El caso refiere al impacto causado por un proceso judicial que repercute no sólo en las vidas de los defensores, sino en toda la comunidad de Tlanixco, en el EdoMéxico.
Defensores de los derechos humanos de la comunidad indígena de San Pedro Tlaxnico, municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México, estarían siendo criminalizados, en un flagelo en aumento, de acuerdo con lo revelado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por la ONU, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, que defendían el derecho al agua de la comunidad, fueron condenados a 50 años de prisión el 27 de noviembre de 2017 por hechos ocurridos en abril 2003 que culminaron con la muerte de un empresario floricultor de Villa Guerrero.
Tras el análisis de la información recogida, incluida la contenida en el propio expediente judicial, la citada Oficina de Naciones Unidas considera que “la administración no habría observado el derecho al debido proceso legal de los defensores en todas sus dimensiones”. Además, la Oficina de los Derechos Humanos expresó su preocupación por la falta de garantías al debido proceso en el juicio, en particular en relación con la presunción de inocencia, la valoración de los testimonios, la individualización de la pena y la duración de la prisión preventiva.
“Esta secuencia de violaciones al debido proceso legal puede entenderse como una criminalización de los defensores indígenas en la medida que se constata una inadecuada aplicación de la justicia”, destacó la Oficina del Alto Comisionado, al tiempo que aseguraron que “el actual proceso de apelación es una oportunidad única para que el Poder Judicial repare los derechos violados”.
Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, tras su visita a México, declaró que “las actividades de los defensores de los derechos humanos en México han sido criminalizadas mediante un uso indebido e intencionado de la legislación penal y la manipulación de la pretensión punitiva de las autoridades por parte de agentes estatales y no estatales”, esto, afirman, con el propósito de obstaculizar y hasta paralizar los esfuerzos destinados a ejercer el derecho legítimo a promover y proteger los derechos humanos.
