Los índices de violencia, que aumentaron en 2017, llevaron al presidente de Brasil a militarizar sectores pobres de la ciudad, generando el rechazo de organizaciones sociales y de Derechos Humanos.
“La militarización radicaliza la política de seguridad basada en el enfrentamiento armado con traficantes. Cada vez se invierte más en armas y menos en investigación. Esta política de guerra a las drogas fue radicalizada y resulta solo en muertes de policías y civiles”, denuncia Rodrigo Pacheco, Subdefensor Público General de Río de Janeiro.
Este es el reclamo que se mantiene desde la Defensoría y también desde el Observatorio de Favelas, tras el diálogo con LA Network, ante la militarización de amplios sectores pobres de la capital del estado de Río de Janeiro hace aproximadamente dos semanas, tras el decreto promulgado por el presidente Michel Temer y aprobado por la Cámara de Diputados.
Para Pacheco, esa estrategia ya ha sido aplicada en anteriores crisis de seguridad ciudadana en la urbe de 6.5 millones de habitantes y que durante las celebraciones del Carnaval de Río de este año (entre el 9 y el 18 de febrero) padeció múltiples asaltos y hechos que impulsaron al presidente brasileño a tomar la decisión.
El defensor agregó que ese incremento de la delincuencia está basado en la grave crisis económica que vive el estado y la ciudad de Río a pesar de haber sido la sede de grandes eventos como el Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016. Indicó además que uno de los detonantes fue el cubrimiento de los medios ante los hechos delictivos durante el Carnaval.
“Vivimos la mayor crisis financiera del Estado de Río de Janeiro, incluso con retraso de salarios de policías; los índices de violencia aumentaron a partir de 2017; una cobertura amplia y sensacionalista del Carnaval por los medios destacó la violencia, generando conmoción en la población”, explicó Pacheco.
En concepto de Pacheco, la militarización, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, ha derivado en violaciones a los derechos humanos y ha estigmatizado a las poblaciones pobres de la ciudad, especialmente a minorías negras, algo en lo que también coincide Raquel Willadino, Directora del Observatorio de Favelas de Río.
“La estrategia basada en la ‘guerra contra las drogas’ impulsa violaciones de derechos que impactan, sobre todo a las favelas y principalmente a los jóvenes negros, que son las principales víctimas de los homicidios en el país. La intervención federal que fortalece la militarización solo va a empeorar eso”, señaló la investigadora social.
Willadino recordó los hechos de las favelas de Maré, cuando el ejército lo ocupó durante 14 meses entre 2014 y 2015, con costos cercanos a los US $200 millones y que para ella no tuvieron resultados positivos. “Al contrario, los resultados fueron el aumento de las violaciones de derechos y de la sensación de inseguridad de las personas que viven en la favela”.
La orden de búsqueda y captura colectiva, el ingreso a las residencias sin orden judicial específica, la toma de fotografías de los moradores para verificación de antecedentes, son solo algunas de las acciones violatorias de los derechos civiles que viven en la actualidad los cariocas pobres, producto de las medidas que irán hasta diciembre de 2018.
Willadino advirtió que es tan grave lo que sucede que hasta los niños son objeto de requisas bajo la sospecha de ser delincuentes, una criminalización de los habitantes pobres que se convierte en un elemento más de lo que la directora del Observatorio de Favelas, denomina la “narrativa de la guerra”.
Tanto para Pacheco como para Willadino, estas medidas además de derivar en violaciones y en muchos casos en muertes de civiles y policías; reitera una preocupante estigmatización que reproducen círculos de pobreza y ambos advirtieron los riesgos de que las crisis de seguridad se traten de resolver con el ejército y no con la policía, lo que pone el riesgo la vida de los habitantes de las favelas.
“El ejército brasileño no tiene transparencia en las acciones de represión al tráfico, ni mecanismos de control social a diferencia de la policía. El ejército no posee entrenamiento para operaciones urbanas y en las favelas, lo que aumenta bastante la posibilidad de errores letales”, advirtió Pacheco.
Respecto al enfoque ideal y posibles soluciones a la crisis de seguridad que vive la segunda ciudad más poblada de Brasil, Willadino explicó que se requiere es un política de seguridad con enfoque en la protección de la vida y el respeto por los derechos humanos.
Para la Directora del Observatorio de Favelas, hay que desechar la vieja lógica de la ‘guerra contra las drogas’, reforzar el control al acceso de armas, una reforma estructural a los cuerpos de policía, aplicar más acciones de inteligencia que operaciones en terreno y un plan nacional de reducción de homicidios. Pidió también políticas que protejan la vida de las juventudes negras.
Pacheco, por su parte, pidió más acciones sociales como inversiones en educación y salud, pues “hoy el presupuesto para compra de armamento, vehículos y salario de los policías es mayor que el destinado para los rubros antes mencionados.
“Tenemos que buscar una política de seguridad ciudadana que no priorice la lógica del enfrentamiento, sino la investigación y la inteligencia policial; creación de mecanismos de control social y de transparencia de la política de seguridad”.
Organizaciones sociales estiman que en 2017 hubo cerca de seis mil tiroteos en Rio de Janeiro en los que murieron 700 personas. Esto significa un 28 % más que en 2016. Solo para el mes de enero, ya se han presentado 317 tiroteos, especialmente en las favelas. Por eso se ha tomado una medida tan radical e incierta en sus resultados como la militarización y que es inédita desde que en 1988 se instauró de nuevo la democracia en Brasil.
