En los últimos 20 años, Colombia ha hecho importantes esfuerzos para implementar sistemas de transporte urbano eficientes. Para ello, ha generado políticas públicas y nuevos modelos económicos y de operación que han contribuido a superar alguna de las deudas pendientes del país con sus ciudades, especialmente en cuanto a la reorganización de los sistemas de transporte público y a la eliminación de la “guerra del centavo”.
Con la creación de la Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo en el 2003, el Gobierno Nacional se enfocó en la modernización de los esquemas operados por el sector privado, con baja calidad de servicio y alto impacto ambiental y social. Esta política propuso dos estrategias para solucionar la problemática del transporte urbano: la primera implementaría Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) en ciudades con una población superior a 600.000 habitantes , mientras que la segunda se enfocaría en ciudades con menos de 600.000 habitantes y trataría la reorganización del sector mediante la creación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), la mejora de la calidad de servicio y la implantación de medidas de gestión de tráfico. Este esquema se fundamentó en la experiencia del SITM Transmilenio que inició operación en Bogotá en diciembre del año 2000, utilizando el esquema Bus Rapid Transit (BRT).
Los retos que enfrenta Colombia son también compartidos por buena parte de los países de la región, y otros tantos a nivel global. Actualmente cada día 20,5 millones de personas en 55 ciudades en América Latina usan los sistemas BRT, lo que representa el 63,6 % de los usuarios a nivel mundial. Estos sistemas de transporte han sido un detonante para transformar la calidad de vida en las ciudades, establecer una relación entre el uso del suelo y el desarrollo urbano mixto y equilibrado y una oportunidad real de integración con otros modos más sostenibles. Más allá de sus contribuciones económicas, sociales y ambientales, los sistemas organizados de transporte urbano abren la posibilidad de planificar de forma integrada el desarrollo urbano y la movilidad.
Si bien se han presentado avances en los últimos años, los sistemas de transporte público en Colombia y en América Latina siguen enfrentando retos en la calidad del servicio, cobertura y accesibilidad. Superar este déficit histórico es imprescindible, tomando como punto de partida que las personas son el centro y destino de la política pública de movilidad urbana. Los sistemas de transporte eficientes son esenciales para la movilidad e impactan positivamente en la calidad de vida de los habitantes. Adicionalmente, mejorar el transporte público es crucial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionar condiciones de vida sostenibles.
Más allá de la construcción de infraestructura, las ciudades del país tienen el desafío de reforzar sus instituciones, optimizar sus procesos y mejorar las coordinaciones con otras entidades aliadas. En materia de integración de la red, aún falta resolver la integración física y tarifaria con los demás componentes del sistema (buses, metros y cables, entre otros). Es necesario alinear la planificación de la ciudad y sus usos del suelo con el desarrollo integrado del transporte sostenible manteniendo al transporte masivo como eje estructurante de la ciudad. Una vez construido el sistema se debe garantizar los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de la infraestructura, entendiendo la dificultad de logar la autosostenibilidad del sistema, pero con la posibilidad de implementar fuentes alternativas e innovadoras de financiación como captura de valor inmobiliario, instrumentos de gestión de la demanda y otros ingresos no tarifarios.
En este sentido, desde CAF, además de apoyar con recursos financieros el SITM de Bogotá Fase II o el proyecto SITM de la Avenida Suba (Troncal de la Fase II) y Fase III (troncal de la calle 26 y Troncal Carrera 10, hemos apoyado la implementación del SETP de la Ciudad de Montería con una inversión de 70 MM USD frente a un costo total de la obra de 150 millones de dólares.
Nuevos avances tecnológicos van surgiendo con rapidez y nuestras ciudades deberán prepararse para incorporar novedosos instrumentos de financiamiento, fuentes de energía renovables, sustituir flotas por vehículos menos contaminantes, impulsar el desarrollo de sistemas de información y geolocalización, gestionar la demanda, capturar el valor del suelo, implementar elementos de seguridad pasiva y activa que mejore las condiciones de seguridad vial, el desarrollo de la micro movilidad y modos no tradicionales. Todo esto será necesario para mejorar los servicios de transporte urbano y la calidad de vida de los ciudadanos.
Columna publicada originalmente en el Blog Visiones de CAF
