El modelo de transporte masivo en Colombia tiene cada vez más complejidades y desafíos, en opinión de la organización que reúne a las empresas de este tipo en Latinoamérica.
En el papel, la movilidad es un derecho social en Colombia. Así lo establece la Constitución Política. Pero, en la práctica, el actual Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) que, no obstante exaltar las bondades de la movilidad sustentable, basándose para ello en los postulados de las mejores prácticas internacionales, termina por desconocer todas esas formulaciones espectaculares, al determinar de manera concluyente que “en ningún caso” el gobierno nacional podrá realizar transferencias para cubrir las demandas de los sistemas de movilidad en las ciudades.
Es por ello que el caso colombiano despierta la mayor inquietud entre la organización de ciudades líderes en Movilidad Urbana Sustentable en América Latina (MUSAL).
Las anteriores consideraciones las formula Luis Ricardo Gutiérrez Aparicio, secretario ejecutivo de MUSAL, quien califica tal situación como “una desgracia para los usuarios”, porque, “al abdicar de sus responsabilidades, o sea, al no honrar ese derecho social, el gobierno nacional colombiano deja a las ciudades abandonadas a su suerte”.
Según los análisis de esta entidad, la irrupción de Transmilenio en Bogotá (Empresa de Transporte del Tercer Milenio S. A.) fue asumida como un modelo de éxito a partir de diciembre de 2000, cuando fue inaugurado el sistema durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa. Por tal razón, comenzaron desde entonces sus réplicas en otras ciudades colombianas, sin que nadie reparara que esas decisiones no obedecían a una coherente política pública.
Producto del entusiasmo –asegura Gutiérrez Aparicio–, muchas ciudades procedieron a la construcción parcial de nuevas infraestructuras y de corredores privilegiados que ofrecían soluciones de alto rendimiento, pero, en el camino, fue quedando demostrado que ello no estaba jalonado por autoridades capaces e idóneas en la materia, ni tampoco con los recursos financieros suficientes para que paulatinamente el nuevo sistema expandiera la movilidad a toda la ciudad, como lo esperaban amplios sectores marginados de un buen servicio de transporte.
“Todo se quedó corto. Y así fue como la reproducción en precariedad del modelo, llevó a que esas ciudades colombianas terminaran dedicadas a cuidar la criatura que se construyó, es decir, a cuidar un corredorcito de privilegio sin la espalda financiera que tiene Bogotá, sin fondo de contingencia y con unos pobres entes gestores a los que no les fueron delegadas todas las atribuciones y responsabilidades en materia de transporte urbano, como por ejemplo, atender la creciente demanda, mover al transporte convencional y sus rutas, y darle un manejo adecuado a las tarifas que sigue en manos de los alcaldes”, explica el secretario ejecutivo de MUSAL.
Y su conclusión es determinante: “en Colombia, todos esos sistemas de transporte masivo están en crisis. Todos”.
“Y que no digan que la culpa la tienen las ciudades que no cumplieron con sus tareas” —explica— porque “el problema de fondo es que el gobierno nacional, con muy buenas intenciones, acompañado del Banco Mundial, estructuró mal la solución de movilidad en las ciudades colombianas, con una exportación exitista del modelo de Transmilenio, cuyo enfoque es absolutamente insuficiente, sin universalidad ni calidad”.
No resulta extraño, entonces, que “todo este desbarajuste acumulado”, se vea hoy reflejado en la caída permanente de la calidad de esos sistemas y en problemas financieros por acumulación de deudas. O, como ha ocurrido en la ciudad de Cali, “ya ni aparecen los buses con la defección de Unimetro, porque los operadores simplemente dijeron que no iban más por carencia de dinero”.
En cuanto a una solución oportuna de esta problemática que destruye esfuerzos, genera malestar social y que ha llevado incertidumbre a los bancos que financiaron el sistema, los estudios de MUSAL no la ven aparecer en el corto tiempo, ante “la carencia de una política pública nacional consistente, que provea apoyo a la ciudades con una adecuada institucionalidad y financiamiento de largo plazo”.
En concepto de Luis Ricardo Gutiérrez Aparicio, “cada minuto que pase sin que el gobierno nacional tome cartas en el asunto y entienda que esta situación necesita asistencia para frenar la expansión de la crisis, seguirán siendo los contribuyentes los que deban pagar todos estos platos rotos porque los operadores están enjuiciando a las ciudades y están ganando los pleitos ante la justicia”.
