LA Network dialogó con Elkin Velásquez, Director Regional de ONU Hábitat para América Latina y el Caribe sobre este mecanismo, considerado el primer paso para la implementación efectiva de la Nueva Agenda Urbana en los países y ciudades.
Ya se ha cumplido el primer año de la promulgación de la Nueva Agenda Urbana en Quito (Ecuador), que representa la hoja de ruta para el desarrollo urbano en los próximos 20 años en el mundo. Que no sea solo un manual de buenas intenciones en un papel es tarea de todas las organizaciones civiles, gobiernos y organismos internacionales que participaron en su construcción.
Para la cabeza de ONU Hábitat en el continente, el colombiano Elkin Velásquez, un primer paso para pasar “del dicho al hecho”, debe ser la formulación de las políticas nacionales urbanas. Con él hablamos de esta herramienta, sus alcances, posibilidades y retos.
Primero: ¿qué es una política nacional urbana?
Una política nacional urbana es un marco general para darle coherencia a la acción tanto del Estado como de otros actores que deben intervenir en el territorio, principalmente en los territorios urbanos, periurbanos y también en sus conexiones rurales, y así establecer el desarrollo y materializar las apuestas de desarrollo en torno a proyectos, iniciativas bien estructuradas y que se puedan concretar en terreno; en ese sentido no es diferente a otra política pública nacional que un gobierno pueda concebir o implementar. La Nueva Agenda Urbana, que surgió de Hábitat III en Quito en 2016, plantea como uno de los pilares más importantes para la implementación de esa Nueva Agenda, de los nuevos criterios, de los principios que propenden por la construcción de ciudades sostenibles, precisamente el asunto de las políticas nacionales urbanas. En América Latina en particular, Minurvi, que es la Asamblea de Ministros y Ministras de Desarrollo Urbano y de Vivienda, cuya última reunión fue en junio en Buenos Aires (Argentina), también se comprometió a promover que en los 20 años de implementación de la Nueva Agenda Urbana, hasta 2036, el paso uno o el paso primero, debería ser las políticas nacionales urbanas, dotarse de políticas nacionales urbanas de nueva generación. Esto puede ser, bien desarrollando una nueva política o una política que no existía, o bien en los países en que ya existe parcial o totalmente e incluso bajo otros nombres, que se pueda revisitar, que se pueda revisar y actualizar. Entonces, la política nacional urbana se convierte en una herramienta central, en un pilar para la implementación de la Nueva Agenda Urbana
¿Cómo lograr que se active rápidamente este mecanismo?
Precisamente con el propósito de crear conciencia, de liberar las energías para que puedan arrancar más rápido los países, es que varias entidades nos hemos unido: mencionó usted previamente a la OCDE, yo menciono a Cities Alliance, menciono a Minurvi, menciono a CEPAL… tenemos esa intención y con algunas de esas entidades hemos desarrollado un programa mundial para promover políticas nacionales urbanas. Entonces, claramente somos conscientes de esa necesidad. También somos conscientes de que formular política pública es fácil de decir pero es un ejercicio que tiene complejidades.
¿Cómo esperan que este tipo de políticas gane impulso, pueda tener una receptividad mayor?
Básicamente utilizando los mismos argumentos que justifican la Nueva Agenda Urbana y hay dos mensajes centrales: la urbanización sostenible genera desarrollo, genera riqueza. La urbanización sostenible y bien diseñada, ayuda a reducir la pobreza multidimensional, ayuda a reducir las desigualdades, ayuda a la inclusión social. Pero para que esas dos cosas sean ciertas, se necesitan unos instrumentos, se necesita acción, y esa acción tiene que ser planificada, coordinada, tiene que ser por supuesto coherente. Esa coherencia, esa orientación, ese marco general, lo puede brindar una política nacional urbana.
¿Y cuál es dentro de esa política nacional el rol de las ciudades?
A nosotros nos preguntan: “¿oiga, y por qué las ciudades no aparecen aquí?” En realidad sí aparecen y mucho, adicionalmente lo que hemos constatado en el mundo como evidencia, es que las ciudades que prosperan y que salen adelante, son aquellas que adicional a su esfuerzo propio, cuentan con un ambiente propicio y ese ambiente para avanzar lo brinda un marco jurídico, un marco financiero, un marco del sistema de planeación en el nivel nacional. Y cuando confluyen esas dos características, ciudades que lo están haciendo bien y, por otro lado, un marco nacional apropiado, lo que uno puede esperar es que las ciudades avancen. Esto parece que va en contra del argumento que nosotros también defendimos durante mucho tiempo y que seguimos defendiendo sobre el municipalismo, la descentralización, pero también señalamos que era muy importante entender que no solamente era fortalecer a los niveles locales sino también adaptar a los niveles intermedios y nacionales. La política nacional urbana apunta a eso, a que el gobierno nacional también asuma su papel.
¿Hay en América Latina buenas prácticas en este sentido que se puedan destacar y qué hagan parte de su diagnóstico?
Tenemos una lectura general, global de quién está haciendo qué y, además, quién ha hecho cosas interesantes que hay que rescatar. En América Latina uno puede recordar lo que hizo Brasil con el estatuto de las ciudades hace ya más de 10 años. Esto ayudó a darle un marco de acción a las políticas de desarrollo urbano que no existían antes, ayudó muchísimo a focalizar esfuerzos financieros, esfuerzos de las instituciones públicas y, por supuesto, a permitir que las ciudades se dotaran de una visión del desarrollo.
¿Esa herramienta sigue vigente?
