Cuando el Gobierno nacional asume la discusión de la seguridad urbana, la limita al pie de fuerza y a la distribución de recursos; por lo tanto, se necesita una política integral de seguridad.
Este es uno de los planteamientos debatidos por los expertos en seguridad Andrés Nieto y Miguel Silva, junto con el profesor Carlos Alberto Patiño Villa, director del Instituto de Estudios Urbanos (IEU), en el programa Observatorio de Gobierno Urbano que se transmite por UN Radio.
Los panelistas coincidieron en que las capacidades de Colombia para enfrentar la criminalidad son muy pocas, por la congestión en la justicia, los problemas en la legalización de las capturas y un sistema que no castiga la reincidencia. A esto se suma que las organizaciones criminales utilizan niños y jóvenes para cometer delitos.
Para el profesor Nieto, los problemas de seguridad del país están relacionados con la falta de una política integral de convivencia y seguridad que se separe –sin desarticularse– del crimen y de la política carcelaria y que garantice seguridad económica, ambiental, de salud, comunitaria, personal y de derechos humanos.
“En el país actuamos con medidas de choque: cuando ya se cometió el delito, ya no se puede hacer nada, ya la persona fue víctima. El Estado debe tener un concepto de previsión y de prevención: identificar los riesgos para prevenir”, afirmó el profesor Nieto, de la Universidad Central.
En este sentido, señaló que Colombia tiene un déficit del 39 % de unidades oficiales, y además los policías están atendiendo problemas de ruido, basuras y mascotas; “el 72 % de las llamadas de emergencia del país están relacionadas con estos aspectos, lo que quiere decir que estamos frente a un problema de convivencia”, insistió.
Según Miguel Silva, magíster en Seguridad y Defensa Nacional y candidato a doctor en Filosofía, en el país también hay un problema de capacidades y competencias, ya que algunas les corresponden al Gobierno nacional y otras a los entes territoriales.
“Los gobiernos nacionales han descuidado como un asunto estratégico la seguridad urbana y se lo han trasladado exclusivamente a los alcaldes”, manifestó el académico.
Agregó que cuando el Gobierno nacional asume la discusión de la seguridad urbana, la limita al tema de pie de fuerza y a la distribución de recursos, por lo que termina siendo la Policía la que establece una política nacional.
Crisis carcelaria y reincidencia
Según el profesor Nieto, en el país hay 13 mil casos de delincuencia represados y a punto de vencerse. El año pasado se vencieron 5.333.
Además, el experto en seguridad afirmó que 7 de cada 10 personas capturadas son reincidentes, y cada reincidencia es de 12 a 23 veces. Para el investigador Silva esto sucede “porque ir a la cárcel es rentable. Muchos de los delitos se cometen desde allí”.
En cuanto a las cárceles, el hacinamiento es del 49,3 %, entre otras cosas porque no se ha pensado una política carcelaria en el orden de la reincorporación social a partir de procesos que les permitan a las personas ser económicamente activas en la sociedad.
“La política de seguridad no puede ser más cárceles, porque estaríamos aceptando que cada vez hay más criminales y que no tenemos otra opción que capturarlos y meterlos a las cárceles”, dijo Nieto.
“Si el Estado no tiene capacidad de inteligencia para negarle espacio al desarrollo de negocios criminales, estamos hablando de un Estado que no logra controlar el territorio y siempre va a ser reemplazado”, señaló el docente Silva.
A su turno, el profesor Nieto aseguró que en Bogotá existen más de 323 estructuras criminales, algunas de ellas “hasta con portafolio de servicios”, con valores georreferenciados según las localidades.
“Estamos descuidando la pirámide de seguridad: toda conducta incívica escala en un conflicto, todo conflicto en una violencia, toda violencia en crimen y el crimen lleva a la criminalidad de oficio”, puntualizó.
Agencia de Noticias UN
