El nuevo gobierno mexicano, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, alista un plan para rescatar 100 ciudades con altos índices de marginación, pobreza e inseguridad. La meta es a seis años, tiempo en que se invertirán un promedio de 500 millones de dólares anuales.
Por Agustín Velasco (Periodista – Ciudad de México)
“Las grandes ciudades modernas: Nueva York, Paris, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela; semillero de futuros delincuentes… México, la gran ciudad moderna no es la excepción a esta regla universal”.
https://www.youtube.com/watch?v=1wHbzSOeDYg)
Con esta cita inicia la película Los Olvidados, de Luis Buñuel, que toma como contexto la pobreza y marginación urbana en México. Se estrenó en 1950 –hace 69 años- y al decir del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, su esencia está vigente. Los datos nacionales respaldan esta afirmación.
Por ejemplo, el Índice de Marginación Urbana del Consejo Nacional de Población (Conapo) detalla que 26.7 millones de mexicanos viven en situación de “alto” y “muy alto grado de marginación urbana”. Es decir, 24 % del total de la población del país.
Otro estudio, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), arroja que seis de cada 10 mexicanos que viven en pobreza habitan zonas urbanas, es decir, unos 37 millones de personas.
Se trata del “México profundo”, como lo llama López Obrador, quien atribuye estos números a la implementación del modelo económico neoliberal “que ha sido una calamidad” y a la estrategia contra el crimen organizado iniciada en 2006 y a la que el gobierno pasado dio continuidad. El resultado: más de 234 mil muertos; 34 mil desaparecidos y unos 330 mil desplazados, según datos oficiales y de organizaciones civiles.
Partiendo de lo anterior, el político tabasqueño integró en los 25 proyectos prioritarios de su gobierno el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) a través del cual se destinarán este año alrededor de 500 millones de dólares en el mejoramiento de equipamiento, servicios, infraestructura y vivienda de 15 ciudades del país.
Lo encabezará Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y estará al mando del “Programa de Mejoramiento Urbano”.
¿Hay algún antecedente de un programa similar en el mundo? preguntó LA Network al ministro. “Sí hay antecedentes, el más connotado es el modelo colombiano, Bogotá tras los años 80 y 90, y el caso siempre referente de Medellín; también hay otros modelos como Brasil y Chile, que han sido un punto de partida. En estos casos se conformaron los programas de tal suerte que tienen un conjunto de acciones bajo diferentes órdenes de gobierno y bajo diferentes modalidades dentro de polígonos determinados”, responde.
Meyer Falcón explica que para elegir las ciudades a intervenir se analizaron datos sobre marginación, entorno urbano y delincuencia. Las seleccionadas fueron 10 en la frontera de México con Estados Unidos: Tijuana y Mexicali, en Baja California; San Luis Río Colorado y Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acuña y Piedras Negras, Coahuila; así como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas.
Estas ciudades se beneficiarán además del Programa de la Zona Libre de la Frontera, a lo largo de los más de 300 kilómetros de la línea divisoria entre Estados Unidos y México, y 20 kilómetros tierra adentro, que incluye la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 a ocho por ciento; del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 30 al 20 %; además del incremento al salario mínimo de 4.4 dólares a 8.8 dólares diarios y un descenso en el precio de la gasolina en un promedio de uno a medio dólar por litro.
Las otras zonas elegidas para el PMU pertenecen a destinos turísticos: Los Cabos, Baja California Sur; Bahía de Banderas, Nayarit; Puerto Vallarta, Guadalajara; Acapulco, Guerrero y en la península caribeña mexicana el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
“Estas áreas urbanas tienden a presentar siempre las mismas carencias: son áreas de crecimiento informal, carentes de infraestructura, de equipamiento y que tienen una población que migra a estas zonas alejadas de los centros de trabajo”, explica Román Meyer.
En cada una de estas ciudades se invertirán un promedio de 30 millones de dólares. El funcionario mexicano explica que antes se elaborarán instrumentos que sirvan de guía para la cartera de proyectos de cada polígono.
“Se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y los estados de la República para la realización de Programas Territoriales Operativos, los PTOs, un instrumento de gestión que nos ayudará a conformar un criterio muy claro, muy técnico, de las necesidades en cada uno de estos polígonos, cuadra por cuadra, manzana por manzana”, explica el ministro de la SEDATU y agrega que los diagnósticos (PTOs) estarán listos en un par de semanas.
– ¿ONU-Habitat, que tiene lineamientos muy específicos en la agenda urbana, acompaña este proyecto?
