Sobre Ibagué se cierne una amenaza real: de mantenerse la disminución del caudal del río Combeima, su principal fuente de agua, en 20 años la capital del departamento del Tolima moriría de sed.
Los elementos de presión sobre esta fuente hídrica van desde el fenómeno del Niño y la minería, hasta el vertimiento de aguas residuales y de desechos sólidos, pasando por los asentamientos humanos en zonas que afectan el río. Estas últimas, preocupaciones de la Nueva Agenda Urbana formulada en Quito 2016, en sus prioridades como la relación entre medio ambiente y urbanización.
Según el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, esta ciudad tiene retos en cobertura del servicio de acueducto, en el índice de continuidad del servicio (está por debajo del promedio nacional con 21,4 horas continuas de suministro). También deberá trabajar en este mandato sobre el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) que se ubica cerca del nivel medio y además hacer énfasis en la casi totalidad de sus acueductos comunitarios (29 de 32) donde el agua no es potable.
En tratamiento de aguas residuales se indica que solo el 12% de las aguas residuales de Ibagué son tratadas y ante ello la Administración quiere avanzar hasta el nivel del 95% de líquido tratado, recurso que será usado posteriormente para riego en las denominadas zonas Agrópolis que buscan fomentar la transformación de grandes extensiones sembradas de arroz, hacia la producción de frutas y hortalizas y abandonar el modelo de monocultivo que tanto agota las tierras.
Y es que la lucha por mantener el elemento agua disponible y de calidad para Ibagué vas más allá de la tecnocracia y debe incluso ser defendida en los estrados.
Una de las primeras acciones del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo en su mandato, fue entablar al inicio de 2016, una fuerte disputa legal con el Estado por evitar a la compañía minera Anglo Gold Ashanti la explotación de oro a cielo abierto en el municipio de Piedras, ubicado a cerca de 50 kilómetros de Ibagué, lo que afectaría directamente la cuenca del río Coello a la que pertenece el río Combeima.
De perder esta batalla, la erosión y la contaminación con mercurio, por citar solo un par de nefastos impactos, se pondría en riesgo no solo la sostenibilidad de la ciudad sino la de otras comunidades.
La disputa es sobre si son los municipios y sus comunidades quienes tienen el derecho a decidir las explotaciones de sus suelos, o si es el Estado.
Mientras las altas cortes del país deciden sobre el futuro, el alcalde Jaramillo trabaja en distintas acciones con la intención de proteger este recurso para los más de 500.000 habitantes de Ibagué.
