Por Mary Bottagisio
Según las cifras preliminares del Boletín Estadístico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 2016 fue para los colombianos un año nefasto, como lo han sido los últimos ocho años sin que las medidas para frenar su ocurrencia sean efectivas.
La cifra preliminar da cuenta de 6.802 vidas perdidas lo que permite inferir que una vez el Instituto consolide la estadística directa y la indirecta del 2016, serán más de 7.200 muertes en año 2016. Es decir, que no solo no hemos podido contener el flagelo, sino que los colombianos seguimos poniendo más muertos por violencia vial, que por conflicto armado.
En el año 2014 tomamos un préstamo de 10 millones de dólares para ejecutar la política pública de seguridad vial, según el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, (Conpes) que sustentaba el préstamo, para disminuir la mortalidad de cara al 2016, pero ahora no solo tenemos más muertes, tenemos una deuda que pagaremos del bolsillo de todos los colombianos hasta el 2021, precio inferior en todo caso, a las vidas que hemos dejado perder.
Inaceptable, intolerable y difícilmente justificable en un país donde la paz se ha convertido en un principio su sociedad. La paz pasa por la convivencia en el tráfico, si bien las muertes ya no se producen con bombas o con tanques de gas, se producen por cuenta del tráfico motorizado donde las víctimas siguen siendo los más pobres. Una sociedad y un estado que cohonesta con este tipo de violencia. Desde hace más de una década, los kamikazes son los motociclistas, hombres en su mayoría, jóvenes y en plena edad productiva.
¿Qué guerra deja más de siete mil víctimas al año? Mujeres y niños, como en toda guerra, también ponen su contribución: 518 niños y 1.280 mujeres muertas. ¿Qué guerra deja estas víctimas? Si seguimos en guerra en el tráfico, el próximo proceso de paz lo firmaremos con 8 millones de motociclistas.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) que debía entrar a operar en junio de 2014 -cuántas vidas se hubieran ahorrado-, se le nombró director en noviembre 2016, es decir, apenas se encuentra en etapa de estructuración, pero cada día que pasa mueren 18 colombianos.
Esperemos que la cara visible de este organismo que nació de la entraña de las víctimas entienda que sin el apoyo de los entes territoriales no podrá obtener resultados. Los municipios necesitan el respaldo económico del Fondo Nacional de Seguridad Vial para poder ejecutar sus políticas de seguridad vial, ya que el 58% de las muertes están es en los municipios que no son capital de departamento, donde hay menores ingresos.
Mary Bottagisio
Directora Fundación Por La Vía Por la Vida
