En el departamento de San Martín, Perú, según datos del INEI (Censo Nacional y ENAHO), el 72% de la población es urbana, el 17.49% de la población habita viviendas con hacinamiento, el 31.87% de la población habita viviendas con características físicas inadecuadas, el 51.2% de hogares no tiene acceso a agua potable, el 44.5% de la población económicamente activa son independientes y el ingreso promedio mensual de estos no supera los S/ 1,100.00 (310 US$).
A partir de estos datos debemos pensar en los impactos de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, para afrontar la pandemia del nuevo coronavirus, COVID-19, pero también debe permitirnos ver el futuro y cómo afrontar las desigualdades que las vemos, pero no las abordamos.
La principal medida que ha tomado el Gobierno Nacional es la inamovilidad social obligatoria, una medida que se viene adoptando también en diversos países, que consiste básicamente en que la población se quede en su casa. Al respecto, si no tengo una casa, ¿dónde me quedo?, si en mi casa estamos hacinados o esta tiene características físicas inadecuadas, ¿cómo puedo pasar la cuarentena sin incomodar?, si no tengo agua potable todo el día, ¿cómo me lavo las manos?, si no tengo empleo formal, ¿cómo alimento a mi familia?
Esta pandemia está revelando nuestras taras históricas, sobre todo referente a las brechas en salud, vivienda y saneamiento. Sin embargo, los más vulnerables en esta pandemia son los pobres, pobres urbanos, ubicados en asentamientos informales. No tenemos políticas de suelo y vivienda eficientes, ni siquiera tenemos actualizado el Plan Nacional de Vivienda.
El diseño de la vivienda de interés social demuestra que no es posible que una familia viva en una sola habitación y mantenerse adecuadamente allí. La vivienda digna es un debate que no se aborda adecuadamente desde las esferas nacionales y regionales, mucho menos locales.
Hoy la vivienda, que debe ser reconocido constitucionalmente como derecho fundamental, debe estar en el centro del debate en el nuevo Congreso, pero no lo está. La vivienda es la unidad básica del desarrollo urbano, pero aún así sólo tenemos propuestas políticas de desarrollo de infraestructura, obras y cemento, que se realiza bajo la premisa que la vivienda se desarrollará por inercia, lo cual no es así. Es momento que los diferentes niveles de gobierno incorporen políticas públicas de acceso a la vivienda digna, que vayan de la mano con la implantación de infraestructura de servicios básicos en las ciudades, sobre todo en las áreas informales y de mayor pobreza urbana.
Es momento de que los enfoques de política pública sean pensados en los ciudadanos, y no en los intereses políticos del gobernante de turno, es momento de repensar el financiamiento del desarrollo de las ciudades para que las inversiones no dependan exclusivamente de fondos nacionales. Es momento de una nueva gestión pública con enfoque de derechos, de ello depende la vida digna de las personas.
#YoMeQuedoEnCasa
