A medida que el COVID-19 se extiende por todo el mundo, se ha pedido a millones de personas que se queden en casa. Sin embargo, esta simple medida preventiva de salud pública es imposible para las personas que viven en la calle o en viviendas inseguras o superpobladas.
Se estima que alrededor de 1800 millones de personas, o más del 20 % de la población mundial, carecen de una vivienda adecuada. Estas cifras incluyen alrededor de mil millones de personas que viven en asentamientos informales o barrios marginales.
La vivienda es un derecho humano fundamental. Ahora también es central en nuestra batalla contra el COVID-19. Sin una vivienda adecuada, es imposible llevar a cabo el distanciamiento social y las buenas prácticas de higiene y el mundo corre el riesgo de contraer una enfermedad mortal. Como apunta Leilani Farha, relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, la vivienda se ha convertido en defensa de primera línea contra el coronavirus. La vivienda nunca había sido tanto como en este momento una condición de vida o muerte.
Las medidas de control del COVID-19 en ciudades y áreas urbanas y la falta de acceso a espacios exteriores pueden tener un efecto perjudicial en la salud mental y física de los residentes. El ambiente estresante de la estadía en el hogar, especialmente en viviendas pequeñas y abarrotadas en asentamientos informales, la interrupción de las redes sociales y de protección y la disminución del acceso a los servicios exacerban el riesgo de violencia para mujeres y niños.
La ausencia de servicios básicos, el estrés y las condiciones de vida poco saludables también contribuyen a una precaria salud. Las personas sin hogar a menudo ya experimentan problemas respiratorios graves que pueden ser agravados por COVID-19.
La propagación de COVID-19 está exacerbando una crisis de vivienda global preexistente, que ya está afectando a millones de personas. Las acciones inmediatas a corto plazo deberían centrarse en contener la propagación de la infección, mientras que las intervenciones a largo plazo deberían incluir una revisión de los enfoques actuales de la gobernanza de la vivienda y la tierra. Las decisiones y medidas tomadas ahora podrían moldear significativamente el éxito o el fracaso de la recuperación futura posterior al desastre.
