Pues no; es buena noticia, pero no enorme sorpresa el que los organismos nacionales de vivienda (de México) anunciaran que este año sus inversiones se mantendrán -e incluso en algunos casos crecerán- respecto a los números registrados los años recientes.
Es buena noticia para quienes podrán tomar sus créditos o subsidios para comprar o mejorar su casa… Y aun mejor noticia para una actividad industrial que agrupa a más de 40 ramas de la economía y genera varios puntitos del PIB y millones de empleos.
Pero lo que sin duda representa una gran noticia –y muy posiblemente sí sorprenda a muchos, es el anuncio de que la banca también mantendrá, e incluso intentará elevar, las inversiones que realiza en materia de financiamiento inmobiliario.
Fue Eduardo Osuna Osuna, el director general de BBVA Bancomer, quien al presentar el programa 2018 del banco en lo que respecta a crédito hipotecario, aseguró que la inversión en este rubro de la banca privada será del orden de 150,000 millones de pesos.
Y ojo, que al decir esto, Osuna lanzó su espada al anunciar que solo BBVA Bancomer destinaría 60,000 millones de pesos al financiamiento inmobiliario.
La suma de ambas notas, la de los organismos nacionales y la de la banca, mandan una poderosa señal de confianza, que permiten pronosticar que a pesar de las complejidades del año electoral, el sector inmobiliario cuenta con gasolina para tener un buen año.
Por supuesto, no todo en esta industria tiene que ver con financiamiento… Y por supuesto, queda aún el reto de ver qué nos dejará el proceso electoral y, sobre esta base, qué vendrá para el sector el próximo año.
Hay que decir que los mayores retos evidentemente no están ni en el financiamiento, ni en una demanda, que a pesar de las dudas que el proceso electoral pueda llevar a los potenciales compradores, sigue siendo enorme.
El mayor reto de esta industria está en el alto costo del suelo, en los excesos regulatorios y en la corrupción; aspectos que aunque golpean la producción de vivienda a nivel nacional, se hacen sentir aún más en las zonas urbanas, traduciéndose en sobre costos que elevan los precios sacándolos del alcance de más de 70% de la población.
Lo delicado de estos obstáculos para la producción de vivienda está en que son temas que se definen en los ámbitos estatal y municipal. Son los órganos legislativos locales los encargados de actualizar los programas de desarrollo urbano… Y son los funcionarios locales los que se tiran a matar extorsionando a desarrolladores de vivienda.
Esto se hace evidente en el encarecimiento de la vivienda y esto se hace evidente en la estructura de las inversiones de la banca en el segmento hipotecario, en que seguramente se mantendrá la tendencia de mantener inversión, pero reduciendo el número de operaciones (no por decisión de los bancos, sino porque así lo marcará el mercado), lo que en otras palabras se reduce a colocar la misma lana en menos créditos, pero más caros.
Es simple, si gobiernos y legislativos quieren atender el reto habitacional, deben aprender el idioma que se habla en el sector vivienda… Deben entender sus reglas y, sobre todo, la necesidad de ser muy eficientes al unificar visión, objetivos y estrategias.
Deben entender que si no entienden pueden descarrilar una actividad productiva que incide en más de 40 ramas económicas y, lo que es más grave, quitarán a millones de familias la posibilidad de tener una casa.
