del estado (nacional, regional y local) la atención de los sectores más vulnerables; ii) el estímulo de la innovación en el diseño de la vivienda que permita una provisión adecuada a las necesidades y que además sea sostenible en el tiempo; y iii) la utilización de diferentes instrumentos de planificación del uso del suelo y financiamiento que permita alivianar la carga sobre el sector público.
Columna publicada originalmente en Blog Visiones de CAF
