Para el caso de Argentina, de acuerdo con los datos de MuMalá, entre el primero de enero y el 30 de junio, se presentaron 143 feminicidios y 135 intentos de feminicidio.
Las cifras lo demuestran y su lucha por hacer visible cada caso, también. El tema de la violencia contra las mujeres durante el periodo de cuarentena por la COVID-19 ha sido la gota que rebosó la copa, en un conjunto de atropellos que ha dejado cientos de víctimas en todo Latinoamérica, víctimas que gritan y reclaman justicia, leyes, normas y banderas en favor de la defensa de su vida.
No solo son los casos que expone MuMalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) en Argentina. Además, un país como Colombia, en solo 68 días de cuarentena, registró una cifra de 42 mujeres asesinadas y al 22 de junio de 2020, 99 mujeres habían perdido la vida en el país cafetero. En Ecuador, por su parte, los últimos registros señalan que 11 mujeres han perdido la vida durante la cuarentena en casos notificados de feminicidio.
En Perú, por ejemplo, las cifras al 12 de junio revelaban que 12 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el país desde que inició la cuarentena por la pandemia. Además, 226 mujeres reportaron haber sido víctimas de violaciones. De otro lado, en Brasil, los casos de feminicidios aumentaron en un 22 % (en comparación con 2019) en 12 estados durante la cuarentena, mientras que en los meses de marzo y abril el número de feminicidios aumentó de 117 a 143.
En Chile, entretanto, las cifras no son más alentadoras: de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el país registró un aumento del 70 % en las llamadas realizadas por mujeres a la línea de orientación sobre violencia intrafamiliar, esto solo durante el transcurso de la primera semana de la cuarentena, por lo que debió ser implementado un plan de contingencia para reforzar la atención a este tipo de casos.
De otro lado, en México, casi mil mujeres fueron asesinadas en los primeros tres meses de 2020 y las llamadas realizadas a la Red Nacional de Refugiados, han aumentado en un 60 % desde que comenzó el confinamiento por la crisis sanitaria.
En Paraguay, Uruguay y Bolivia, los casos de agresiones contra las mujeres tampoco han dado tregua: en Paraguay, el Ministerio de la Mujer confirmó un aumento del 50 % en las llamadas sobre hechos de violencia durante el mes de marzo de 2020. Bolivia registró 30 llamadas cada día a la línea de atención a las mujeres desde el mes de marzo.
Mientras tanto, Uruguay registró 1.557 denuncias por violencia contra la mujer; sin embargo, un 7 % menos de lo registrado en 2019 durante el mismo periodo.
Para el caso de Argentina, de acuerdo con los datos de MuMalá, entre el primero de enero y el 30 de junio, se presentaron 143 feminicidios y 135 intentos de feminicidio, es decir, una víctima por violencia machista cada 29 horas. De este total y asociado con la cuarentena, el 36 % de las victimas recibieron las agresiones en su propio hogar.
Para visibilizar estar situaciones y conocer cómo avanza este país en las normas que protejan a las mujeres, LA Network dialogó con Silvia Ferreyra, activista, y uno de los rostros visibles del Movimiento Libres del Sur y de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá).
¿Cómo han vivido este periodo de cuarentena producto de la pandemia las mujeres argentinas?
¡Complicado! se han agudizado todas las desigualdades que vivimos día a día. Además, al igual que en el resto del mundo, para quienes atraviesan situaciones de violencia machista, está claro que el hogar no es el lugar más seguro. Te muestro los datos de feminicidios en nuestro país, en lo que va del año, hasta el 30 de junio, una víctima de feminicidio cada 29 horas, datos alarmantes que hablan de la necesidad de avanzar con políticas de #EmergenciaNiUnaMenos y #EmergenciaLGBTIQ+.
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¿Qué tantas esperanzas quedan depositadas en el nuevo ‘Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de Género’?
Ojalá, en este caso, con el gobierno actual, no suceda lo mismo que con el anterior. La Ley de Prevención a las Violencias contra las mujeres aquí en nuestro país, aprobada en el 2009, establece la obligación del Gobierno Nacional de llevar adelante un Plan. El primer Plan de Acción, como tal, se presentó en 2016, para el período 2017-2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. Tenía muy poco presupuesto asignado, aun así, una vez en marcha sufrió un recorte de $20 millones. Se cumplieron poco y nada sus disposiciones. La mayoría de los fondos destinados (más del 80 % del total) eran para construir 36 hogares para víctimas de violencia machista en todo el país, al finalizar el mandato solo se habían construido nueve e iniciado tres. Ahora, el Gobierno actual presentó el nuevo Plan de Acción 2020-2022, bastante ambicioso, con un presupuesto de $18 mil millones, de los cuales $17,5 mil millones corresponden a la construcción de Centros de Atención Integral en todo el país y asistencia económica e integral a las víctimas”.
