El desarrollo urbano en México se ha caracterizado por un descontrol y expansión desmedida que incorpora territorios sin planeación. Este modelo, aunque se ha agudizado los últimos años, se ha venido arrastrando desde hace varias décadas; dando como resultado que en tan solo de 1980 al 2010 la población urbana se haya duplicado y que la expansión de las manchas urbanas se haya multiplicado por 7 (SEDESOL 2012). De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO 2018) la dinámica el Sistema Urbano Nacional (SUN) lo conforman 401 ciudades en las que residen92.6 millones de mexicanos, lo que representa el 74.2% de la población nacional. Esta nueva, realidad, ha generado retos y desafíos tan distintos a los que gobierno y sociedad se habían enfrentado con anterioridad, que hoy hablamos de una veloz expansión urbana cuya consecuencia es la aparición de diversas conurbaciones y zonas metropolitanas acompañadas de sus propias problemáticas internas, en lo social, económico y ambiental.
Por un lado la transformación negativa que está sufriendo el territorio urbano nacional es producto de una política habitacional que desborda cualquier intento de planeación, y ha puesto por delante su carácter rentista. Y por otro la incapacidad del mercado inmobiliario y del estado mexicano para proveer soluciones habitacionales a las familias más pobres, sigue persistiendo en la mayoría en las ciudades; aunado al hecho de que el 64.2% de las viviendas en México son autoconstruidas (CONEVAL 2018) y en su gran mayoría incorporadas al entramado urbano de forma desordena.
En la actualidad la segregación social es un tema muy presente en la agenda política nacional. Se trata de un fenómeno que se ha agudizado los últimos 30 años, trayendo consigo cambios en la estructura socio-espacial de las ciudades mexicanas. La causa inmediata se atribuye al modelo de desarrollo económico, dando como resultado el aumento de las desigualdades socioeconómicas y generando tensiones socio-territoriales.
Por otro lado, el desempleo, la deshumanización del trabajo y su precaria remuneración ha incrementado tanto que la brecha entre los que más tienen y el resto de la población.
El territorio constituye el soporte físico que permite organizar y desarrollar cualquier actividad humana. Por lo tanto, el suelo tiene una importancia total en el desarrollo de la Ciudades.
El suelo urbano y urbanizable es un recurso finito, su aprovechamiento depende de las acciones e inversiones que se le apliquen y por ende permite construir infraestructuras, equipamiento y edificaciones, todo lo cual le agrega valor.
Cuando el modelo político y económico anteponen el valor de mercado del suelo, por encima de su valor de uso y aprovechamiento social, son los precios (capitalismo) principalmente los que determinan quien accede a un pedazo de suelo y quien no; en qué cantidades y localizaciones.
El mercado inmobiliario mexicano es poco transparente y altamente especulativo. Por un lado, los grupos sociales de menor ingreso no pueden pagar los precios para adquirir un lote tradicional y terminan asentándose (incluso invadiendo) donde el suelo es más barato, lugares sin servicios, transporte, riesgos, lejos de las fuentes de empleo y con propiedad o tenencia de la tierra irregular. La fragmentación y tensión socio-espacial es resultado de este modelo urbano-económico, causando la expansión de las ciudades y haciendo más costoso el vivir en ellas.
Las grandes diferencias y oportunidades que tienen los diversos grupos sociales son atacado a su vez por la depredación de los ecosistemas. Un problema de raíz es la falta de vinculación de las Políticas Públicas Urbanas y viviendas con la agenda para combatir el Cambio Climático.
Los grupos sociales más desprotegidos están al margen de las grandes políticas y de las acciones interventoras del gobierno. Los que menos tienen participan sólo como receptores de programas sociales de corte asistencialista, que no resuelven el problema de raíz y se reinventan cada cambio de administración, careciendo de una visión de largo plazo.
Otro rasgo que resulta imposible omitir es la influencia del modelo económico en los procesos de segregación socio-espacial. Los conflictos sociales emanados de la desigualdad en la distribución de la riqueza han generado el surgimiento de subprocesos (de identidad, territoriales, inversión inmobiliaria, invasiones, asentamientos humanos irregulares, entre otros) además de impactar social y espacialmente, son generadores de tensiones socio-espaciales.
¿Hacia dónde vamos?
Las ciudades representan al día de hoy el lugar donde se libra la madre de todas las batallas. Es en las ciudades donde tenemos el mayor reto y la última oportunidad para materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de Naciones Unidas, el cumplimiento del acuerdo de París y la implementación de la Nueva Agenda Urbana. Lo anterior en materia de combate al cambio climático, gobernanza, desarrollo social y bienestar, desarrollo económico, cuidado al medio ambiente y prevención de riesgos en asentamientos humanos. Sin duda es una tarea difícil para cualquier estado el manejo del suelo urbano y suburbano que le reintegre su función social, evitando la fragmentación socio-territorial, es necesario que el estado asuma la rectoría en materia de desarrollo urbano y vivienda desde una perspectiva social, espacial y ambientalmente sustentable. Dejar atrás la planificación voluntarista, e impulsar en cambio la atención de quienes más lo necesitan.¡Qué nadie se queda atrás!
