Un ingeniero forestal peruano levanta las banderas en defensa de las zonas verdes afectadas por las obras viales en la capital peruana.
No fue sencillo pero se logró: que el parque Elías Aguirre de 6.000 metros cuadrados, donde se afirma que habita el único ombú (Phytolacca dioica) vivo del distrito limeño de Lince, no se convirtiera en un estacionamiento subterráneo para autos.
El triunfo es de la unión de los vecinos del sector que han impedido con las leyes en la mano y una voluntad férrea, que desde 2012 esta zona verde no se pierda en las fauces de un monstruo que está devorando el espacio público: es una ciudad que tiene en promedio 3 m2 de espacio público cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 9 m2.
“Lima no tiene un enfoque de desarrollo. Se quedó en un ideal de ciudad de los años 50 donde abundan los bypass y las obras de infraestructura vial. No va con la planificación urbana que se diseña en función de los ciudadanos sino totalmente a los autos”, dice Guillermo Luis Gonzales Scheggia.
Él es un ingeniero forestal y activista que se ha dedicado a asesorar a grupos de ciudadanos, los Comités de Defensa y Gestión de parques, en la defensa de sus, cada vez menos, zonas verdes y espacios públicos.
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Y es que aquel enfoque ‘carrocentrista’ es el que tiene hoy a Lima como una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica (en 2014 fue ubicada por la OMS casi al nivel de Ciudad de México); pues además del aumento del parque automotor y de numerosas obras viales con amplias cintas asfálticas que arrasan las zonas verdes; las normas constitucionales permiten la privatización del 100% de los espacios públicos.
Una lucha ciudadana por la calidad de vida
Para el activista Gonzales Scheggia, lo que está primando en Lima es una agresiva dinámica de ampliaciones viales que no solo está arrasando con los espacios públicos -verdes o no- sino que tiene un trasfondo más crítico.
“En realidad lo que se pretende es cambiar los parámetros urbanísticos de las zonas residenciales para volverlas zonas comerciales o implementar centros comerciales o financieros”, denuncia el ingeniero forestal y asesor legal de las uniones ciudadanas.
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Las consecuencias de esa gentrificación que el experto denomina ‘verde’ son evidentes: disminución de las superficies verdes; privatización del espacio público; detrimento de la calidad del aire.
A ello se suma una composición vegetal de entre 80 y 90% de especies introducidas que según Gonzales Scheggia, no cumplen los parámetros adecuados para una ciudad de clima desértico donde los árboles plantados requieren de un alto consumo de agua.
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Ejemplos puntuales de esos proyectos son la Avenida La Molina en la que se talan 250 árboles que el ingeniero forestal señala como “centenarios”. Otro caso es el del barrio Santa Beatriz en el centro de Lima que hace poco fue intervenido con ampliaciones viales.
Sin embargo, los ciudadanos no se han quedado indiferentes ante la arremetida de políticas y acciones que menoscaban su calidad de vida y se ha unido para enfrentarlas.
Casos como el del parque Elías Aguirre y otro en la avenida Aramburu; se suman a las luchas contra bypass viales y la construcción de edificios como en el distrito de La Molina hace un par de años.
“Los vecinos de los barrios ha comenzado a constituir colectivos y comités de defensa”, explica el activista e ingeniero forestal que asesora legal y además técnicamente a los ciudadanos activos.
Por sus logros, los vecinos han sido llamados por la prensa ‘héroes’ y sus triunfos se han basado en dos estrategias: las legales con las denuncias ante las instituciones y la estrategia mediática en la que las protestas, plantones y marchas son las tácticas empleadas.
“Lo que ha sido interesante ahora con los vecinos es que se han dado cuenta que si defienden un área verde o espacio público, es para empezar a usarlo todo, así que ahora también la protesta es cultural y artística”, recalca Gonzales Scheggia.
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Precisamente ese proceso de empoderamiento para contrarrestar ese enfoque de gentrificación, de darle privilegios a los vehículos sobre las personas han generado la creación de los Comités de Defensa y Gestión de Parques que explica el activista, se han inscrito en el registro público para tener el mismo peso de las dirigencias vecinales que, denuncia, “en muchos barrios están asociados ya con las autoridades locales que aprueban e impulsan las obras”.
Una Ley que puede cambiar las cosas
En la actualidad en Lima se pueden privatizar al 100% los espacios públicos gracias la forma de las APP (Alianzas Público Privadas). Sin embargo; se trabaja en un proyecto de Ley de Espacio Público que es impulsado por la senadora Indira Huilca y que transformaría el panorama de detrimento espacial de los limeños.
La unión de una ciudadanía activa se está constituyendo, según el experto, en una plataforma de apoyo para la aprobación de la Ley que está enfocada en un 70% en las zonas verdes y que limitaría esa privatización al 15%; algo que cambiaría el rumbo de la gestión del territorio limeño, hoy en ruta de una ciudad no sostenible.
