Aunque calificada de positiva, dicha política ha generado la migración de la criminalidad a zonas de la ciudad que antes no conocían la violencia. Una investigación liderada en la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro propone la reflexión.
La violencia urbana durante las dos últimas décadas del siglo pasado y lo que va corrido del presente, se ha convertido para muchas ciudades de Latinoamérica en uno de los principales desafíos, junto con la desigualdad y la pobreza extrema.
Entre ellas está Río de Janeiro, cuyo caso fue analizado en noviembre del año pasado en una de las sesiones de la reunión anual de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe (Lacea) y el Encuentro Latinoamericano de la Sociedad de Econometría (Lames), certámenes académicos que se realizaron en forma simultánea en la Universidad Eafit de ciudad de Medellín.
El investigador Claudio Ferraz, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro (PUC-Rio), recordó que desde mediados de los años 80 hasta el 2000 Rio de Janeiro estuvo catalogada como una de las ciudades más violentas del mundo.
Las bandas de narcotraficantes comenzaron a controlar extensas zonas del territorio en barrios pobres y, en muchas ocasiones, los altos niveles de violencia eran causados, de un lado, por los enfrentamientos entre las mismas pandillas que pretendían el control territorial y, por el otro, por los enfrentamientos entre las pandillas y la policía que les combatía.
Hace ocho años, ante la presión social y el riesgo de que la situación llegara a niveles incontrolados, las autoridades decidieron encarar el fenómeno con medidas de choque, para lo cual adoptaron la que ellas mismas consideraron “una nueva y ambiciosa política de pacificación de las favelas”.
Un proyecto de investigación liderado por Ferraz, con el objetivo de evaluar los efectos sobre el crimen y la violencia de dicha “política de pacificación», arrojó resultados que al mismo tiempo que alientan, han generado serias preocupaciones.
“Al mirar los efectos de la política de pacificación en esas comunidades pobres de Rio de Janeiro, política que le permitió a la policía entrar a lugares donde la autoridad nunca estuvo presente, encontramos que efectivamente dentro de esas comunidades intervenidas se generó una reducción de la violencia asociada principalmente al narcotráfico y a grupos armados, pero también se generaron efectos negativos”, explica Ferraz.
“Migración criminal”
Y quizás el más preocupante de esos efectos no advertidos desde el principio, o producto de la improvisación fue que, “debido a la migración criminal”, otros lugares de la ciudad y otros municipios del Estado comenzaron a experimentar una violencia que sus habitantes desconocían y que hoy los tiene desconcertados y temerosos.
Asimismo emergió un tercer nivel de enfrentamientos, esta vez entre la policía y muchas de las comunidades donde se efectuaron los operativos, pues, ante la consideración de que hubo extralimitación de funciones, abuso de autoridad y uso desmedido de la fuerza, esto ha conllevado a reiteradas marchas de protesta que derivan en confrontaciones callejeras.
Y, a las marchas, las comunidades han sumado una exigencia de respeto a las autoridades municipales, argumentando que no todos los habitantes de las favelas son generadores de violencia o delincuencia.
Ya tienen arraigo las consignas que denuncian al «Estado que mata» y que claman por «Nunca más un Estado que mata». La organización no gubernamental Observatorio Local de las Favelas reclama una policía que se desempeñe en los marcos de la constitución y la ley, y que con sus actuaciones no contribuya a la expansión de la violencia.
Uno de los muchos casos que ha tenido resonancia, sucedió cuando un comando del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) ingresó en busca de una banda delincuencial al territorio de las favelas de Maré, al norte de Río de Janeiro, en 2013, dejando como resultado la muerte de diez personas entre sospechosos, civiles (un niño) y un policía.
Medidas alternativas
Interrogado Ferraz sobre si la actuación del Estado mediante la llamada “política de pacificación de las favelas» es completamente equivocada, afirma: “No, no es equivocada. En realidad ha sido positiva para muchas personas que viven en esas comunidades y que han visto que ya no están obligadas a convivir con los traficantes de drogas y con las pandillas armadas. Esa reducción efectiva de la violencia les proporciona tranquilidad. Lo que pasa es que para otras comunidades que antes no tenían esos problemas, y hacia las cuales han migrado los narcotraficantes y las bandas armadas, la vida les ha cambiado. Al final, mejoró para unos y empeoró para otros”.
Como alternativa plantea “complementar ese tipo de políticas policiales con políticas sociales, educativas, culturales, de generación de empleo, de generación de oportunidades y de prevención del riesgo para la juventud”, teniendo como finalidad “que el crimen organizado y el narcotráfico no tengan tanta gente para emplear, la cual solo encuentra esas oportunidades ilegales como la única opción de sobrevivir”.
En cuanto al efecto de esta clase de investigaciones para la toma de decisiones y para la expedición de políticas públicas, lo mismo que para reorientar el rumbo equivocado de actuaciones gubernamentales, afirma que, en efecto, “ellas llevan a que se produzca interacción entre organizaciones sociales, el sector académico y el gobierno”, con mira a una acertada toma de decisiones y a generar debates antes de decidir cómo hay que actuar, por ejemplo, en el caso de la violencia urbana.
“El propio gobierno de Río está repensando esas políticas y es seguro que va a tomar una decisión en torno a qué hacer con ellas”.
Fenómenos emergentes
Para los estudiosos de la violencia en Río de Janeiro, la situación se ha ido complicando en la última década, debido a fenómenos emergentes.
Como por ejemplo la irrupción de “milicias” que quieren operar como “miniestados” dentro de las complejidades de las favelas, demarcando territorio, asumiendo el rol de “brindar seguridad”, haciendo “justicia por mano propia” e imponiendo cargas pecuniarias a la manera de impuestos.
También han surgido grupos con la pretensión de combatir a las pandillas, exigiendo a cambio de ello “donaciones en dinero”.
Para Claudio Ferraz, este procedimiento termina por acumular en manos de la ilegalidad sumas cuantiosas.
Y mientras que para algunos sectores de la población, tales grupos son una alternativa ante la desconfianza que le tienen a la policía, por considerarla inmersa en la corrupción, otros desde el silencio, por temor a perder la vida, consideran bastante inquietante que además de la desigualdad y la pobreza extrema, las comunidades más pobres deban vivir en las favelas sin la protección del derecho a la libertad y bajo un régimen de terror.
