La organización internacional TECHO presentó el primer estudio sobre los asentamientos informales que se encuentran al otro lado del denominado “muro de la vergüenza”, en el Distrito Central de San Juan de Miraflores en la ciudad de Lima. Las conclusiones son apabullantes en materia de exclusión.
“No me parece bien. Aquí todos somos peruanos.” Contundente. Así responde César Ramos, un limeño humilde que vive en el distrito de San Juan de Miraflores, al ser consultado por un periodista sobre el muro que separa su barrio de la urbanización Las Casuarinas, en el distrito de Surco, uno de los lugares más exclusivos de Lima en donde el precio de una casa oscila entre los 2 y 5 millones de dólares.
El denominado “muro de la vergüenza”, un cinturón de concreto que mide 10 kilómetros y cuya construcción comenzó en la década de los 80 por iniciativa de algunos de los propietarios en Las Casuarinas, con el fin, según ellos, de protegerse de la inseguridad, es la mayor expresión de la desigualdad que se vive en la capital peruana.
Justamente por ello, este lugar fue escogido por la organización TECHO para desarrollar el primer informe sobre la situación de los asentamientos humanos, en pobreza y exclusión, en el Distrito Central de San Juan de Miraflores en Lima.
“Realizamos este informe con el fin de conocer más a fondo la situación que afrontan las familias para aportar, con evidencia, a la tarea de construir respuestas frente a una realidad ante todo injusta, que exige soluciones en forma urgente”, expresó María Jesús Silva, directora del Centro de Investigación Social de TECHO Internacional.
En el estudio, que se llevó a cabo gracias a la participación del voluntariado y referentes de las comunidades estudiadas, se contabilizaron un total de 138 asentamientos humanos. En ellos se identificaron problemas profundos en materia de servicios públicos esenciales: 9 de cada 10 asentamientos no acceden ni a la red pública de agua potable ni a la red de saneamiento o alcantarillado público; aproximadamente 8 de cada 10 asentamientos se abastecen de agua a través de camiones cisterna (76 %); en 7 de cada 10 asentamientos (74 %) se utiliza un silo o letrina en el terreno, es decir, un agujero en la tierra donde se depositan las excretas; y 4 de cada 10 asentamientos no cuenta con acceso seguro a la red de energía eléctrica, con medidor domiciliario.
“Lo que pasa del otro lado del muro son vulneraciones a los derechos humanos de las personas que allí residen. Esto no es un problema de un grupo concreto de personas, es una realidad que construimos como sociedad y que nos debe llevar a cuestionar las ciudades donde vivimos”, señala Silva.
De acuerdo con el estudio, según los referentes comunitarios encuestados, el asentamiento fue la única opción que encontraron para vivir en un lugar, ante la dificultad de habitar un espacio accesible en la ciudad (78 %). Silva explica que “los asentamientos son una manifestación de la desigualdad en las ciudades donde vivimos. Es un error abordar la realidad de pobreza y asentamientos populares en forma aislada. Es necesario proyectar la mirada a las prioridades de la ciudad donde residimos y cómo responden realmente a las diferentes necesidades de la población”.
Entre otros datos que arroja el estudio se encuentra el riesgo latente de vivir una catástrofe socionatural. En el 64 % de los casos, los referentes encuestados consideraron la contaminación como el principal riesgo, debido a que los asentamientos se encuentran cerca de chancherías o basurales. Casi un 70 % señala que los asentamientos se encuentran en laderas o zonas montañosas. Mientras que el 30 % de los asentamientos enfrenta el riesgo de incendios. “Esto habla de una emergencia latente que exige respuestas en forma inmediata”, indica Silva.
Pero quizás uno de los datos más significativos y que puede ser el punto de partida para hallar soluciones reales y concretas a este problema urbano es el sentido de asociación y trabajo comunitario que existe en la zona. “Hay un dato que debe convocarnos, movilizarnos para articularnos como sociedad y es que prácticamente en 10 de 10 asentamientos, en el 97 %, la comunidad está organizada en juntas directivas para poder responder a las dificultades que afrontan”, explica Silva.
La organización estima que aproximadamente un total de 12.300 familias, más de 46.000 personas, viven en los 138 asentamientos identificados en San Juan de Miraflores. En América Latina, según cifras de ONU Habitat, se calcula que 104 millones de personas viven en asentamientos humanos en situación de pobreza y exclusión.
