Según la ONU, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda y solo el 10% acude a la policía.
La violencia sexual, que deja diariamente a 12 mujeres latinoamericanas y caribeñas muertas a manos de sus parejas, se convirtió en un foco de trabajo para los organismos de control, quienes trabajan para evitar que esos índices incrementen y aparezcan nuevas cifras que hablen de ciudades tolerantes y con cero índice homicida en las familias.
Para ello, el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF y la Fiscalía General de Colombia, aunarán esfuerzos para la puesta en marcha de una evaluación de impacto, por medio de la cual buscan fortalecer las capacidades institucionales en la investigación y procesamiento de delitos de violencia sexual.
Ya en un trabajo previo, la Fiscalía General de Colombia emitió una resolución en 2016 con la que se adoptó un nuevo protocolo de investigación y judicialización, esto con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en la investigación y procesamiento de delitos de violencia sexual.
Para implementarlo, fue diseñada una actividad de capacitación para los equipos de fiscales y de policía judicial en cada una de las 35 seccionales del territorio colombiano, con el objetivo de lograr asegurar el desarrollo de todos los pasos del proceso penal de la manera más expedita para lograr la judicialización de hechos de violencia sexual.
La iniciativa, buscaba por ejemplo frenar la cifra reportada durante el año anterior, cuando se contabilizaron en Colombia alrededor de 38 mil 500 denuncias de abuso sexual y solo el 8% resultó en condenas firmes por parte del sistema de justicia, hecho que implica que la gran mayoría de los eventos denunciados quedaron impunes.
Así, para poder conocer la efectividad de la implementación de este protocolo, la Fiscalía decidió realizar una evaluación de impacto en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, y entre los meses de octubre y diciembre 18 seccionales recibirán la capacitación inicialmente (haciendo las veces de grupo de tratamiento), mientras que el resto de las seccionales recibirán el protocolo seis meses después (a modo de grupo control).
Con esta estrategia de las entidades, serán medidas el número de denuncias recibidas, acusaciones, imputaciones y condenas a fin de comparar y poder determinar si la implementación del protocolo ayuda a que los casos puedan ser resueltos con mayor efectividad.
Con información del CAF.
