Las comunidades que han recibido poblaciones migrantes por causa del desplazamiento o la desmovilización enfrentan distintas problemáticas, como la fragmentación del territorio y la afectación en la convivencia.
En estos territorios se evidencia la ausencia de representación institucional, lo que crea un devenir de incertidumbre y autogestión. Por otro lado, las poblaciones receptoras u originarias (que han habitado el territorio desde el inicio) perciben en el migrante falta de sentido de pertenencia por no contar con la propiedad de la vivienda, lo que los enmarca en el descuido de su entorno y no integración con la comunidad.
Así lo dio a conocer la arquitecta Laura Vásquez Guerrero, candidata a magíster en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien realizó un trabajo sobre cómo los procesos migratorios del conflicto armado –específicamente del desplazamiento y la desmovilización– reconfiguran el territorio y sus formas de habitar.
Para eso abordó un caso de estudio: la migración de la población desplazada y desmovilizada en la Ciudadela Santa Rosa, de la localidad San Cristóbal de Bogotá, la cual fue declarada en 2005 como zona de riesgo no mitigable por remoción en masa, causando el desalojo de las viviendas.
Luego, en 2007, llega la población desplazada y desmovilizada, algunos de ellos por la recompra al Distrito y otros por la ocupación de viviendas desalojadas.
Para recolectar los datos de esta investigación se hizo una cartografía social, para lo cual se trabajó con una serie de talleres autónomos que se enviaron a la población y que estaban constituidos por dos partes: una línea de tiempo, con la que se respondería al objetivo de reconstruir participativamente la ciudadela, y el taller de cartografía territorial, que ayudaría a identificar y analizar cómo se generan los procesos de habitar allí.
A los habitantes se les envió un instructivo indicándoles cómo debía hacerse el trabajo, qué preguntas debían responder y cuáles eran los pasos a seguir para completar la actividad. Por último, los datos recolectados a partir de este ejercicio se analizaron con el apoyo de un software informático y la interpretación de la teoría y la realidad.
Las dificultades percibidas
En las líneas de tiempo la idea era que los habitantes se ubicaran a lo largo de los años y respondieran algunas preguntas enfocadas en sentimientos, conocimientos, simulaciones de su diario vivir, entre otras. Aquí se evidenciaron dificultades en seguridad, invasión de locales, falta de una Junta de Acción Comunal (JAC) y recuperación del salón comunal.
También se identificó que la convivencia, la estética, la desigualdad, la ausencia institucional y el control territorial son temas que interesan y preocupan especialmente a estas comunidades.
En la cartografía territorial se les pidió ubicar lugares seguros e inseguros: dónde está la población desplazada, la población originaria y los “lugares del miedo”. Al respecto, se observó que existen sitios más importantes por la capacidad de reunión de las diferentes poblaciones, como las bahías de parqueo, bomberos, el salón comunal, la iglesia y los parques, entre otros.
También existen formas de habitar diferentes porque las personas vienen de culturas diferentes: la mayor parte de la población desplazada es afro y la desmovilizada tiene una cultura rural.
En el caso particular de la Ciudadela Santa Rosa, se evidencia una fragmentación espacial: en una zona está la población receptora u originaria, que está relacionada en su mayoría con lugares seguros, y por otro lado están los lugares de ubicación de la población desplazada y desmovilizada, relacionados con lugares inseguros y a los que la población originaria no accede por miedo.
Estrategias de integración
Con los aspectos más relevantes surgidos de este trabajo con la comunidad, se crearon algunas estrategias que ayudarían a mejorar el hábitat en los territorios cuya población ha migrado por el conflicto armado.
En cuanto al contacto y la integración con las comunidades, se estableció la importancia de visibilizar los conflictos; tener acompañamiento institucional como un actor clave neutral; capacitar a la población tanto en resolución de conflictos como en deconstrucción de imaginarios y de cómo se construye al otro; tener incentivos, no económicos, sino que motiven a la participación de la población en estas estrategias; y propiciar encuentros locales.
Otro punto clave radica en consolidar la JAC, para tener una representación ante el gobierno local y distrital. Para esto es necesario que los habitantes se unan, pues es necesaria su participación activa: entre los puntos que tiene el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) está que en este proceso participen 75 personas.
Por otro lado, es importante crear una comisión de convivencia y conciliación conformada por representantes de las tres poblaciones del territorio: originarios, desplazados y desmovilizados, y es necesario que siempre haya un acompañamiento institucional o de un agente neutro que pueda mediar situaciones.
Agencia de Noticias UN
