Por Ancor Suárez-Alemán – Mariana Silva Zúñiga
América Latina y el Caribe enfrenta una crisis sin antecedente en su historia causada por la pandemia. Para lograr una recuperación sostenible que reduzca la brecha de la infraestructura y desigualdad a la vez que aborda las emergencias climática y ecológica, necesitamos mejorar la planificación de los proyectos de infraestructura.
Cerrar la brecha cuantitativa, cualitativa y de eficiencia de infraestructura requiere no solo desarrollar más y mejores carreteras, granjas solares y sistemas de tratamiento de agua, sino que implica la necesidad de transformar cómo se planifican, desarrollan y operan los activos considerando las diferentes dimensiones de sostenibilidad, como son la social, ambiental, institucional y económico-financiera de los activos.
Los grandes beneficios de la infraestructura sostenible podrían realizarse con una planificación adecuada
Los servicios provistos por la infraestructura son la columna vertebral del desarrollo económico, la competitividad y el crecimiento inclusivo. Asimismo, la infraestructura sostenible (IS) es reconocida como una base esencial para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y alcanzar las metas del Acuerdo de París.
Sin embargo, América Latina y el Caribe presenta una importante falta de activos de infraestructura, mientras que los existentes presentan un mantenimiento deficiente, resultando en una provisión de servicios de baja calidad que afecta a la calidad de vida de sus habitantes y la competitividad de sus economías. Las familias de bajos ingresos dedican el 15% de sus ingresos a pagar servicios como agua y transporte público, lo que equivale a casi 5 puntos porcentuales del ingreso más que en el Asia emergente.
Si la región no invierte más y mejor en desarrollar y mantener la infraestructura, esta podría perder hasta un 15% del crecimiento potencial del PIB durante los próximos 10 años. Por lo tanto, cerrar la brecha de infraestructura sostenible en la región requerirá alrededor de USD 250 mil millones por año según diferentes estimaciones.
Las Asociaciones Público-Privadas como herramienta para mejorar la preparación de proyectos y la eficiencia en el desarrollo de infraestructura sostenible
Tradicionalmente, la inversión pública en la región, además de insuficiente a la hora de cubrir las necesidades de infraestructura, ha sido alta en carbono y poco resiliente, e ineficiente en términos del mejor uso posible de los recursos. Además, el sesgo tradicional contra la inversión pública en capital en la región, así como los desafíos fiscales que ésta encuentra, indican que el espacio para cerrar la brecha de infraestructura vía inversión del sector público es muy limitado.
Resulta fundamental potenciar la participación del sector privado para cerrar la brecha de infraestructura sostenible, y para ello las Asociaciones Público-Privadas (APP) bien preparadas y estructuradas resultan una herramienta esencial – y con potencial de generar grandes beneficios y ahorros a través de mejoras de eficiencia en el gasto público.
A través de una planificación adecuada, las APP pueden garantizar un mejor desarrollo, operación y mantenimiento de los activos y servicios de infraestructura en tiempos de crisis, así como preservar niveles de inversión adecuados ante un contexto de enormes dificultades fiscales como el actual, poniendo particular énfasis en las dimensiones de sostenibilidad, como son la social, ambiental, institucional y económico-financiera de los activos.
De este modo, considerar y planificar adecuadamente las dimensiones ambientales, prediales y sociales tiene un impacto mayúsculo en el buen desarrollo de proyectos de infraestructura sostenible. Cómo cerrar la brecha de infraestructura sostenible requiere necesariamente conocer cuáles son las principales barreras en estos ámbitos del desarrollo, identificar sus causas, y minimizar sus consecuencias.
La sostenibilidad representa un ahorro más que un costo
Con el fin de profundizar las barreras para implementar activos de infraestructura sostenible y desarrollar recomendaciones de actuación para la región hacia una infraestructura sostenible, el BID publicó un análisis profundo sobre las principales razones por las cuales los pilares principales de la sostenibilidad no se ven materializados en el ciclo de vida del proyecto de infraestructura.
Esta investigación se basa en 65 proyectos de infraestructura en la región repartidos en cinco países: Colombia, Costa Rica, Chile, México, y Perú. El objetivo principal del análisis pasa por entender la relación causa-efecto del incumplimiento de normas ambientales, incumplimiento en las medidas de manejo, afectación a las comunidades, desconfianza en el proceso; preconcepciones, modificaciones contractuales y normativas; demoras en el licenciamiento ambiental, en la liberación de predios y actividad de reasentamiento, y en posibles discrepancias por el precio justo en compra de predios.
Y los resultados nos muestran el elevado coste de no planificar adecuadamente el desarrollo de infraestructura desde la perspectiva medioambiental, social, y predial.
El estudio demuestra cómo las consecuencias de una inadecuada gestión ambiental en proyectos de infraestructura, desde la fase conceptual hasta la fase de diseño y construcción, operación y desmantelamiento, pueden producir demoras y aumentos en los costos presupuestados inicialmente.
Las consecuencias de ignorar aspectos de sostenibilidad en el desarrollo de proyectos de infraestructura se reflejan en sobrecostos y retrasos en la construcción. En los casos analizados, la conflictividad predial puede llegar a suponer sobrecostos cercanos al 80% del total presupuestado, conflictos ambientales en un proyecto pueden generar sobrecostos entre 15% y 70%, y retrasos que van desde los 12 meses hasta los 13 años. Finalmente, una inadecuada gestión social en proyectos de infraestructura pueden producir sobrecostos aproximados de entre 11% y 68% del total presupuestado.
En nuestro informe identificamos soluciones para mejorar el desarrollo de infraestructura sostenible en la región, y cómo potenciar los aspectos positivos de la relación entre los sectores públicos y privados de la región para el desarrollo de proyectos.
El informe recomienda propuestas de actuación a diferentes niveles de acciones transversales, que van desde la correcta incorporación integral de la perspectiva ambiental, social, y predial en el fortalecimiento de los marcos normativos e institucionales para un adecuado desarrollo, supervisión y monitoreo de proyectos. También, llamamos para una adecuada identificación, evaluación, y asignación de los riesgos ambientales, sociales, y prediales desde las primeras etapas del proyecto y su consideración a lo largo del ciclo de vida de los activos.
No olvidemos que las políticas y decisiones de inversión en infraestructura que se tomen ahora determinarán si podemos limitar el calentamiento global a 1,5 grados o no. El 70 por ciento de las previsiones de aumento de las emisiones en los países en desarrollo provendrá de infraestructura que aún no se ha construido.
De este modo, promover un desarrollo inteligente y sostenible será clave para determinar si los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París siguen siendo viables, o si por el contrario enfrentaremos un futuro peor. Aquí encontramos un espacio directo y tangible de cómo podemos actuar frente al cambio climático. No aprovecharlo supondría una gran oportunidad perdida.
Artículo publicado originalmente en Blogs del BID
