Los cambios en el uso del transporte a raíz de la pandemia y los planes nacionales de recuperación son una oportunidad para que los gobiernos y empresas de América Latina y el Caribe aceleren la transición hacia la movilidad eléctrica.
El reporte “Movilidad Eléctrica: Avances en América Latina y el Caribe – 4ta edición”, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es la revisión anual al estado de este sector que, de acuerdo con los autores del informe, va ganando fuerza en la medida en la que los usuarios optan por medios de transporte más limpios, y los gobiernos aumentan la ambición de sus compromisos climáticos y delinean sus políticas para cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París.
Según el informe, 27 de los 33 países de América Latina y el Caribe han priorizado el transporte como un elemento central para alcanzar sus metas de reducción de emisiones suscritas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. No obstante, a la fecha, los países de la región no cuentan con metas de corto y mediano plazo para poner fin a la venta de vehículos de combustión.
En 2020 crecieron los esfuerzos nacionales para formular estrategias de movilidad eléctrica: Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay, están en proceso de desarrollo de sus planes. A su vez, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana ya han publicado políticas nacionales en años previos.
“2020 fue un año disruptivo para el transporte en la región. Si los países y las empresas saben aprovechar el contexto, las transformaciones que vemos hoy pueden abrir el camino a una movilidad totalmente sostenible con una matriz energética limpia”, afirmó Gustavo Máñez, coordinador regional de Cambio Climático del PNUMA en América Latina y el Caribe.
Máñez recordó que el sector transporte es responsable de 15 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región y es uno de los principales causantes de la contaminación del aire.
Movilidad urbana, una prioridad regional
Por otra parte, el transporte público urbano sigue siendo prioritario en los planes de movilidad de la región, que tiene el mayor uso de buses per cápita y es una de las más urbanizadas del mundo, con el 80 % de sus habitantes viviendo en ciudades.
Sin embargo, las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia del COVID-19 transformaron el uso de algunos de los sistemas de transporte público debido a la reducción en el número de pasajeros, mientras se impulsaba en paralelo la movilidad activa y la micromovilidad eléctrica.
“Conforme se empiezan a relajar estas restricciones y se inicia un moderado retorno a la normalidad, es crucial que el transporte público no pierda terreno frente a los vehículos particulares”, remarca el informe, el mismo que agrega que “si continúan las tendencias actuales, a partir de 2025 se estarán desplegando anualmente más de cinco mil autobuses eléctricos en las ciudades latinoamericanas”.
Por ciudades, las urbes que destacan en América Latina por su mayor avance en materia de electrificación de autobuses del transporte público en 2020 fueron: Bogotá (Colombia), con la adquisición de 406 unidades, y Ciudad de México (México), que sumó 193 trolebuses. En el Caribe, Barbados, con una población de cerca de 300 mil habitantes, puso en circulación 33 buses en su capital, Bridgetown.
Crecimiento en el mercado
De igual manera, el mercado de vehículos eléctricos particulares también creció en 2020. En Costa Rica, la inscripción de automóviles eléctricos creció 77 % en 2020 y el registro de motocicletas y similares aumentó 36 %. En Perú, por su lado, la importación de motocicletas eléctricas aumentó un 220 % interanual, de acuerdo con el informe. Aun así, existe una falta de heterogeneidad en la gama y categoría de vehículos eléctricos disponibles en la región.
Los autores de este nuevo reporte consideran que, ante la situación fiscal restrictiva de los países de la región, es crucial que los gastos e inversión en transporte se orienten hacia soluciones más limpias a largo plazo, como parte de los planes de recuperación económica posCOVID-19, y se replanteen los subsidios a los combustibles fósiles.
Igualmente, el reporte destaca que los países de la región han innovado en el desarrollo de modelos de negocio que permiten sortear los elevados costos iniciales de la electrificación y reducir los riesgos financieros asociados. Empero, estos no son fácilmente replicables y es necesario integrar soluciones que disminuyan el riesgo financiero para permitir la masificación de las flotas eléctricas.
El informe de este año, destacan, ofrece un análisis cualitativo con base en estudios de casos sobre tendencias en movilidad eléctrica durante 2020. El reporte fue elaborado con información recabada por el equipo de la plataforma MOVE en 14 países de la región.
