Algunos me dirán que hablar de estos temas en medio de la grave crisis en la que estamos inmersos los venezolanos es algo ridículo, intentaré dejar claro al final de este escrito que el Derecho a la Ciudad está íntimamente ligado al secuestro de la democracia de la que ha sido objeto nuestro país.
Hace pocas horas finalizó Habitat III, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible que tuvo lugar en Quito, Ecuador. La conferencia tuvo como objetivo reforzar el compromiso global con la urbanización sostenible, para centrarse en la implementación de una nueva agenda urbana, sobre la base del Programa de Hábitat de Estambul en 1996.
Además de las habituales negociaciones para edulcorar el documento definitivo, para que algunos no se sintieran incómodos con términos como Diversidad Sexual o Democracia, finamente se aprobó una importante hoja de ruta denominada “Nueva Agenda Urbana”.
Con 175 puntos principales, este documento fue aprobado por los representantes de las delegaciones nacionales (incluyendo a nuestro país) sobre la base de tres principios básicos: no dejar a alguna ciudad atrás en su desarrollo, promover las economías urbanas sostenibles e inclusivas, y fomentar la sostenibilidad ambiental. Este nuevo compromiso que suscribió la República, en esencia, contradice la practica violenta, centralista y opresora del régimen ya devenido en dictadura que gobierna en Venezuela.
Sin ocuparme de la participación del gobierno de Nicolás Maduro en la conferencia, obviamente cargada de mentiras y manipulaciones de cifras, deseo evidenciar la necesidad que tenemos los ciudadanos de este país de rescatar no solo el sistema democrático, también debemos hacerlo con nuestras ciudades, su gestión y su gobernabilidad.
La Nueva Agenda Urbana supone un escenario que contraría al actual modelo de gobierno que tenemos en Venezuela. Hoy contamos con un sistema de servicios públicos alarmantemente politizado convertido en un inmenso aparato de propaganda, que sustenta su accionar únicamente en la promoción de los valores de la “revolución” y no en la prestación de servicios de calidad para todos los ciudadanos.
La igualdad de oportunidades solo existe en los papeles impresos con la propaganda gobiernera. Los venezolanos somos discriminados, humillados y ofendidos en cadena nacional de radio y televisión, llegando al punto de chantajear a quienes piensan distinto con suspender por tres meses su acceso a los alimentos. Siendo las mujeres, niños y ancianos los grupos más vulnerados con esta política.
Las ciudades venezolanas hoy están tapizadas de ciudadanos desesperados haciendo interminables filas para ser atendidos en hospitales y ambulatorios, para comprar alimentos y medicinas que con el pasar de los días se hacen más costosos y escasos.
Nuestras ciudades están sujetas a la discrecionalidad de un gobierno central que prefiere ver a sus ciudadanos nadando en la basura, antes de permitir que exista una gestión eficiente del servicio. Desde el alto gobierno se promueven políticas para impedir que gobiernos locales en manos de la oposición, puedan disponer de recursos para el mantenimiento de la red de recolección de desechos sólidos, así como tampoco se autoriza la construcción de nuevas plantas de transferencia. Las administraciones de las ciudades venezolanas están imposibilitadas de atender el grave problema de las aguas residuales y desde el gobierno central se confiscan (literalmente) todos los recursos asignados para el rescate de sus cuerpos de agua y sus afluentes.
La promoción de asentamientos urbanos no controlados como política de Estado para consolidar el apoyo de grandes grupos de ciudadanos, han vulnerado a nuestras ciudades aumentando dramáticamente el riesgo que corren decenas de miles en situaciones de desastres. Nuestras ciudades están cada vez menos preparadas para adaptarse a los cambios que imponen las dinámicas sociales y ambientales.
Las medidas acordadas por diferentes gobiernos locales orientadas a la disminución de emisiones son inmediatamente bloqueadas con sentencias judiciales que impiden su puesta en práctica. Acciones que en su momento buscaron mejorar la movilidad, fueron obstaculizadas dejando claro que no habría ninguna otra oportunidad para implementarlas.
El transporte público de alto impacto como los sistemas de Metro y los sistemas integrados de transporte superficial, están en manos del gobierno central, atando de manos a los gobiernos locales en esta materia. Su instrumentación no responde a las necesidades de los ciudadanos, solo a las de los burócratas instalados en las oficinas de los ministerios.
La implementación de una política de seguridad ciudadana que solo busca fortalecer a las facciones armadas vinculadas a los factores de poder, han expulsado a los ciudadanos de las calles, obligándolos a circunscribir sus vidas a espacios cerrados cada vez menos seguros como centros comerciales o sus propios hogares.
El desastre económico impacta severamente en los presupuestos de los gobiernos locales, disminuyendo exponencialmente su capacidad para gestionar servicios, honrar contrataciones colectivas (nómina de empleados), construir nueva infraestructura y responder a las necesidades más elementales de sus ciudadanos.
La delegación de México logró insertar el Derecho a la Ciudad como un tema medular en el debate que tuvo lugar en la conferencia en la ciudad de Quito, finalmente logró que se incluyera en la “Nueva Agenda Urbana”. En nuestro país ese derecho nació secuestrado, la delegación venezolana suscribió el documento con los dedos cruzados en la espalda, la revolución no cree en las ciudades con oportunidades para los ciudadanos. Para ellos, la ciudad es simplemente un receptáculo de individuos que deben obediencia y sumisión absoluta al líder galáctico que eventualmente le lanzará unas migajas.
El desafío que tenemos por delante no solo está en el rescate de la Democracia, también lo comprende la reconstrucción de nuestras ciudades para hacer de ellas espacios compactos, inclusivos, verdaderamente participativos, resilientes, seguros y sostenibles. Ese debe ser el compromiso, ese es mi compromiso.
Diego Scharifker
Concejal de Chacao
Caracas, Venezuela
@DiegoScharifker
