El centro penitenciario, con más de 60 años, contaba con una población carcelaria de 3.227 presos, de los cuales el 24% eran pandilleros de alguna columna de los maras.
Durante los últimos 20 años, la cárcel de San Pedro Sula fue gobernada y llena de corrupción por los grupos de pandilleros que allí permanecían, y cuya labor principal era la de velar por la seguridad de algunos de los principales cabecillas recluidos en este centro penitenciario de la capital hondureña.
Tales actitudes, fueron ratificadas por el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Desagradables, entidad que en su Informe Anual a la Nación 2015 pudo constatar que los presos en la capital no solo gobernaban en este centro presidiario, sino que desde allí surgían las órdenes para otras cárceles del país.
No obstante, finalmente el Gobierno de Honduras decidió tomar cartas y resolver esta tensa situación, que había convertido a este sitio penitenciario en un temido lugar. La medida, se cumplió luego de que 755 presos pertenecientes a las pandillas MS-13 y la 18, fueran trasladados desde San Pedro Sula hasta la cárcel de máxima seguridad El Pozo, ubicada en Santa Bárbara.
El traslado, según las autoridades, significó que el autogobierno y el desorden impuesto por estos pandilleros llegaran a su fin, y con ello, el centro penitenciario de San Pedro Sula dejó de tener pandilleros en sus celdas, algo que no ocurría desde hace 20 años.
De acuerdo con los detalles revelados por la Casa Presidencial, la cárcel de San Pedro Sula se había convertido en un centro de acopio para diferentes delitos. Desde allí, según las investigaciones, avanzaban la venta drogas, el tráfico de armas, órdenes para cometer homicidios, secuestros y extorsiones.
