En una de las cocinas más reconocidas para el mundo, por su sabor, calidad y diversidad; se presenta una situación crítica para el conjunto de su población: hambre, anemia y desnutrición.
La dependencia y vulnerabilidad alimentaria de la población que habita en nuestro territorio, como es el caso de la Región Metropolitana, con una población que supera los 1o millones de habitantes así como de los más de 34 millones de habitantes a nivel nacional; no es solo debido a la crisis política y debilidades institucionales, sino como resultado de la crisis climática y el contexto bélico internacional; así como de la carencia de una estrategia clara para la integración e implementación de políticas públicas eficaces, en los tres niveles de gestión territorial.
A los problemas estructurales de pobreza y desigualdad que implican la insatisfacción de necesidades básicas como la carencia de agua potable para 3.6 millones de habitantes (solo el 64% de la población tiene acceso a agua potable por red pública en su vivienda), se suma la inseguridad alimentaria para la población urbana y rural (16.6 millones de habitantes); y que el contexto actual supone una emergencia alimentaria (6.8 millones de peruanos en situación de inseguridad alimentaria grave, lo cual significa que una persona estuvo todo un día sin comer en repetidas oportunidades en un año); con un alto riesgo para un significativo sector poblacional que, según FAO, supera el 50% de la población total del país. La carencia de empleos dignos y limitados ingresos constituyen factores clave que condicionan el acceso a alimentos saludables, cuyos costos se vienen incrementando progresivamente; obligando al consumo de alimentos ultra procesados, con las consecuencias que ello implica en la salud de los diversos grupos etarios.
Investigadores y científicos independientes, y organizaciones como la FAO, IICA, FIDA, CEPES, GRADE, IEP; entre los más relevantes. Así como la Asamblea Nacional de Gobernadores, organizadores de la Cumbre: Hambre Cero; están tratando de poner en la agenda pública, la necesidad de abordar este problema que supera las capacidades de los individuos, comunidades y gobiernos sub nacionales. Como dato cuantitativo se establece que una dieta saludable en el Perú, costaba en su momento y por día USA $ 3.28 (costo que seguramente ya fue superado por la variación de precios e inflación). Lo cual contrasta con el número promedio de integrantes por familia (estratos socioeconómicos prioritarios y poblaciones vulnerables) y el salario mínimo vital.
La desigualdad urbana es creciente y si bien la pobreza se encuentra con mayor preponderancia en los asentamientos urbano marginales, las situaciones de hambre, anemia y/o desnutrición; se presentan en todas nuestras ciudades, así como en los centros poblados rurales y población dispersa. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), las condiciones de sobrepeso y obesidad se presentan para el 70% de la población adulta. Actualmente en el Perú el 40.1% de los niños, de 6 a 35 meses, sufre de anemia; es decir estamos hablando de casi 700 mil niños menores de 3 años anémicos sobre un total de 1.6 millones a nivel nacional.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2021, la desnutrición crónica afectó al 11,5% de las niñas y niños menores de cinco años de edad en el país (ENDES-2021). En el área urbana, la desnutrición crónica alcanzó al 6,8% de las niñas y niños menores de cinco años de edad y en el área rural afectó al 24,4%. Y durante el año 2021, el 18,8% de las mujeres de 15 a 49 años de edad padecieron de anemia.
En este contexto, el impacto de las políticas de seguridad alimentaria y agricultura familiar por citar dos de las más relevantes, se encuentran en estado crítico y fuera de la agenda en la política nacional; lo cual contrasta con las diversas iniciativas de los gobiernos subnacionales y organizaciones de base como las ollas comunes (3,542 registradas a nivel nacional) y comedores populares que enfrentan cotidianamente las necesidades inmediatas de la población.
Una declaratoria de emergencia por parte del ejecutivo, podría ser el camino hacia una solución progresiva del problema alimentario, si es que no se difumina y yuxtapone con las múltiples declaratorias de emergencia por la variabilidad de las condiciones climáticas y desastres simultáneos. La planificación y programación presupuestal de la inversión pública, requiere de capacidades técnicas y tiempos de maduración, junto con la imprescindible voluntad política.
A nivel nacional y para ser coherentes con un enfoque integral del sistema agroalimentario, los aspectos de disponibilidad, acceso e inocuidad, presentan brechas sustantivas; lo cual contrasta con las diversas potencialidades del territorio (contamos con 7.12 millones de has de superficie agrícola y 3.38 millones de has cultivadas para alimentos). La agricultura familiar es responsable del 56.5% de la oferta alimentaria total. Según el censo del 2012, existen 2.20 millones de productores (70% hombres y 30% mujeres); actualmente 500,000 se encuentran registrados en el MIDAGR; la presencia de andenes y terrazas subutilizados. O la diversidad de pisos ecológicos y buenas prácticas de los agricultores y agricultoras de los valles y cuencas de nuestros diversos paisajes jurisdiccionales y productivos; junto con el mayor mercado concentrado de la costa del pacífico y la multiplicidad de empresas relacionadas con la industria alimentaria; o los nuevos puntos nodales (mega puerto de Chancay), para la mejora del trasporte y la cadena de suministro. La innovación tecnológica e investigación o la digitalización de la agricultura; constituyen bases sólidas para una estrategia y acción de mayor escala y pertinencia.
Otro ejemplo clave que coincide con nuestro optimismo, fortalezas y oportunidades, es el reconocimiento del restaurante Central, catalogado como el mejor del mundo, por parte de una empresa especializada en gastronomía a nivel global. De la misma manera, se reconoce en crecimiento de la agroexportación nacional y el turismo; en contraposición con el debilitamiento de nuestra soberanía alimentaria. Según CEPES, dependemos de la importación de cereales (57%), y aceites (69%). Importamos el 99% del trigo que consumimos y el 72% del maíz amarillo duro que garantiza la principal fuente de proteínas como insumo principal de la industria avícola y culinaria.
Para complementar la mirada hacia un enfoque de integración campo-ciudad, el diseño de sistemas agroalimentarios circulares, de cadenas cortas, uso óptimo de los recursos y regeneración de ecosistemas; debe partir de la determinación de escalas territoriales adecuadas (cuencas, corredores, paisajes productivos o jurisdiccionales), con intervenciones modulares participativas; inversiones público-privadas cuya validación sea la evidencia para la trasformación/adaptación del sistema productivo.
Sería interesante que la hermosa fotografía del momento de celebración del Chef Virgilio Martínez y su equipo, así como del conjunto de peruanos de cuyos esfuerzos y logros nos sentimos orgullosos; trasciendan sus límites y nos incluyan a todos en una visión común, de un país más inclusivo y menos desigual, más humano y menos vulnerable: más digno. Y que finalmente, la autodenominada clase política que ha copado los poderes del estado con sus intereses mezquinos y fraccionados, bonos y subsidios o soluciones de corto plazo; no impida la unidad ni obstaculicen el cambio hacia un modelo de desarrollo de mayor equidad, resiliencia y sustentabilidad.
