El aumento de la violencia contra defensores de los derechos humanos se está produciendo cuando la tasa general de homicidios se ha reducido en un 40 %.
En Colombia y tras la firma del “Acuerdo de Paz” del Gobierno Nacional con la guerrilla de las FARC, los asesinatos, las amenazas y los actos de intimidación a los líderes sociales han aumentado “de manera dramática” desde hace dos años, declaró Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas.
Según Forst, en las áreas rurales, “donde la ausencia del Estado se junta con una numerosa presencia de grupos armados organizados e ilegales”, los defensores son “un blanco fácil” para quienes ven en ellos y en su agenda de Derechos Humanos un obstáculo para sus intereses.
«Esta es una de las áreas que debe abordarse con urgencia», insistió el relator, que dio la bienvenida al anuncio del Gobierno de que creará una comisión para implementar una política pública integral para defensores de los derechos humanos y para reconocer su trabajo.
Forst aseguró que “las personas más en riesgo” tras el “Acuerdo de Paz” son líderes sociales y comunitarios, y miembros de las presidencias de las Juntas de Acción Comunal; especialmente quienes apoyan las políticas derivadas del Acuerdo como el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y que reclaman la restitución de tierras.