Y a este tema del recorte de recursos y la falta de acción, ¿se la ha sumado falta de voluntad política, negligencia, corrupción, falta de trabajo con los grupos de activistas? ¿Por qué no han funcionado estos intentos?
Son varios elementos los que pesan. Partimos de un piso muy bajo en materia de políticas públicas implementadas, sobre todo en prevención y asistencia. Está la falta de voluntad política, ahora el nuevo Gobierno manifiesta más voluntad, habrá que ver en los hechos concretos. Muchas de las iniciativas que venimos solicitando en la declaración de la #EmergenciaNiUnaMenos están presentes en el Plan de Acción recientemente presentado. Ojalá se implementen efectivamente, porque venimos con mucho retraso ya. Es necesario que se instrumente de inmediato. Es importante avanzar en estas políticas con una amplia participación de todas las organizaciones y redes que trabajamos en los territorios, que conocemos esta realidad. Sin tanta burocracia ni clientelismo, es indispensable cambiar todas estas prácticas tan arraigadas.
Y en temas de prevención, ¿cómo quedó argumentado este nuevo ‘Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de Género’?
Hay varios programas enunciados, a nivel de asistencia y acompañamiento, tanto a las víctimas como a las administraciones que abordan estos temas. También para el acceso a la Justicia, dos aspectos de los más urgentes. Hay que ver si efectivamente se cumple todo esto, ojalá así sea. Aquí tenemos dos leyes importantes para la prevención de la violencia machista: la Ley Micaela, de capacitación para la administración Pública (gobierno, Justicia, legislaturas) para una perspectiva de género, obligatoria para Nación y las provincias. Lentamente se está avanzando con esto. La otra es la Ley de Educación Sexual Integral, para todos los niveles educativos, en todo el país. De vital importancia para reconocer los estereotipos culturales que atraviesan nuestra sociedad, e identificar la violencia machista desde temprana edad, es una muy buena herramienta. Sin embargo, aún no es efectiva su aplicación en todo el territorio, hay muchos sectores conservadores que se oponen a su instrumentación, lo ven como un ataque a su pensamiento, cuando en realidad es una herramienta de prevención de la violencia machista y de estos femicidios”.
De otro lado, Silvia, ¿qué significó para ustedes que el Concejo Deliberante de Tucumán aprobara el #CupoLaboralTrans?
Una alegría inmensa compartida con les cumpes (colegas) de @LibresyDiverses. En los próximos días también se tratará en la capital de Neuquén, allí está una compañera de Mumalá, Cecilia Maletti, impulsando a full. Es importante para el colectivo LGBTIQ+ y la sociedad toda su aprobación. En el Congreso Nacional también se están debatiendo varias propuestas de cupo e inclusión travesti – trans, ojalá podamos tener pronto una Ley Nacional. Sería una forma de ir salvando la enorme deuda que tiene el Estado en nuestro país con el colectivo LGBTIQ+.
¿Cuáles son los puntos más destacados de este #CupoLaboralTrans que ya se aprobó y de las iniciativas similares que están en marcha?
En general establecen que, entre las nuevas contrataciones de cada lugar, se incluya en forma obligatoria un porcentaje de personas travesti o trans. Es una forma de ampliar las posibilidades laborales de este colectivo, sin dudas uno de los sectores más vulnerados de la sociedad. Esto en el ámbito de la administración pública local. En el Congreso Nacional hay otros proyectos más amplios de inclusión laboral más allá del cupo en la administración pública. Lo importante es ir avanzando en ese sentido, y sentar debate de que estas políticas son necesarias.
Silvia, para terminar, una reflexión: ¿qué es lo principal que se necesita en nuestros países para que se consolide la Matria Latinoamericana?
Un cambio de cultura, prácticas más inclusivas por sociedades más justas. No temerles a los cambios, escuchar lo que tantas mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex y otres reclamamos en las calles de nuestros países: queremos ser parte activa de las decisiones.
