La creación en Argentina de la Red de Observatorios Locales sobre Violencias y Delitos, permite listar algunos denominadores comunes de seguridad para orientar a los entes locales ante esta problemática de las ciudades en Latinoamérica.
La seguridad ciudadana se ha convertido en la actualidad en uno de los problemas transversales de las ciudades, incluso opacando y consumiendo recursos y esfuerzos importantes frente a otros retos como la movilidad, la salud, la educación, los servicios públicos y la vivienda, por mencionar solo los más recurrentes.
Las transformaciones actuales de las grandes ciudades o municipios conducen a nuevos conflictos sociales y de convivencia, generando a su vez fenómenos como el incremento de los delitos en el que el estado, antes pensado como único proveedor de la seguridad ciudadana -concepto derivado de un modelo europeo de estado benefactor y ya agotado-, no tiene toda la capacidad de resolver estos asuntos según los expertos. Allí es donde la integración de herramientas de alta calidad, como la información de los observatorios y políticas públicas, surgen como la mejor opción para confrontar la situación desde el ámbito municipal como responsable.
En Argentina, frente a esa problemática que afecta las grandes ciudades del país, se creó en 2016 la Red de Observatorios Locales sobre Violencias y Delitos (ROLVYD) con el objetivo de trabajar “sobre una agenda de incentivos políticos para la creación de nuevos espacios de producción, gestión y análisis del conocimiento sobre seguridad, de investigación pública, y de monitoreo y evaluación de las políticas públicas consecuentes”.
Rolvyd surgió con el impulso del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) fundación con sede en Buenos Aires y que se gestó para aportar en la consolidación del estado de derecho en Latinoamérica y el Caribe, específicamente enfocándose en “los sistemas de seguridad pública, los servicios de inteligencia y de las Fuerzas Armadas ligados a la transición democrática”.
De ese ejercicio surgió el documento ‘Municipios: los nuevos actores de la seguridad ciudadana’, que expone las pautas a tener en cuenta para que los municipios puedan estructurar su lucha frente al delito y el protagonismo de herramientas como la información surgida de los observatorios del delito, la violencia y la seguridad, y claro, su importancia.
Estos son cinco elementos necesarios de considerar en los municipios latinoamericanos:
- Los municipios, responsables de la seguridad
En el caso de Argentina y en el de muchas ciudades latinoamericanas, los fenómenos de seguridad ciudadana como problemática, surgen tras los periodos de dictaduras y el restablecimiento de las democracias.
“De hecho, la cuestión de la democracia y el aumento de delitos predatorios, comunes o callejeros, que son a su vez los que mayor impacto tiene en lo que se denominan los índices de sensación de inseguridad de la población, terminaron conviviendo en la teoría y práctica de las naciones latinoamericana y particularmente en la República Argentina, especialmente en las grandes ciudades”.
Y aunque los expertos no tienen elementos de comprobación, sí consideran empíricamente que podría existir una relación entre los aumentos de indigencia, marginalidad y pobreza que implicó e implica el crecimiento de las ciudades y los delitos comunes u otras formas delictivas.
“Ya no se trata de debatir si los responsables del ejecutivo local deben o no hacerse cargo de las políticas públicas de seguridad en su ámbito de competencia, sino más bien la pregunta se ha ido orientando al ‘qué hacer’ específicamente ante una problemática compleja que cada vez demanda más y mejores respuestas”.
El concepto, que no exime al gobierno local de la tarea, se construyó luego de que los municipios pasaran por varios enfoques: el primero cuando, al confrontarse ante el crecimiento del problema de seguridad ciudadana, las autoridades locales convocaron a las del nivel nacional para solucionar el problema, entendiendo luego que el ámbito nacional no comprendía las dinámicas locales, pues para los ciudadanos el estado más cercano a sus problemas es el municipal. El segundo enfoque se trata de autoridades locales que empiezan a gestionar esas posibles soluciones de seguridad ciudadana desde herramientas policivas, sin mucha información y desintegrados de otras dimensiones como la social.
