El alto número de homicidios que ha registrado México en los últimos años también ha tenido como víctimas a alcaldes, exalcaldes, alcaldes electos, candidatos a alcaldes y regidores. ¿Cuáles son las causas de esta violencia contra los mandatarios locales?
Agustín Velasco – Corresponsal en Ciudad de México
No habían pasado ni 24 horas desde que juró como alcaldesa de Temixco, municipio de la zona metropolitana del estado de Morelos, cuando un comando de 10 hombres entró a la casa de Gisela Mota Ocampo –eran alrededor de las 7:00 de la mañana del 2 de enero de 2016–, encañonaron a sus familiares, subieron por ella a su recamara, la bajaron con violencia y frente a su madre, Juana Ocampo, le quitaron la vida.
Entre el 16 de noviembre de 2006 y el 1 de enero de 2016 –es decir antes del caso de Gisela Mota– en México fueron asesinados 75 alcaldes, exalcaldes, alcaldes electos, candidatos a alcaldes y regidores. Después de ella, a la lista elaborada por la Asociación de Autoridades Locales de México A. C. (AALMAC), se sumaron otros 42 nombres. Hasta el 13 de enero pasado, estos crímenes sumaban 118.
Los asesinatos de alcaldes en México –donde hay dos mil 446 municipios y 16 alcaldías de la capital– se asemejan a una novela negra y es que, según los registros de la AALMAC, existen casos en los que el crimen incluso ya trasgrede a las familias de estas autoridades.
Para muestra dos botones: al ex alcalde de Zitlala, Guerrero, asesinado el 10 de octubre de 2017, también le mataron a su hermana y a su cuñado; el 3 de enero 2018, fue muerto a balazos dentro de su casa el ex alcalde de Mixquiahuala, Miguel Ángel Licona Islas (PRI), ahí también mataron a su hijo Miguel Ángel Licona Pérez.
En un país con 80 ejecuciones al día –durante 2017 en México se registraron 29 mil 168 homicidios dolosos según datos oficiales–, era cuestión de tiempo para que la violencia alcanzara a las autoridades que se encuentran más cerca de los ciudadanos como las y los alcaldes, asegura Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
“Ejecutan, a través de la violencia, estas amenazas, a veces porque la persona no responde a lo que los delincuentes quieren, a veces porque la persona no hizo algo que ellos querían o a veces simplemente como advertencia para los que van a quedar (…) el tema no es por qué no han evitado el crimen de alcaldes, hay que evitar el crimen, punto. Hoy en México tenemos un crecimiento en la incidencia delictiva que viene de diferentes razones”, explica.
La Asociación Nacional de Alcaldes, que agrupa principalmente a autoridades emanadas de las filas del Partido Acción Nacional pero que también lleva un recuento de otros partidos, denunció el pasado 21 de enero que los estados más peligrosos para ser alcalde en México son Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, seguidos por Estado de México, Guerrero, Puebla y Tamaulipas.
En menor medida se encuentran los estados Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. En todo el país, desde 2006 y hasta el 21 de enero, fueron asesinados 52 alcaldes en funciones, nueve electos y 53 ex alcaldes.
Según los datos de la ANAC, existe una franja de entidades en las que los crímenes a alcaldes aún no se han presentado: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala Y Yucatán.
“Es más peligroso donde sabemos que hay pugnas o que, como insisto, puede ser territorios de interés de la criminalidad por la posición geográfica, porque hay algún bien o producto de interés para los delincuentes como oleoductos, minas, siembra de marihuana o amapola”, especifica Francisco Rivas.
En lo que se refiere a los dos últimos sexenios, 49 alcaldes fueron asesinados durante la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa y en lo que va del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, suman ya 65 a poco menos de año de que concluya su mandato.
De los 114 crímenes contabilizados por la ANAC, 22 se cometieron en 2017, el año más sangriento para las autoridades locales. Según el análisis el bajo desarrollo institucional, la presencia del crimen organizado y la falta de recursos para seguridad pública son tres características de los municipios donde más homicidios de este tipo se registran.
Rivas Rodríguez suma otra teoría: a raíz del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006, las bandas delincuenciales se “pulverizaron” en células que migraron a, por ejemplo, extorsionar a empresarios grandes y pequeños, extraer combustible de manera ilegal de los ductos de Petróleos Mexicanos y, por supuesto, robar a los municipios que cuentan con recursos públicos.
