Escrito por Lynn Scholl, Alana Fook, Juan David Barahona y Seonhwa Lee
Publicado originalmente en Moviliblog de el BID
La movilidad y la accesibilidad son elementos esenciales para una vida digna y el pleno desarrollo de las personas y las sociedades. Los sistemas de transporte eficientes, seguros, asequibles y accesibles no sólo promueven la productividad económica y crean puestos de trabajo, sino que pueden aumentar el acceso al empleo, al ocio y a otras oportunidades esenciales para la vida que permiten a las personas mejorar sus condiciones de vida y salir de la pobreza.
Sin embargo, el transporte suele plantear más, y no menos, barreras para los habitantes de América Latina y el Caribe. Éstas pueden incluir las barreras físicas a las que se enfrenta una persona con discapacidad que intenta subir a un vehículo de transporte público mal equipado para satisfacer sus necesidades, o las barreras de tiempo y económicas a las que se enfrenta un residente en un asentamiento informal de la periferia urbana, que debe recorrer largas distancias y en múltiples modos para llegar a las oportunidades de empleo formal, o un padre soltero que lleva a sus hijos a la escuela todos los días, que debido a la falta de recursos debe recurrir a modos de transporte de menor calidad, lo que le deja poco tiempo o dinero para participar en el mercado laboral u otras actividades. En el caso de los pobres y otros grupos desfavorecidos que ya se enfrentan a un acceso diferenciado al empleo y a otras oportunidades económicas, estas barreras de transporte pueden profundizar y agravar las desigualdades y la exclusión social existentes.
Por ello, garantizar un acceso equitativo a las oportunidades en la región es fundamental para aliviar la pobreza y fomentar la inclusión social. Esto es particularmente relevante en una región que sufre de altos índices de pobreza y desigualdad, una realidad que COVID-19 ha deteriorado significativamente. En 2020, un tercio de la población de América Latina y el Caribe vivía en la pobreza y más de 1 de cada 10 personas vivía en la pobreza extrema. Hoy en día, América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, ya que la proporción del ingreso nacional que posee el 10% más rico de la población es 22 veces mayor que la proporción que posee el 10% más pobre.
Algunos grupos de población específicos, como las poblaciones de bajos ingresos, las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, el colectivo LGBTQ+, los afrodescendientes y las personas con discapacidades, han sido tradicionalmente dejados de lado durante la planificación de los sistemas de transporte y suelen tener más probabilidades de enfrentarse a importantes obstáculos en el transporte. Por ejemplo, las mujeres suelen enfrentarse a una mayor carga financiera y de tiempo relacionada con los viajes debido a unos patrones de viaje más complejos, a unos propósitos de viaje más diversos y a unos sistemas de transporte público que las exponen a mayores riesgos, dejándoles poco tiempo para otras actividades (lo que también se conoce como pobreza de tiempo). Los niños que viven en zonas de bajos ingresos suelen experimentar grandes impactos negativos debido a un menor acceso a infraestructuras y servicios de transporte seguros, lo que afecta negativamente a su movilidad y desarrollo independientes. Las personas con discapacidad y los ancianos suelen enfrentarse a graves obstáculos en cuanto a la accesibilidad física y la asequibilidad de los servicios e infraestructuras de transporte adecuados, lo que les impide desenvolverse libremente en su entorno y acceder a las oportunidades.
Aunque los grupos desfavorecidos son más propensos que otros a depender del transporte público y de los desplazamientos a pie para satisfacer sus necesidades diarias de movilidad, también es más probable que experimenten desventajas en el transporte y barreras económicas o físicas en los sistemas de transporte para cumplir sus objetivos de movilidad. Además, no todo el mundo en América Latina y el Caribe puede permitirse el transporte público, y muchas personas tienen que hacer concesiones entre el coste de acceder al transporte público y otros bienes, servicios u oportunidades para ellos mismos y/o otros miembros de su familia, lo que hace que los grupos de bajos ingresos dependan de los desplazamientos a pie como modo de transporte clave. Sin embargo, los residentes de las comunidades y barrios menos acomodados tienen más probabilidades de enfrentarse a infraestructuras peatonales y ciclistas de mala calidad o inexistentes, que son esenciales para un transporte activo seguro. Además, los altos índices de delincuencia y acoso sexual en el transporte público y en los espacios públicos, pueden limitar las horas del día, los contextos y los lugares que muchos de estos grupos, eligen para viajar, lo que conduce y agrava la exclusión social y la desigualdad.
Entonces, ¿cómo pueden las mejoras en el transporte reducir la pobreza y la desigualdad y fomentar un desarrollo socialmente inclusivo en la región?
Para responder a esta pregunta, un equipo interdisciplinar de expertos se propuso comprender las disparidades del transporte desde múltiples perspectivas y disciplinas. Reconociendo que la accesibilidad está influida por múltiples factores, entre ellos el lugar donde viven las personas, la ubicación de los principales centros de actividad, así como el grado de cobertura, calidad, asequibilidad e integración de la infraestructura y los servicios de transporte, el equipo adoptó un enfoque holístico e interdisciplinario que considera cómo las desigualdades espaciales influyen en la accesibilidad de los más vulnerables.
El documento Transporte para el Desarrollo Inclusivo documenta los resultados de este esfuerzo: Definiendo un camino para América Latina y el Caribe pone de manifiesto el papel que las barreras asociadas al transporte en las zonas urbanas y rurales pueden desempeñar en la profundización de las desventajas sociales y la pobreza. También esboza un camino a seguir para fomentar sistemas de transporte más equitativos e inclusivos en las zonas urbanas y rurales de la región.
Sostiene que, en primer lugar, aprovechar el potencial de las inversiones y políticas de transporte para fomentar el desarrollo socialmente inclusivo exige una clara comprensión y diagnóstico de los retos a los que se enfrentan las poblaciones desfavorecidas de la región. Dichos esfuerzos deben implicar activamente a los grupos desfavorecidos y vulnerables en el proceso de planificación y toma de decisiones, y orientar las inversiones en transporte a subsanar las lagunas y los obstáculos existentes a la movilidad y la accesibilidad a las oportunidades, así como a mitigar los impactos negativos del transporte, como la contaminación acústica y atmosférica y las lesiones y muertes causadas por el tráfico, que tan a menudo afectan de forma desproporcionada a los grupos pobres y marginados de la región.
Por lo tanto, promover una movilidad accesible, inclusiva y asequible para todos requerirá esfuerzos de política pública bien orientados. Dada la gran cantidad de retos socioeconómicos a los que se enfrenta América Latina y el Caribe, este no es un reto menor. Sin embargo, si se adoptan medidas más basadas en datos, habilitadas por la tecnología y centradas en la accesibilidad (incluidas las consideraciones económicas, físicas y espaciales que afectan al acceso), y si se refuerzan e integran las instituciones de planificación responsables de la planificación del transporte y del uso del suelo y se invierte en infraestructuras y servicios de transporte que se diseñan, implementan y supervisan para que sean inclusivos, los responsables políticos y los planificadores pueden dar grandes pasos para garantizar que la movilidad sirva efectivamente de facilitador del progreso social y económico en lugar de ser un obstáculo para el mismo.