Esa herramienta en Brasil sigue vigente, en su momento fue un ícono, dio lugar a algo que también ha sido un muy buen ejemplo para América Latina y el Caribe, que fue pionero, y fue la creación de un ministerio de las ciudades. Recuerde que uno de los temas complejos en el desarrollo territorial es lograr la intersectorialidad, es decir, la conversación y la sinergia, la sincronización temporal de la visión de las acciones en cada uno de los sectores. Nosotros abogamos por los proyectos territoriales integrados y eso es más fácil decir que hacer. Brasil se dotó de un marco nacional federal, para facilitar ese proceso de integración multisectorial y el Ministerio de las Ciudades agrupó los órganos ejecutivos en algunos sectores: vivienda, agua, transporte, planificación y eso dio pie a un marco inicial. Uno podría decir que eso ha funcionado bien en una primera fase, y que seguramente los brasileños están pensando que es momento de actualizarlo, de ponerse retos mayores.
¿Y en el resto de países latinoamericanos?
En el resto de países hay cosas. Colombia, por ejemplo, tiene una tradición de hacer las cosas más o menos bien comparado con el resto de la región en materia de planificación urbana. Yo sé que si uno empieza a mirar detalles encontrará muchísimas áreas por desarrollar todavía, pero en términos de un marco nacional, Colombia ha sido uno de los países pioneros con la ley 388 del 97, cumplió 20 años hace poco, eso permitió que los municipios empezaran a dotarse de un instrumento que no existía antes, al menos con ese contenido y esa estructura ni instrumento en los planes de ordenamiento territorial, pero siempre hubo un faltante y era una coherencia departamental, una coherencia nacional. Más recientemente se desarrolló la Misión de Ciudades y esto dio lugar a un documento CONPES para el fortalecimiento de las ciudades en el largo plazo…Chile también tiene una política nacional urbana interesante. Yo creo que una de las contribuciones chilenas ha sido poner a funcionar de manera real un comité interministerial de desarrollo urbano, donde los ministros se sientan a tomar decisiones conjuntas sobre la forma en que van a integrar sus acciones para tener mayor impacto en los centros urbanos, en las ciudades. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en Argentina, que quiere que su política de mejoramiento de barrios y su política de hábitat respondan a unos marcos nacionales muchísimos más robustos, más coherentes, mejor estructurados.
Nos mencionaba usted en una entrevista pasada el caso de Guatemala…
Guatemala tiene una política nacional de competitividad. Y pensando en la competitividad del país, se dieron cuenta de que tenían que darle importancia a la ciudad como elemento central de la competitividad, de la innovación, del aumento de la productividad y al sistema de ciudades. Entonces, es muy interesante porque Guatemala solito, sin mucha influencia internacional, llegó a la conclusión de que la política nacional urbana era central para la competitividad del país. En el otro lado o mirando el prisma de manera distinta, Bolivia acaba de llegar a la conclusión de que una política nacional de desarrollo urbano, le permitiría avanzar hacia los objetivos del “vivir bien”. “Vivir bien” es el concepto central del Gobierno Nacional boliviano, es el centro de lo que ellos llaman la “agenda patriótica” en su plan de desarrollo, entonces están planteando “oiga, es que si hacemos la cosa más estructurada en las ciudades, vamos a tener impacto más rápidamente en reducción de la pobreza y, por su puesto, en mejoramiento de la calidad de vida de los más necesitados. Entonces, si te das cuenta, hay una oportunidad grande para que la implementación de la Nueva Agenda Urbana empiece a bajar a la realidad, pero que baje a la realidad pasando por una mejor organización de los esfuerzos a nivel nacional, para que las ciudades y sus tomadores de decisiones encuentren un ambiente más propicio.
¿Qué elementos han identificado ustedes que puedan ‘conspirar’ contra esta clase de políticas nacionales?
Le doy dos respuestas hipotéticas, pero también pensando en lo que vemos que ocurre en términos generales en la gestión pública: uno, es que una animadversión imaginaria, una confrontación que hay más en el imaginario que en la realidad entre una visión local y una visión nacional, termine por anular los esfuerzos o por hacerlos inútiles en el avance hacia políticas nacionales urbanas. Una política nacional urbana es importante como marco y no desdice ni niega la necesidad de hacer el trabajo a nivel urbano local, eso es muy importante. Dos, la complejidad natural más que dificultad de la intersectorialidad, de la integralidad. Trabajar territorialmente, integradamente, debería ser lo natural pero no lo es, entonces ahí yo encuentro un desafío grande, pero el desafío es muy bonito y hay una buena noticia: lo que hemos visto en diferentes partes del mundo es que cuando se asume y además se avanza en el sentido de la integralidad en la acción territorial, da resultados sostenibles.
¿Dónde queda en este modelo o cómo se debe incorporar el tema de la participación de las organizaciones comunitarias?, ¿cómo construir con todas ellas este tipo de políticas?
Además de concebir bien la estructura de una política, hay que concebir bien el proceso de construcción de esa política. Un proceso de participación sin buena estructura, no te va a dar los resultados que estás esperando. Y lo contrario, una buena estructuración sin buena participación, no te va a dar los resultados que estás esperando. Participación y estructuración del instrumento de política pública, son dos vertientes que hay que integrar de manera inteligente, pues claramente tiene que existir; y esa participación también tiene que tener una forma apropiada, herramientas apropiadas. Ya sabemos que participación no es simplemente reunir a la gente para contarle en qué estamos, hay que involucrar a los actores en esa construcción colectiva y hay que involucrarlos de una manera representativa finalmente. Estamos de acuerdo en que hay que identificar muy bien cuáles son esos sectores que necesitan voz, cuáles son esos sectores que normalmente están escondidos y hay que descubrirlos, permitirles que tengan voz en la mesa, que no se queden atrás por encima de los actores tradicionales de la política pública.
