Gobiernos de ciudades colombianas tienen un riesgo alto de corrupción

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LA Network
28 abril, 2017 - Gobernanza

Así se desprende de los resultados del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, que evaluó la gestión administrativa de 28 alcaldías de ciudades capitales. Los resultados para estos entes son inquietantes.

La corrupción arrebata enormes oportunidades de desarrollo a las poblaciones más vulnerables en las ciudades latinoamericanas.

La Corporación Transparencia por Colombia entrega desde hace 15 años al país y a las entidades públicas una medición que identifica los riesgos de corrupción que ponen en peligro la gestión administrativa de estas entidades.

Como bien lo señala Gerardo Hernández, director ejecutivo de la Corporación, “los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino además para controlar el territorio y sus poblaciones.”

El Índice de Transparencia evaluó la gestión administrativa de 167 entidades del orden nacional entre enero de 2015 y abril de 2016. En el caso de las ciudades, fueron analizadas 28 capitales, con excepción de Bogotá, Cali y Medellín (estas por ser grandes ciudades cuentan con una metodología especial adaptada a sus condiciones institucionales).

Lo inquietante de esta medición es que el promedio que obtuvieron las 28 alcaldías fue de 56.8 puntos, es decir, persiste el nivel de Riesgo Alto de corrupción. Para ser más precisos: 16 de las 28 ciudades capitales se ubicaron en niveles de Riesgo Alto y Muy Alto. Un riesgo de corrupción hace referencia a la  probabilidad de ocurrencia de hechos de corrupción, favorecidos por débiles condiciones institucionales y prácticas de las autoridades públicas en la gestión administrativa.

Mejores y peores

Las alcaldías mejor calificadas del país fueron Pasto con 77.9 puntos, Pereira con 75.5 y Barranquilla con 74.9, las tres en Riesgo Moderado, mientras que las de menor calificación fueron Puerto Carreño con 35.4, y Santa Marta con 37.7, ambas en Riesgo Muy Alto de corrupción. Aquí se evidencia una brecha muy grande entre las ciudades con mejores puntajes y aquellas con los peores.

El informe destaca un grupo de ciudades que está avanzando en términos de transparencia y en prácticas administrativas que facilitan el control. Las alcaldías que mostraron un mejor desempeño en relación con la medición anterior y subieron fueron Quibdó (16.6 puntos), Sincelejo (9.2 puntos) y Montería (9.0 puntos).

En contraste, las alcaldías que más bajaron su promedio fueron Riohacha (18.0 puntos), Arauca (17.2 puntos) y Santa Marta (9.6 puntos)

Gráfica: fuente de Transparencia por Colombia

Factores de riesgo

El Índice de Transparencia por Colombia evidencia para el caso de las alcaldías 4 factores que inciden en este riesgo alto de corrupción.

El primero de ellos es la pérdida de programas sociales por falta de acceso a la información y debilidades en la ejecución. En este caso, si las entidades no divulgan de manera efectiva cuáles son sus programas sociales, es posible que muchas familias queden sin acceso a beneficios que otorga el Estado. En este caso, la divulgación solo obtuvo 28.6 puntos, y la gestión de dichos programas solo 42 puntos, dejando este tema en el rango de Muy Alto Riesgo de corrupción.

En segundo lugar, no existe la meritocracia. Solo una entidad de las 28 evaluadas realizó procesos de mérito para seleccionar a directivos o asesores de libre nombramiento y remoción.

Tercero, el control social está marcado por las debilidades institucionales. Los indicadores de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, y Sistema de Atención al Ciudadano tienen calificaciones bajas, dos elementos claves en el momento de medir la transparencia frente a la sociedad civil.

Y por último, hay una verdadera “avalancha” de contratistas. La mayoría de las plantas de personal de las alcaldías están conformadas en más de 75 ciento por contratistas por servicios personales, lo cual genera un riesgo en el talento humano de cada entidad. Esto afecta los principios de mérito y libre competencia. “Si bien la contratación por prestación de servicios no está prohibida por ley, el riesgo está en la recurrencia de este tipo de contratación. En muchos casos son más los contratistas que el personal de planta”, advierte el informe.

Para evitar que estos riesgos terminen en hechos de corrupción es necesario que más ciudadanos se sumen al control social como medio para proteger los asuntos públicos, desde lo electoral hasta los procesos de gestión pública. Adicionalmente, la invitación que hace Transparencia por Colombia es a denunciar los hechos de corrupción, a participar de manera activa en los procesos de rendición de cuentas y a que la ciudadanía sume en alianzas que hagan posible que las cosas cambien.