El tercer enfoque, mucho más ideal es el que incorpora herramientas de prevención; soluciones policiales enfocadas por niveles de delitos -no es la misma policía la que debe manejar los delitos de violencia familiar a las bandas de delincuencia organizada, por ejemplo-; gestión social e información de calidad para formular políticas públicas efectivas.
- Contexto, claridad e integración institucional
Los municipios, sugiere el documento, requieren integrar, involucrar en sus decisiones de seguridad ciudadana, en sus esfuerzos, a los demás niveles gubernamentales: el departamental o provincial y el federal o nacional.
Muchas veces el poco nivel de integración entre estas tres instancias, conduce al fracaso de decisiones o políticas de seguridad cuando, por ejemplo, una decisión de las autoridades locales entra en conflicto con otras de orden nacional, derivando en el desperdicio de esfuerzos y recursos.
En este sentido, los expertos indican que los municipios o ciudades deben especializar a los funcionarios que estén involucrados en la gestión de la seguridad ciudadana para integrar desde todos los niveles de conocimiento, las distintas dimensiones de la problemática. “Un gestor de la seguridad pública que no entienda de crimen, de violencias, que no entienda de lo que es gestión de crímenes y violencias, no es un gestor de seguridad pública. Ahí tiene que haber un adiestramiento importante.”
Esto sí ocurre con funcionarios del campo de la salud, de la infraestructura, la educación, etcétera. Con este capital humano especializado es posible entonces la integración con otras instituciones del municipio, permitiendo el desarrollo de acciones preventivas, estratégicas o de control, o políticas públicas más integrales. Esto bajo el entendido de que una intervención integral contribuiría en la mejoría de la percepción de seguridad pero los fenómenos delictivos no podrán erradicarse por completo de las ciudades.
“Aquellas políticas de seguridad que apuntan a delito cero para este tipo de problemáticas que están determinadas por factores demográficos, económicos, sociales, culturales, político-institucionales de tal envergadura serían una ilusión y una ficción”.
- La gestión social y la gestión de la seguridad
La gestión social en las ciudades es una dimensión más amplia que la de seguridad ciudadana y por ello los expertos recomiendan a las autoridades municipales latinoamericanas establecer en sus políticas lineamientos más estructurales que integren las dos dimensiones como un factor fundamental que complemente las acciones policiales.
“Es tan fuerte la mirada policialista de la gestión de la seguridad pública que, inevitablemente, excluye esto de la consideración: que hay una serie de instrumentos y de recursos de intervención sobre esas problemáticas que no son policiales, que son sociales, son económicas, son culturales y que, en general, se abordan con instrumentos propios de lo que es la gestión de la salud, la educación, el desarrollo social, la gestión urbana e infraestructural de las ciudades y, también, la gestión de lo que son las relaciones laborales en términos generales”.
En ese sentido se requiere en las ciudades, en los municipios, la creación por ejemplo de secretarías de seguridad que contribuya en la reducción del enfoque policivo y tenga un marco de referencia en las demás secretarías como la de desarrollo social, la de salud, la de educación y pueda, en dos vertientes -una policiva y una social-, desarrollar una mejor intervención, incluso en materia de eficiencia y eficacia de los recursos.
- Generación de información: la clave de la gestión
La información y de calidad sobre el delito, la violencia y la seguridad ciudadana es la base para la formulación de las políticas públicas municipales frente a los problemas delincuenciales.
Desde hace décadas, entidades de los distintos niveles como los ministerios de justicia, las fuerzas policiales o armadas las instituciones penales, las entidades forenses, vienen generando información acerca del delito y las expresiones delictivas; sin embargo, no muchas veces se conoce la finalidad precisa de esa información, lo que limita su aprovechamiento.
“Entendemos que conocer el alcance de cada fuente de información representa el paso previo ineludible al desarrollo eficaz de un sistema de gestión o análisis criminal”, indica el documento como el primer problema.
