El Páramo de Santurbán es una reserva natural con una extensión aproximada de 142 mil hectáreas y a la cual le “coquetean” las empresas mineras. Además, es la principal fuente hídrica de la ciudad de Bucaramanga.
Mientras la Corte Constitucional derogó por medio de un fallo la delimitación del páramo de Santurbán, ubicado en el departamento de Santander, por considerar que la población no tuvo una participación real en el proceso, aún continúan las dudas por el desarrollo del proyecto minero “Soto Norte”, proyectado en la parte baja del páramo y que sería desarrollado por una multinacional en la que los Emiratos Árabes es el principal accionista.
Las nuevas noticias llegadas desde Oriente Medio esta semana y los constantes llamado de académicos y ambientalistas, reactivaron la alarma sobre la necesidad de verificar que no incurrirá en el uso inadecuado del agua y que realizará una correcta disposición de los residuos, entre otros aspectos.
Así lo destacó el profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, Orlando Rangel, quien remarcó en que es “preciso saber de dónde se obtendrá el agua para las labores de minería, para que estas no afecten la disponibilidad del recurso en las fuentes de las cuales se abastece el Acueducto de Bucaramanga”, capital de este departamento colombiano.
Rangel, agregó que aunque está claro que la zona que explotaría la firma está por fuera de la región delimitada como páramo, es necesario que se mire cuidadosamente la solicitud de licencia presentada a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), para analizar cuáles son las medidas que se proponen para hacer una correcta explotación de los recursos.
“Estos aspectos se deben consultar con especialistas para revisar los estudios realizados y los planes de contingencia planteados por la multinacional. En la Universidad Nacional tenemos expertos que conocen el páramo y podrían analizar la viabilidad del proyecto”, agregó el académico.
El fallo emitido por la Corte Constitucional establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene un año para delimitar el páramo incluyendo la participación ciudadana para asegurar la legitimidad de la zonificación, ya que las reacciones de alarma frente a las actividades de minería son consecuencia de no tener en cuenta la percepción de los habitantes frente al asunto.
Sobre el tema, el docente Rangel insistió en que “lo ideal es que durante este tiempo también se hagan ajustes en el estudio que aún no están bien argumentados, especialmente para que la parte cartográfica pueda tener un conocimiento real del terreno”.
Con información de la Agencia de Noticias Universidad Nacional.
