La ley refleja el impulso creciente en América Central para reconocer y responder al fenómeno del desplazamiento interno, señala ACNUR.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, dio la bienvenida a una nueva legislación aprobada en El Salvador que proporcionará ayuda humanitaria y acceso a la justicia a aquellos desplazados internos que lo han perdido todo por la violencia de las pandillas y del crimen organizado.
«La ley prevé además el establecimiento, por primera vez, de un sistema nacional integral que reúne a una amplia variedad de instituciones estatales para colaborar en la respuesta y prevención del desplazamiento forzado», explicó Liz Throssell, la portavoz de la Agencia, ante periodistas en Ginebra.
Una vez firmada por el presidente Nayib Bukele, la ley tendrá un impacto positivo duradero en la vida de los 71 500 salvadoreños que se estima fueron desplazados por la fuerza entre 2006 y 2016 dentro de las fronteras de su país.
El texto de la legislación, redactado con el apoyo técnico del ACNUR, se alinea con los Principios Rectores de la ONU sobre Desplazamiento Interno y con otras normas internacionales que establecen los derechos de las personas desarraigadas, incluido el derecho a solicitar y recibir asistencia humanitaria, protección de unidad familiar, un nivel de vida adecuado y soluciones duraderas.
En julio de 2019, el nuevo Gobierno de El Salvador se sumó a Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá para responder a las necesidades de las personas desplazadas forzosamente a través del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS). Además, en 2020, El Salvador asumió la presidencia temporal de este mecanismo de respuesta al desplazamiento forzado en países de origen, tránsito y destino.