“Algunos de los grupos ya no se dedicaron al trasiego, por complicaciones del negocio, el trasiego de drogas es un negocio complicado entonces no todas las bandas se pueden dedicar a él y en ese contexto lo que acabó sucediendo fue que algunas (bandas) migraron a otro tipo de negocios ilícitos (…) hoy tener el control de un diputado, de un alcalde, de un senador o de un gobernador, para un delincuente que se dedica a diferentes tipos de ilícitos tiene un beneficio, porque finalmente es favorecer esos negocios, que no te investiguen, que no tengas en contra a la institución de gobierno”, explica.
Actualmente, ni la AALMAC ni la ANAC cuentan con estadísticas sobre el número de alcaldes que se encuentran bajo amenaza del crimen y son extorsionados. Aunque en 2014, la Asociación de Alcaldes de México estimó esa cifra en 10 por ciento.
El Observatorio Ciudadano coincide en una de las evaluaciones de la ANAC: la carencia de recursos para mejorar las condiciones de seguridad en los municipios.
“Cuando volteamos a ver a los municipios de repente descubres que hay cámaras (de video vigilancia) pero no funcionan, o no están conectadas, o sí funcionan pero no hay personal para responder las emergencias; o se compraron patrullas pero las patrullas ya no funcionan; o que la capacitación no logró impactar en las competencias de cada uno de los integrantes de las instituciones”, destaca.
Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, el municipio más rico del país según la firma estadounidense Standard & Poor’s, apunta que en México no todos los munícipes están bajo las mismas condiciones para enfrentarse a los criminales.
“Depende en dónde estés, qué compromisos tengas, qué recursos tengas, qué infraestructura tengas, qué calidad de policías tengas (…) en la zona metropolitana de Monterrey (capital de Nuevo León), los estándares de policías son de uno por cada mil habitantes y en San Pedro Garza tenemos seis policías, los estándares mundiales son tres policías. Eso cuesta una fortuna. Yo tengo dos mil cámaras, otros no tienen nada, tengo centros de inteligencia, hay una importante coordinación con el gobierno federal, casi ningún municipio en México las tiene”, sostiene.
Fernández Garza se hizo famoso por la “rudeza –como él mismo la llama– con la que enfrentó al narcotráfico en su municipio desde el primero de los tres mandatos que ha tenido. El Alcalde (homónimo del documental que relata su vida) ha sido amenazado en por lo menos cuatro ocasiones, los cuatro que lo amenazaron están muertos, presume.
Otros datos abonan a la lectura de la violencia contra alcaldes en México: en 2017 de los 353 millones de dólares que el gobierno federal destinó al fortalecimiento en la seguridad en 300 municipios, hasta noviembre de ese año apenas se habían ejercido 44% del total de los recursos que tendrían que destinarse a infraestructura, equipamiento, profesionalización y certificación policial.
Por otro lado está la implementación del Mando Único Policial, un modelo de seguridad que prevé la desaparición de los cuerpos de seguridad locales y que estos sean sustituidos por policías estatales en las 32 entidades de la república, no se ha podido implementar en la totalidad de los más de dos mil 400 municipios del país debido, principalmente, a conflictos políticos entre alcaldes y gobernadores.
El ejemplo más destacado es el conflicto entre el alcalde de Cuernavaca, la capital del estado de Morelos, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco y el gobernador de la entidad Graco Ramírez. Tras meses de desencuentros, el primero impugnó el Mando Único ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentando que el control de la seguridad por parte del gobierno estatal “invade la competencia municipal”.
En enero de 2016 el Mando Único ya se aplicaba en varios municipios de Morelos, incluido Temixco, pero esto no fue impedimento para que un comando de 10 personas entrara a la casa de la alcaldesa Gisela Mota y la ejecutara frente a su familia.
El próximo 1 de julio México llevará a cabo los comicios más grandes de su historia y renovará más de tres mil cargos, entre estos el de presidente de la República, 500 diputados federales, 128 senadores, nueve gobernadores y, bajo el riesgo en el que se encuentran, se elegirán mil 596 alcaldes de 254 estados.
Las listas de agresiones contra autoridades municipales de la AALMAC y la ANAC cortaron el pasado 13 y 23 de enero respectivamente, por lo que en estos registros no se contabilizó el asesinato del regidor del municipio de Celaya, estado de Guanajuato, el 24 de enero. Jorge Montes González, quien también era líder municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) local, fue asesinado con disparos de armas de grueso calibre mientras circulaba a bordo de una camioneta… los crímenes contra autoridades locales mexicanas siguen sumando.
