Que Medellín no ha superado una violencia que destina a adolescentes al homicidio en los mismos guetos de siempre, en las mismas esquinas de periferia de siempre. Que la capacidad instalada del crimen es mayor a la que usa para la violencia y por eso siempre se puede domesticar un poco a las mafias, también se puede por supuesto ignorarlas por todo tipo de razones y dilemas éticos, pero a la final la capacidad instalada de la violencia sigue ahí mostrando la impotencia de nuestro aparato de justicia y la ausencia de un cambio cultural que enfrente la raíz de ese fenómeno.
Los adolescentes, muchas veces sin rostro y sin voz, pero con más capacidades de redes de apoyo en la 13, que en Altavista y en Aures, dicen “me preocupa quienes no amanezcan mañana”, la niñez se interrumpe, los adolescentes se encierran, piden dormir donde un tío o un amigo, ¿hasta cuándo? ¿qué pasa con los adolescentes sin tíos, con los que su familia es muy pequeña?
¿Qué pasa en Medellín?
Los hechos no cesan en Altavista y pueden ser los más graves de su historia. La extorsión y por tanto las amenazas se desbordan de sus territorios, la gente cierra parcial y totalmente las tiendas (no tenemos las cifras pero conocemos dos y es un indicador grave que no había pasado en 14 años).
Las balaceras vuelven a ser constantes en Medellín, el 3 de julio en Independencias, pero cada tanto en Altos de la Virgen, Manzanillo, Nuevo Amanecer y Aures. El homicidio viene subiendo y la edad modal de la víctima de homicidio en Medellín pasó de ser de 27 años en 2017 a 24 años en 2018.
De nuevo, el perfil de la víctima que se repite es el de un joven pobre, por eso nos demoramos tanto en hacer algo radicalmente distinto y la voluntad política sigue siendo precaria.
La Alcaldía de Medellín ha optado una vez más (en distintos cuatrienios) por concentrarse completamente en “la mano dura”. Dejando por fuera lo ideológico o incluso lo filosófico, “la mano dura” tiene un problema: es una táctica sin estrategia. Igual que la prevención o cargarle a lo social o a lo cultural la reducción de la violencia. Sólo capturando no se va a reducir la violencia, sólo haciendo conciertos, abriendo escuelas o restaurantes comunitarios tampoco.
“La mano dura” carece de integralidad y al tener poca integralidad y en escenarios de baja gobernabilidad y poca gerencia, genera atropellos a los derechos humanos, unos costos así de enormes, y muchas veces la ampliación o consolidación de la base social de las mafias.
El Secretario de Seguridad dijo el 4 de julio en la mañana, en W Radio, otra vez que al capturar tantos cabecillas la violencia aumenta. Primero, empieza uno a pensar que no es consciente de los costos y segundo, hay que empezar a cuestionar la mediocridad de no lograr recuperar un territorio después de que se captura un cabecilla o se desmantela una banda. No hay planeación y no hay prospectiva (contando con un modelo) de qué va a pasar después de cada operativo y cada captura. El discurso empieza a desteñirse porque empieza a ser evidente que los costos los pagan los vecindarios y los ciudadanos de territorios pobres y la posición de quien alienta la política es cómoda.
Varios vecinos de las Independencias estaban reclamando desde el 3 de julio que policías estaban aliados con algún grupo y que eso trae consigo arbitrariedades y el miedo de la comunidad de contradecir o desafiar a algún grupo. Es muy probable que algo así pueda estar pasando en Altavista, La Cruz, Villa Liliam. El Secretario de Seguridad, en todo caso responde dos cosas: que si estuvieran aliados con algún grupo no hubieran tantas capturas e incautaciones y que no entiende por qué la gente no critica a los criminales, siendo “el real enemigo”.
Podemos aportar a la discusión y a la veeduría a la Alcaldía dos elementos:
- Si elementos de la Policía deciden apoyar a un grupo, van a tener bastantes resultados de capturas y de incautaciones frente al otro. Los criminales y sobre todo las disidencias de grupos son la mejor fuente posible. Sin duda, los monopolios criminales no son el escenario que se nos promete con esta política de seguridad.
- Un Secretario de Seguridad, un Alcalde, incluso un director de la Policía no deben tener enemigos, los criminales siguen siendo nacionales, al quitarles el status político también dejan de ser contrincantes y son simplemente infractores. No pensamos que la palabra criminal sea más suave que enemigo, pero sí nos pone en otra dinámica.
Estamos escribiendo esto refiriéndonos a la veeduría a la Alcaldía y con el anhelo de que el Secretario de Seguridad y el Alcalde nos lea, porque la ciudadanía no le hace veeduría al crimen, porque la ciudadanía le exige a sus servidores públicos y no al crimen.
La Alcaldía de Medellín debe cambiar su política de seguridad y reintentar una gerencia y un gobierno de la co-gestión de la seguridad con 7 puntos:
Primero, atienda mejor a los amenazados de ser víctimas de homicidios (donde también estarían los casos de alertas de feminicidio y el Protocolo Nada Justifica el Homicidio).
Segundo, afine un mayor servicio en sus programas de recuperación social e instálelos en los microespacios donde tenía más injerencia un grupo criminal.
Tercero, tenga mejor información y a mayor velocidad de las perspectivas desde el vecindario y de pobladores con vulnerabilidades.
Cuarto, logre una mayor supervisión y acompañamiento de la Policía y un mejor funcionamiento y compromisos más integrales de los cuadrantes.
Quinto, cree unos mejores servicios de policía con el 123, Inspecciones y Comisarías.
Sexto, comience un programa ambicioso con mucha cobertura de segundas oportunidades y resocialización -con una metodología de llegar hasta el más excluido y a los eslabones más débiles-.
Séptimo, un acompañamiento temprano e integral a las familias víctimas de homicidio de Medellín.
Sería empezar por ahí y aprovechar el año y medio que queda. Luego habrá que hacer mucho más y seguir en el camino largo de la solidaridad y la cultura.