El segundo que menciona, es la costumbre de confundir el conteo o sumatoria de delitos u ‘objetos’ con estadísticas. “Por lo tanto, en lugar de producir conocimiento, meramente se enumeran entidades y se realizan solo los más elementales procesos de análisis. Este enfoque de valoración de la información en un momento social y político como el actual, se constituya para los municipios en una herramienta para clarificar y definir las herramientas de las que dispone el gobierno local para desarrollar sus políticas “(…) y cómo logra potenciar su principal activo, que es el conocimiento local sobre la conflictividad y la violencia”.
Dentro de las características que debe tener esa información de calidad es una mirada dual del fenómeno en su totalidad. La primera mirada es la de los “factores sociales” que los expertos denominan conflictividad y la otra la de los “procesos de criminalización” que abarcan el impacto de las políticas y la gestión pública.
Por ello los autores expresan que se debe, con base en esas características, superar la costumbre de la acumulación de casos valorada como análisis: “se suelen presentar acumulados de casos o conteos de tipo de personas (víctimas o imputados), sin que ello implique un análisis mayor al de establecer porcentajes de aumentos o tasas de ocurrencia, generalmente hechos sobre series tan cortas que invalidan cualquier análisis, aun en ese estrecho campo de visión”.
Otra de las características necesarias para la producción de información de calidad en materia de seguridad ciudadana en los municipios o ciudades es el equilibrio entre la información cualitativa y cuantitativa. Se trata de conocer las interacciones sociales tales como la rivalidad entre grupos y tribus urbanas o las formas de sometimiento de la mujer que derivan en violencia intrafamiliar, por ejemplo y que se debe fundir con la cuantitativa, mucho más útiles por ejemplo en materia de operaciones policiales que para la formulación de políticas con base en análisis.
En tal sentido, el documento advierte que esa mirada corta, la cuantitativa, puede ser usada con fines propagandísticos, distinto a la complejidad de la información analítica. “Esas instancias de producción de información no deben convertirse en ámbitos donde se generan mensajes publicitarios, al servicio de políticas demagógicas o que pretenden hacer creer que existe una preocupación oficial que no es tal”.
- El papel de los observatorios
El objetivo central de la creación de los observatorios, según el documento es la recolección de información, “su análisis, la formulación de políticas públicas, hacer veeduría social y monitorear las tendencias de inseguridad”. Los observatorios son considerados como una herramienta metodológica de investigación de los fenómenos delictivos en su conjunto y sus consecuencias, mirados como procesos epidemiológicos de salud pública.
Ellos surgieron como respuesta a los tres estadios de respuesta municipal a la problemática de la seguridad ciudadana que están definidas como el primero el desentendimiento; el segundo el de respuestas parciales y no sistematizadas al problema y el tercero el de las políticas integrales, el más actual, al menos en la teoría.
El observatorio pionero fue creado en Cali (Colombia) en 1992 y “se ha convertido en una alternativa pionera en el mundo” y los organismos internacionales como Banco Interamericano de Desarrollo o la Organización Panamericana de la Salud apoyan su creación con base en el reconocimiento de su importancia y valor para las ciudades.
Los especialistas consideran que no todos los municipios pueden crear centro de producción de información como los observatorios, por limitantes tanto de recursos como de recurso humano especializado, en ese caso lo ideal para los municipios sería la especialización de personas (analistas) en entidades ya existentes, aunque no sea lo más viable, indican.
Ahora, el trabajo de los observatorios municipales tendría actualmente cuatro dimensiones claras para los autores del documento: construcción de un flujo de datos entre diversas instancias municipales o las que se requiriese; la segunda sería la depuración y normalización de los datos. En la tercera dimensión estaría ubicado el análisis concreto y la cuarta consistiría en el acompañamiento de las políticas que se sustentaron en la información emitida anteriormente; es decir una evaluación del impacto de la misma.
Finalmente, la creación en Argentina de una red de observatorios es la evidencia de la importancia que están cobrando este tipo de centros de producción de información como base de la gestión de la problemática de la seguridad ciudadana en los municipios latinoamericanos, una estrategia fundamental en la solución integral este fenómeno común para los gobiernos locales pero que, de no haber una estructura institucional para “los observatorios puedan insertarse, con la que puedan interactuar y que pueda aprovechar sus avances, están condenados al ostracismo, la banalización o, directamente, la desaparición”.
