Gracias al trabajo conjunto de organizaciones sociales, el Gobierno Nacional de Argentina promulgó un decreto que reconoce la existencia de los barrios populares. Ello significa que por lo menos 3 millones de personas podrán recibir el Certificado de Vivienda Familiar, un documento que legaliza sus casas y reconoce su Derecho a la Ciudad, principio reivindicado en la Nueva Agenda Urbana.
“Tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza”. Así rezan de manera coloquial en algunos países de Latinoamérica, para reivindicar el derecho a la vivienda que tiene cualquier persona en el mundo. Y tal reivindicación es más evidente si en una región como la latinoamericana 120 millones de personas (el 20 por ciento de la población), vive en asentamientos informales, villas o favelas.
Para el caso de Argentina, y según el relevamiento (investigación) hecho el año pasado por la organización no gubernamental Techo, 1 de cada 10 personas vive en asentamientos informales, es decir, al menos 3 millones de personas. El estudio, que comprendió el territorio que habita el 67% de la población argentina, identificó 2.432 asentamientos donde viven 650.685 familias. A pesar de este cálculo, se estima que hay 4.100 asentamientos en la totalidad del territorio argentino.
Lo cierto es que estos barrios, villas o asentamientos no figuraban en el mapa. Eran zonas fantasmas en la cartografía urbana. Hay casas, calles, familias, seres humanos, pero no había ninguna ley nacional ni organismo público que reconociera su existencia.
Ante esta realidad, cinco organizaciones sociales, entre ellas Techo Argentina, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), trabajaron en la construcción del primer Registro Nacional de Barrios Populares. Miles de vecinas y vecinos fueron casa por casa para encuestar a las familias que viven en estos lugares. Fue así como Techo lideró el ejercicio y se enfocó en lo que mejor sabe hacer desde 2009: relevar asentamientos.
El Gobierno Nacional apoyó esta iniciativa de la sociedad civil, superando incluso en muchos casos su comprensión del problema y sus propias contradicciones en la gestión del hábitat.
Un primer paso hacia la solución del problema
Luego del trabajo de estas organizaciones, el pasado mes de mayo el Gobierno Nacional firmó el decreto 358 de 2017, que reconoce la existencia de los barrios populares y crea el Certificado de Vivienda Familiar. Se trata de un documento que legaliza los domicilios y reconoce el Derecho a la Ciudad de estas personas.
¿Pero qué efecto tiene la aprobación del decreto para las personas que viven en los asentamientos? En el corto plazo el efecto es más simbólico que concreto. Eso sí, los barrios pasan a ser reconocidos de una vez por todas en los registros oficiales del país.
Pero el objetivo ahora es avanzar un paso en un asunto clave: la seguridad en la tenencia del suelo de las familias que habitan en los asentamientos (un instrumento es la titularidad de la propiedad pero no es el único). También implicaría que, en el corto plazo, el certificado permita avanzar en el acceso a servicios públicos básicos (agua, luz, gas, alcantarillado), ya que en este momento no tienen conexión formal. Pero también que puedan exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos; todos los servicios necesarios para su bienestar.
Sin embargo, para los voceros de Techo aunque el Relevamiento de Barrios Populares y de Viviendas Populares (lanzado oficialmente en octubre 2016) – si bien es un fin en sí mismo (visibilizar y darle reconocimiento formal) – es fundamentalmente un medio para avanzar en la integración social y urbana de los barrios, que hoy sufren procesos de estigmatización y exclusión.
De esta manera, los vecinos y vecinas de los barrios populares no se resignan a ser tratados como ciudadanos de segunda. Esta es una reivindicación que según sus promotores “se inscribirá entre las grandes conquistas de nuestro pueblo. Es saldar una deuda histórica. Pero esto recién empieza.”
Los departamentos en Argentina con mayores asentamientos
1º Buenos Aires: 82.585 familias en 42 Asentamientos
2º La Matanza: 48.000 familias en 114 Asentamientos
3º Rosario: 45.950 familias en 155 Asentamientos
4° Quilmes: 36.545 familias en 56 Asentamientos
5° General San Martín: 29.450 familias en 40 Asentamientos
6° La Plata: 26.450 familias en 157 Asentamientos
7° Moreno: 23.150 familias en 79 Asentamientos
8° Florencio Varela: 20.435 familias en 65 Asentamientos
9° Merlo: 20.165 familias en 52 Asentamientos
10° Lomas de Zamora: 19.390 familias en 36 Asentamientos
11° Departamento capital de Tucumán: 18 familias en 67 Asentamientos
12° San Fernando en Chaco: 18.570 familias en 166 Asentamientos