“No, nosotros estamos tomando los lineamientos de ONU Habitat y de la agenda 2030 y también a todos los componentes internacionales a los que estamos suscritos como gobierno. Este es un trabajo de colaboración entre la secretaría, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales”, responde Meyer.
Justo en esa falta de acompañamiento internacional para la implementación del programa radica la suspicacia de Enrique Cano, vocero en México de la organización internacional Techo.
“El Programa de Mejoramiento Urbano está apegado a lo que se establece en la Nueva Agenda, sin embargo, esta Nueva Agenda Urbana arranca con que debemos partir de tener datos y el PMU carece de más datos sobre falta de vivienda; además hemos encontrado que los indicadores que van a medirlo son indicadores de acciones como cuántas personas o familias tienen un título de propiedad, pero no nos van a decir si siguen teniendo piso de tierra”, argumenta.
El vocero de Techo ve como positivo que se integren al Programa instituciones de educación pública como el IPN y la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque también considera necesario el punto de vista civil.
“No se está integrando a la sociedad civil, también podríamos participar en etapas de evaluación”, asegura.
Román Meyer, defiende que no se trata de “falta de acompañamiento”.
“Yo no diría que es falta (de acompañamiento internacional), creo más bien que son proyectos que se establecieron previamente y fueron elementos de campaña por los cuales votó la población mexicana. Lo que cabe destacar es que tenemos un IPN que con toda la capacidad técnica que tiene nos está dando apoyo y acompañamiento técnico”, resaltó.
Entre tanto, el gobierno de Solidaridad, Quintana Roo –famoso por su barrio costero Playa del Carmen- que encabeza Laura Beristain, accedió a darnos detalles de la explosión demográfica de su población y sus condiciones de vida. Este centro urbano costero es el único del sureste que será intervenido.
“Nuestro éxito turístico y económico debe traducirse y reflejar una mejora real en las condiciones de vida de la gente, porque independientemente de que es una zona turística y es un polo importante de atracción y de empleo, tenemos una población que en su mayoría vive en asentamientos irregulares que carecen de los servicios básicos y elementales, propiciando grandes problemas sociales”, detalla.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Solidaridad tiene 350 mil habitantes; sin embargo, una estimación no oficial sugiere que a raíz de la llegada de trabajadores a la zona para participar de la economía turística ha hecho elevar la cifra a 400 mil o más.
“Solidaridad tiene un reto difícil para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, ya que cuenta con un crecimiento de población anual de 6.80 %, de los cuales 3.37 % es un crecimiento natural y 3.43 % es de crecimiento social, es decir, por el arribo de migrantes”, asegura.
El gobierno municipal reconoce que el crecimiento desmedido ha acarreado rezagos en materia de infraestructura urbana, de servicios públicos y de movilidad “que impactan y lesionan el tejido social”.
“Este desorden propicia abusos, inseguridad y clientelismo, ya que sujeta a la población a depender del asistencialismo que tanto daña el orden urbano”, agrega.
El calendario de la SEDATU indica que la intervención en este municipio se llevará a cabo casi a finales de año, sin indicar una fecha exacta. Por lo pronto, las autoridades ya hicieron una lista de prioridades a las que tendrían que dirigirse los recursos: a la certeza jurídica de la tenencia de tierra; al ordenamiento territorial y urbano; a la dotación de infraestructura y de servicios; a la mejora del entorno de la vivienda con espacios de movilidad social; a la recuperación de lugares públicos y a la modernización del transporte.
Lo que no tienen claro las autoridades en Solidaridad es cuánta participación y margen de maniobra tendrán para ejecutar los 30 millones de dólares del gobierno federal o si solo serán espectadores en este ejercicio.
“Esperamos incidir en los proyectos y orientar el gasto. Definitivamente es importante cuidar el uso, su transparencia y sobre todo que se realicen con calidad y eficiencia”, enfatiza Beristain y finaliza con un voto a favor de que la sociedad también colabore con los tres niveles de gobierno en la mejora de sus ciudades.
En general, la visión del gobierno federal y las autoridades municipales coincide en el estado de abandono de estos centros urbanos, asegura Román Meyer.
“Muchos retos se repiten en estas ciudades como la vivienda que no tiene la tenencia de suelo, no tiene la titulación de la propiedad, que son zonas conurbadas carentes de equipamiento e infraestructura de servicios básicos en muchos casos, que no se tienen cuestiones básicas de acondicionamiento que requiere la población: agua, luz, drenaje. Carencias como escuelas y clínicas”.
– ¿Cuál es la meta?
“Estaríamos buscando al final del sexenio conformar 100 intervenciones a nivel nacional, 100 ciudades que tendríamos que estar interviniendo”, concluye el ministro del gobierno mexicano.
